Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128420
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedente- la queja articulada por la señora defensora oficial departamental a favor de Sergio Gabriel Pereyra, con costas (arts. 486 bis , CPP).
"PEREYRA, SERGIO GABRIEL S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 30.270 DE LA CAMARA DE APELACION Y GARANTIAS EN LO PENAL DE QUILMES, SALA I".
La Plata, 27 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.420-RQ, caratulada: "Pereyra, Sergio Gabriel s/ recurso de queja en causa N° 30.270 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, Sala I",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, mediante auto dictado el 18 de octubre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa oficial contra su propio decisorio que -rechazando la vía homónima- confirmó el decisorio del Juzgado en lo Correccional n° 2 departamental que -en el marco de un procedimiento abreviado- condenó a Sergio Gabriel Pereyra a la pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, e inhabilitación absoluta por el término de tres años, más costas del proceso, por resultar autor penalmente responsable del delito de falsedad ideológica de instrumento público, dos hechos, en concurso real (v. fs. 35/37).
Para así fallar, entendió que la vía se interpuso en tiempo y por parte legitimada. Agregó que, en lo demás, se incumplían las formas y exigencias prescriptas por la ley (v. fs. 35 vta.).
Advirtió incumplido el art. 495 del Código Procesal Penal por no hallarse glosada "la pertinente copia de la resolución que ataca". Sin perjuicio, destacó que la sentencia "no resulta recurrible en los términos del art. 494 del CPP" (fs. cit.). Ello, por hallarse incumplidas las exigencias de la norma ritual en atención al monto de pena impuesto a Pereyra. Agregó que, no obstante, correspondía abocarse al tratamiento del remedio, a tenor de la doctrina emergente de los precedentes "Strada" y "Di Mascio" del Máximo tribunal nacional en virtud a los planteos de índole federal (v. fs. cit. y vta.).
Razonó que el esbozo de la parte, en dicho marco, resultaba genérico "enumerando artículos que se habrían vulnerado", sin indicar concretamente el modo en que se conculcó la normativa constitucional, y cómo ello privó el ejercicio de derecho alguno. Concluyó en la desestimación de la cuestión introducida en los términos del art. 14 de la ley 48 (v. fs. 36 vta.). Reforzó lo expuesto con cita de precedentes de la Corte federal (v. fs. cit.).
II. Contra dicho decisorio se alzó en queja la señora defensora oficial a cargo de la UDP n° 15 departamental, doctora María Mercedes Bussola (v. fs. 43/46 vta.).
Detalló los antecedentes de la causa, especificando los embates llevados en cada instancia (v. fs. 44 y vta.).
De seguido, afirmó que "el recurso federal resulta ser procedente" (fs. 44 vta. in fine ).
Identificó la insuficiencia recursiva que le reprochó el auto por falta de adjunción de la copia del decisorio adverso, y opuso la falta de exigencia de dicha circunstancia por la norma ritual (v. fs. 44 vta./45).
A continuación, se ocupó de las limitaciones del carril escogido. Afirmó que, teniendo en cuenta dichas restricciones, se invocó la doctrina de la arbitrariedad, cuestionándose -en primer lugar- la desestimación del planteo de errónea aplicación del art. 293, en función del art. 298, del código fondal. Agregó que su crítica halló cimento en la falta de sustento lógico, en contradicción con el art. 210 del código adjetivo, y la razonabilidad dispuesta por el art. 1 de la Constitución nacional (v. fs. 45).
Explicó que -en segundo término- se tachó de arbitraria la individualización de la pena, en vulneración a la norma constitucional de cita. Ello, en atención al monto de pena impuesto -superior en seis meses el mínimo legal-, pese a no merituarse severizantes y sí un diminuente (v. fs. cit. y vta.).
Conforme lo expuesto, afirmó que el carril denegado configura la vía idónea para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, a fin del tránsito ante el Superior Tribunal -art. 14, ley 48- (v. fs. 45 vta.).
A párrafo contiguo, cuestionó la generalidad adjudicada al planteo federal. Afirmó que en función de lo argüido respecto a la insuficiencia por carencia de copias, y del contenido del libelo denegado, dimana con claridad "en uno y otro caso, el motivo por el que se ha incurrido en una arbitraria valoración de la prueba y de la pena", en franco quebranto al principio de razonabilidad -art. 1, Const. nac.- (v. fs. cit.).
Finalmente, señaló que el a quo incurrió en un genérico y sesgado análisis, que no abastece el estándar de debida fundamentación que la norma procesal señala -art. 486, en relación con el art. 484, ambos del código adjetivo- (v. fs. cit. in fine ).
III. La queja no prospera (art. 486 bis , CPP).
Conforme surge de lo reseñado en el apartado I, más allá de la incorrecta mención al art. 495 del código ritual, lo cierto es que el a quo obturó el acceso a esta Corte en virtud de la insuficiencia del planteo federal.
Frente a ello, el quejoso dirigió sus esfuerzos a enumerar los planteos que porta el carril extraordinario, lo que configura una técnica inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo (arts. 486 y 486 bis , CPP).
Por otra parte, tampoco tiene acogida el reproche en punto a que el órgano dictó un decisorio infundado, pues de la reseña de los antecedentes del caso se advierte que la resolución impugnada cuenta con la fundamentación suficiente que se le exige dentro de las facultades conferidas por el art. 486 del código de rito.
Por ello, esta Suprema Corte,
Rechazar -por improcedente- la queja articulada por la señora defensora oficial departamental a favor de Sergio Gabriel Pereyra, con costas (arts. 486 bis , CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°3095
Fin de la sentencia