Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129346
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, por improcedente, la queja articulada por la defensa particular de Claudio Armando Sánchez, con costas (art. 486 bis del CPP).
2Declarar la inoficiosidad de la tarea profesional desarrollada por el doctor Juan Osvaldo Planes a los fines regulatorios (art. 30 dec-ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
La Plata, 13 de diciembre de 2017.
La presente causa P. 129.346-RQ, caratulada: "Sánchez, Claudio Armando s/ Recurso de queja en causa N° 30.388 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala III ",
I. De las copias aportadas por la parte se infiere que la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, por auto dictado el 29 de junio de 2017, en lo que interesa destacar, denegó el recurso extraordinario interpuesto por la defensa particular de Claudio Sánchez contra el decisorio por el que se mantuvo su condena a la pena de tres años de prisión u siete años de inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado y costas, por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de falsificación material e ideológica de documento público (un hecho) que concurren formalmente entre sí, en concurso ideal con fraude en perjuicio de la administración pública provincial y estos, a su vez, en concurso material con falsificación ideológica de documento público (tres hechos, en concurso real entre sí) -fs. 2-8 y 10-35-.
El a quo señaló -luego de poner de relieve que debería resolver la admisibilidad de los múltiples recursos presentados por el doctor Planes y desestimar la vía de casación articulada simultáneamente- que la impugnación se articuló de manera extemporánea (v. fs. 4 y vta.) y que aun sorteando dicho escollo el presentante no ha cumplido con las exigencias prescriptas en el art. 484 del Código Procesal Penal en la medida en que ni siquiera ha mencionado que recurso extraordinario es el que pretende incoar, cuando cada uno de ellos requiere una fundamentación específica (v. fs. 4 vta.-5).
A pesar de ello, seguidamente analizó si concurría en el caso los requisitos específicos requeridos por cada medio en particular, dando cuenta que el libelo no contiene alegación alguna en torno a los motivos previstos en el art. 491 para la vía de nulidad (v. fs. 5 y vta.) ni en el art. 489 para la de inconstitucionalidad (v. fs. 5 vta.-6). Y, en relación al de inaplicabilidad de ley afirmó que no dándose los recaudos previstos en el art. 494 en razón del monto de la pena fijado, la parte no ha planteado cuestión federal alguna que permita dejar de lado dichas limitaciones legales (v. fs. 6 vta.-7), explicitando que -además- la sentencia ya cuenta con doble conforme en los términos del art. 8.2.h Convención Americana Sobre Derechos Humanos (v. fs. 7).
II. El doctor Juan Osvaldo Planes, letrado defensor de Sánchez, dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 82-94 vta.).
Señaló que la decisión de la Cámara que obstruyó la admisibilidad del recurso de inaplicabilidad de ley configura la aplicación mecánica y automática del art. 494 del Código Procesal Penal de manera incompatible con los arts. 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, siendo falso que no haya logrado argumentar de forma acabada, concreta y fundada la existencia de circunstancias que permitan excepcionar los requisitos objetivos de tal norma (v. fs. 83).
Afirmó que no sólo ha adjudicado la arbitrariedad de la sentencia, sino que también alegó gravedad institucional y reclamó por la aplicación de los precedentes "Strada", "Di Mascio" y "Christou" (v. fs. 83 vta.-85 vta.).
Puso de relieve que en relación al recurso de nulidad la aplicación automática y mecánica del art. 491 del Código Procesal Penal y de las normas constitucionales locales han soslayado la aplicación de los estándares convencionales y el precedente "Mohamed" de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (v. fs. 88-91).
También enfatizó que en cuanto a la extemporaneidad que también se destacara en la resolución impugnada se omitió aplicar los arts. 434 y 435 del Código Procesal Penal y se aplicó erróneamente el art. 125 del mismo cuerpo legal (v. fs. 92-94).
III. La queja es marcadamente improcedente.
En efecto, los agravios expuestos por el autor de la presentación directa no controvierten el argumento basilar del rechazo, esto es que la articulación extraordinaria no ha cumplido con las exigencias prescriptas en el art. 484 del Código Procesal Penal en la medida en que ni siquiera ha mencionado que recurso extraordinario es el que pretende incoar, cuando cada uno de ellos requiere una fundamentación específica.
Ese déficit de por sí es suficiente para la desestimación de la queja.
IV. Además, el quejoso usando como estrategia la efectiva interposición de los medios de inaplicabilidad de ley y nulidad que claramente no fueron articulados en el escrito que desestimara la Cámara de San Isidro y soslayando que ha presentado en forma conjunta un recurso de casación contra el mismo decisorio (mecanismo inidóneo desde el principio de preclusión por consumación) puso de relieve de manera dogmática y generalizada presuntos yerros normativos del a quo cuando éste, en puridad, desplegó su actividad jurisdiccional intentando suplir las deficiencias del recurso en aras de garantizar el art. 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.
Así, en pos de esa revisión, y frente al monto de pena que no superaba las limitaciones de la recurribilidad objetiva, se afirmó jocundamente en el resolutorio que como no se había formalizado cuestión federal alguna para dejar de lado tales límites, el recurso de inaplicabilidad de ley resultaba inadmisible.
A ello se sumó, en el ámbito del recurso de nulidad, que la impugnación no contenía alegación que pueda incluirse en las causales del art. 491 del Código Procesal Penal
V. En consecuencia, en tanto la queja no ha logrado conmover los sólidos basamentos de la decisión atacada, recordando que el objeto de la misma es la resolución que desestima los recursos articulados y la finalidad estriba en la remoción de los obstáculos que impidieran su admisión, cabe desestimarla por lo expuesto precedentemente.
VI. Lo decidido precedentemente importa la declaración de inoficiosidad de la labor profesional de los letrados intervinientes.
En el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos.
Lo expuesto es atinente más allá que en la concreta situación de autos se arribe a tal temperamento aplicando el régimen anterior o la nueva regulación (vid. Art. 30 de ambas legislaciones).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, por improcedente, la queja articulada por la defensa particular de Claudio Armando Sánchez, con costas (art. 486 bis del CPP).
2. Declarar la inoficiosidad de la tarea profesional desarrollada por el doctor Juan Osvaldo Planes a los fines regulatorios (art. 30 dec-ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°2859
Fin de la sentencia