Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128743
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta por la defensa oficial a favor de Sergio Andrés Debus; con costas (art. 486 bis, CPP).
La Plata, 28 de febrero de 2018.
La presente causa P. 128.743-RQ, caratulada: "Debus, Sergio Andrés s/ Recurso de queja en causa N° 30.354 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, Sala II",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Quilmes, mediante el pronunciamiento del 29 de diciembre de 2016, desestimó por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado contra el fallo de dicho órgano jurisdiccional que confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional N° 3 departamental que había condenado a Sergio Andrés Debus a la pena de ocho meses de prisión de ejecución condicional, por resultar autor penalmente responsable del delito de amenazas simples (v. fs. 27/29 vta.).
Para así resolver, luego de hallar abastecidas las exigencias de los arts. 481 y 483 del Código Procesal Penal, entendió que no sucedía lo mismo en punto al remedio de inaplicabilidad de ley articulado, en virtud de la sanción impuesta a Debus.
A continuación, se abocó a analizar si mediaba algún planteo federal que permitiera sortear el mentado valladar, conforme lo fallado en "Strada", "Di Mascio" y "Christou" por la Corte nacional (v. fs. 27 vta.).
En esa tarea, identificó que "la defensa plantea gravedad institucional al considerar que la decisión atacada hace una interpretación dogmática y superficial de las previsiones de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Para), afectando así el derecho de igualdad ante la ley en el caso", manifestando -además- "defectos en la valoración y por ende en la motivación de la resolución haciendo que la misma deba ser revocada en tanto constata a su criterio una violación al art. 18 de la CN, art. 171 de la Constitución de la Pcia. de Buenos Aires, art. 8.2 de la CADH y 14 del PIDCP, que tornan la decisión en arbitraria por carecer de la motivación adecuada".
"Así las cosas y fijado el planteo federal", transcribió parcialmente lo dicho por esta Corte en la causa P. 112.461 y su acum. P. 112.541 en relación a que "[s]i bien los agravios traídos por el recurrente en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley relacionados por un lado con la oportunidad de la introducción de los planteos…; y en tanto involucran cuestiones federales, en aras de que esta instancia pueda constituir el tránsito adecuado para la posible interposición del recurso extraordinario federal, la consideración excepcional por esta Corte de tales planteos exige un minucioso análisis de las condiciones de admisibilidad a la eventual vía federal solicitada" (v. fs. 28 vta., cursiva en el original).
De seguido aludió al carácter restrictivo de la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias, con mención de diversos precedentes de este Tribunal sobre dichas cuestiones -v. fs. cit.-.
Subrayó que el objeto de la misma no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado.
Expuso que, en el caso, los agravios de la parte constituyen una crítica a lo resuelto, "por lo que no se evidencia que las respuestas brindadas por e[s]e Tribunal, en el caso, afecten la sentencia en su condición de acto jurisdiccional válido" (v. fs. 29).
Concluyó en que la parte no logró demostrar que se encuentre involucrada de manera directa e inmediata una cuestión federal que resulte apta para sortear los requisitos objetivos -v. fs. cit.-.
II. Contra lo así decidido, interpuso recurso de queja la señora Defensora Oficial ante la aludida instancia -doctora Silvia González- (v. fs. 35/40).
Se agravió de que el a quo obturó la vía extraordinaria sin sustanciar debidamente los motivos de su decisorio, "recurriendo a afirmaciones formales y dogmáticas omitiendo tratar la[s] cuestiones federales en juego".
Destacó que al momento de decidir "se limitó a efectuar una simple enumeración de las cuestiones federales presentadas y argumentadas (...) sin adentrarse en ninguna de ellas, y sin refutar ningún[o] de los planteos que componen sus agravios"; lo que implicó la vulneración del art. 486 del Código Procesal Penal que exige al Tribunal que examine la admisibilidad del recurso que refiere específicamente cuales son las circunstancias que motivan la denegatoria especificando las circunstancias que falten.
Apuntó que la Sala si bien mencionó los motivos de agravios ello representa una mera enunciación e individualización de la normativa referida en los agravios, "pero de ninguna manera implica una individualización de las cuestiones federales planteadas y el desarrollo de los motivos por los que lo[s] agravios no alcanzan los estándares necesarios para habilitar la instancia extraordinaria" (fs. 36 vta.).
Arguyó que el cúmulo de citas que no han sido vinculadas con los hechos de la causa o, al menos, a la argumentación de la defensa en su recurso, "también afecta el derecho al recurso".
Resaltó que dicha afectación se ve materializada en la imposibilidad de la defensa de conocer los motivos por los que el órgano jurisdiccional decidió restringir el ejercicio de sus derechos y que "esa imposibilidad de conocer los motivos de la resolución viola lo normado en el art. 8.2 apartado ‘h’ de la CADH y art. 14.5 del PIDCP, ya que resulta imposible agraviarse de aquellos razonamientos que resultan desconocidos por la parte".
De seguido, advirtió que al momento de interponer el recurso esgrimió diversos agravios de carácter federal: falta de logicidad, atacando la arbitrariedad de las valoraciones realizadas por los órganos jurisdiccionales que encontró sustento en una lógica falaz que a su vez vulneró pautas de valoración ordenadas por nuestro ordenamiento jurídico; encuadre de la situación fáctica dentro de los parámetros de violencia de género que impidió que el imputado accediera al beneficio de suspensión de juicio a prueba; y denegatoria de dicho beneficio por extemporáneo.
III. La queja es improcedente (art. 486 bis del CPP).
Tal como fuera reseñado en el apdo. I, el argumento basal por el cual se desestimó el recurso incoado radicó en la falta de relación directa e inmediata de una cuestión federal, en virtud de que los argumentos planteados para invocar la misma constituían "una crítica de lo resuelto" por la Cámara.
Frente a ello, la quejosa no ha logrado remover con eficacia dicho obstáculo formal.
En efecto, a los fines de controvertir el déficit que fundó el juicio negativo de admisibilidad, debía evidenciar que los embates esgrimidos en la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley (v. fs. 20/26) trascendían de una mera crítica a lo resuelto por el tribunal intermedio y -de tal modo- involucraban un planteo federal directo e inmediatamente vinculado con lo debatido y resuelto en el caso.
Lejos de ello, en la presentación directa se limitó a sostener que el auto denegatorio se respaldó en afirmaciones formales y dogmáticas, a reiterar las objeciones llevadas en el recurso cuya desestimación se cuestiona y a alegar genéricamente su cariz federal; técnica ineficaz a los fines indicados.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta por la defensa oficial a favor de Sergio Andrés Debus; con costas (art. 486 bis, CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia