Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129031
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa oficial contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y concs., CPP según ley 14.647).
La Plata, 13 de diciembre de 2017.
La presente causa P. 129.031 RQ, caratulada: "Aranda, Josefina S/ Recurso de queja en causa N° 30.856 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, Sala II",
I. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, el 16 de marzo de 2017, declaró la inadmisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Josefina Aranda contra la sentencia de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, rechazó el carril de la especialidad contra el pronunciamiento del Juzgado de Paz Letrado de Florencio Varela que la condenó al pago de mil quinientos pesos de multa (más la tasa de integración administrativa equivalente a dieciséis pesos) y cinco días de clausura que se reducen a dos por la preventivamente impuesta, por considerarla responsable de la infracción al art. 6 de la ley 13.178 (v. fs. 21/24 vta.).
Para arribar a esta decisión, afirmó que las cuestiones federales referidas a la afectación del debido proceso, defensa en juicio, derecho al recurso y humanidad de las penas privativas de la libertad, no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesarias para superar los recaudos formales del art. 494 del Código Procesal Penal (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional).
En su apoyo, trajo a colación precedentes de esta Corte y de la nacional sobre arbitrariedad de sentencias.
Concluyó que no se demostró que en el caso estén involucradas de manera directa e inmediata las garantías constitucionales que alega.
II. La Defensora Oficial, doctora Mariana Yeregui, presentó queja (v. fs. 30/33).
Alegó que el Tribunal de Alzada no debió excederse en su juicio y que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debió concederse por cumplir con los presupuestos legales de admisibilidad. Puso de manifiesto que el caso encuadra en la última parte del art. 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 31/vta.).
Puntualizó que se denunció la violación de las garantías del debido proceso, derecho de defensa y humanización de las penas privativas de libertad por haberse impuesto una multa arbitraria que no respetó la exigencia de debida fundamentación (arts. 168 y 171, Constitución provincial; XVIII y XXV primer y tercer párrafos, DADDH; 10, 14.1. incs. “b” y “d”, PIDC y P; 1, 5 y 8 inc. 2. apdo. "c", "d" y "e", CADH; 18, Const. nac.; 40 y 41, Cod. Penal fs. 31 vta./32-).
Resaltó que el absurdo en la valoración de la prueba y el quebrantamiento de garantías constitucionales se demostró debidamente pues el monto de pena impuesto excedió el valor del injusto y la medida de culpabilidad (conf. arts. 40 y 41, Cód. Penal; fs. 32).
III. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis, CPP) ya que la defensa oficial no logró controvertir de manera eficaz la falta de suficiencia y carga técnica de las críticas de pretensa índole federal (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional).
Del punto II del presente, se advierte que la parte se limitó a efectuar una síntesis genérica y dogmática de los agravios llevados oportunamente en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1/16 vta.) sin vincularlos con lo debatido y resuelto en el caso (v. sentencia de Cámara a fs. 17/19 vta., en especial fs. 18 vta.), técnica infructuosa para remover la inadmisibilidad decretada.
En definitiva, no evidenció de qué manera las garantías constitucionales supuestamente afectadas se vincularían con los argumentos en base a los cuales el Tribunal de Alzada, luego de valorar la prueba producida y la normativa procesal aplicable al caso, estimó ajustado a derecho el pronunciamiento dictado por el Juzgado de Paz y rechazó las críticas en torno al monto de la sanción impuesta (v. fs. 17/19 vta.).
IV. Finalmente, la denuncia de exceso en la jurisdicción tampoco puede tener acogida favorable.
Es que el argumento central de la desestimación que la defensa no logró conmover- radica en la falta de aptitud técnica de los embates constitucionales, siendo este extremo parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs., CPP según ley 14.647; P.125.455, resol. de 13-V-2015, P.125.523, resol. de 20-V-2015, P. 125.506, resol. de 3-VI-2015, P. 125.630, resol. de 17-VI-2015, P. 125.577, resol. de 17-VI-2015, e.o.).
En definitiva, el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa oficial contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y concs., CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia