Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128651
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la queja interpuesta a favor de Jorge Marcelo Coronel, con costas (art. 486 bis, CPP).
2Regular los honorarios profesionales correspondientes al doctor Héctor Marcelo Heredia en la suma de pesos … por su labor ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8904/77 y Acuerdos de esta Corte 3867 de 4-X-2017, y 3871 de 25-X-2017), a la que se adicionará el 10% de la ley 10.268.
"CORONEL, JORGE MARCELO S/ RECURSO DE QUEJA, EN CAUSA N° 31.110 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE MERCEDES, SALA II".
La Plata, 6 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.651-RQ, caratulada: "Coronel, Jorge Marcelo s/ Recurso de queja, en causa n° 31.110 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, Sala II",
I. La Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, el 13 de diciembre de 2016, declaró admisible el recurso de apelación incoado por la defensa técnica de Jorge Marcelo Coronel, y confirmó -parcialmente- la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 4 departamental que lo había condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, costas y el cumplimiento de determinadas reglas de conducta por el plazo de tres años, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública. En consecuencia, le impuso la sanción de tres años de prisión en suspenso, costas y el sometimiento a especiales reglas de conducta por igual período de tiempo (v. fs. 52/66).
II. Frente a ello, el encartado -junto a sus letrados patrocinantes- dedujeron recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 3/12 vta.), el que fue desestimado -por inadmisible- por la Sala interviniente, mediante el pronunciamiento dictado el 8 de febrero de 2017 (v. fs. 68/70).
III. Ante tal escenario, el señor Coronel y su Defensor Particular -doctor Héctor Marcelo Heredia- articularon recurso de queja (v. fs. 73/ 81).
En primer lugar, recordaron los antecedentes de la causa (v. fs. 73/74 vta.).
En cuanto a la fundabilidad del reclamo, sostuvieron que el remedio interpuesto tiene anclaje "en la garantía asegurada por el art. 8.2.h de la CADH". Asimismo, afirmaron que, en dicho marco, cobra relevancia la doctrina de la arbitrariedad y la irreparabilidad del perjuicio ocasionado a garantías constitucionales (v. fs. 74 vta.).
Esgrimieron que la vía de hecho es el "único medio impugnativo hábil, idóneo y legal" que les permitirá demostrar la carencia de fundamentación del decisorio en el tratamiento de la existencia del hecho en su exteriorización y la participación penal. Adunaron que, de igual modo, la queja constituye el instrumento exclusivo para el acceso de los reclamos a conocimiento de la Corte federal, a tenor de la doctrina sentada en los precedentes "Strada" y "Di Mascio" (v. fs. cit./75).
A continuación, expusieron que el a quo, sobre la base de fórmulas dogmáticas y genéricas, vulneró las reglas del debido proceso -arts. 18 de la Const. nac., 171 de su Par provincial y 106 del CPP- no sólo en lo referente al derecho al recurso, sino también en el "deber de motivación de los actos judiciales" (fs. 75).
En ese discurrir, entendieron que la enumeración efectuada por la Cámara respecto de los supuestos en que procede el recurso extraordinario de nulidad -art. 161, inc. 3, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y 491 del digesto adjetivo- "se exhibe y constituye, no sólo, como un supuesto de resolución arbitraria por exceso ritual manifiesto, sino como clara expresión de que los Señores Jueces (…) se arrogaron facultades que no les pertenecen" (fs. cit. vta.).
Alegaron que el tribunal revisor "se convirtió y erigió" en juez de su propia decisión, y transcribieron parcelas del auto denegatorio que -desde su óptica- constituyeron afirmaciones dogmáticas (v. fs. 76 y vta.).
En puridad, postularon que el a quo extralimitó su competencia en tanto, habiendo cesado su poder jurisdiccional, abordó el contenido de los planteos esbozados en el carril impugnativo, potestad reservada a esta Corte (v. fs. 77).
En lo sucesivo, refirieron a los embates llevados en el intento apelativo ordinario y resaltaron que allí se denunció la existencia de una cuestión federal suficiente. Igualmente, cuestionaron el encuadre del supuesto fáctico como constitutivo del hecho típico fraude en perjuicio de la administración pública, e insistieron en las críticas sobre la fundamentación del fallo y el exceso en el que incurrió la Cámara al desestimar la vía extraordinaria (v. fs. cit./80).
IV. La queja no prospera.
En efecto, el Tribunal de Alzada denegó el recurso extraordinario de nulidad con fundamento en que los agravios de la parte no encuadraban en ninguno de los supuestos previstos en el art. 491 del Código Procesal Penal. Así, sostuvo que si bien la defensa sindicó la afectación del art. 171 de la Constitución provincial, lo que en realidad buscaba era controvertir aspectos del fallo vinculados con el acierto de lo decidido, extremos ajenos a la vía escogida (v. fs. 68 vta./69 vta.).
V. De lo expuesto, no se advierte que -en el caso- el Tribunal intermedio haya excedido el juicio de admisibilidad que el art. 486 del digesto adjetivo le confiere.
Contrariamente a lo denunciado por la defensa, el a quo se ciñó a precisar que los agravios no fueron sustentados de conformidad con la normativa específica que rige al recurso extraordinario intentado, es decir, se limitó a verificar la alegación de un motivo que habilitase su admisibilidad -conf. art. 491, CPP-.
VI. Por lo demás, la defensa no logra controvertir eficazmente los argumentos que dieron sustento al juicio de admisibilidad negativo.
Ello pues, lejos de rebatir la conclusión arribada en la sede intermedia, insisten en los planteos desarrollados en la impugnación extraordinaria desentendiéndose de lo resuelto, lo que -per se- constituye una técnica inidónea a los fines de la presentación directa intentada.
En definitiva, no han logrado evidenciar que su ensayo -lejos de cuestionar el acierto o profundidad de la decisión- portara una denuncia concreta de ausencia de tratamiento de cuestiones esenciales, en los términos exigidos por la vía escogida (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Prov.; conf. doctr. Ac. 94.522, 12/VII/2006; Ac. 97.232, 13/XII/2006; Ac. 100.806, 16/IV/2008; Ac. 104.341, 25/II/2009; e.o.).
Finalmente, las denuncias de menoscabo de garantías constitucionales -debido proceso, defensa en juicio- así como la referencia al desarrollo de una cuestión de naturaleza federal de manera suficiente, reafirman que el remedio incoado no se estructuró de acuerdo a las prescripciones de los citados arts. 168 y 171 de la Constitución de la provincia y 491 del Código Procesal Penal.
En función de todo lo señalado, la tacha de arbitrariedad queda huérfana de sustento argumental.
VII. Sólo resta mencionar que, en el caso, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos(conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar la queja interpuesta a favor de Jorge Marcelo Coronel, con costas (art. 486 bis, CPP).
2. Regular los honorarios profesionales correspondientes al doctor Héctor Marcelo Heredia en la suma de pesos … por su labor ante esta instancia (art. 31, dec. ley 8904/77 y Acuerdos de esta Corte 3867 de 4-X-2017, y 3871 de 25-X-2017), a la que se adicionará el 10% de la ley 10.268.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD
Lucia Jofre
Subsecretaria
Fin de la sentencia