Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129114
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y concs., CPP según ley 14.647).
"OXARAN, JUAN CARLOS S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 31.109 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE MERCEDES, SALA I".
La Plata, 27 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 129.114-RQ, caratulada: "Oxaran, Juan Carlos s/ Recurso de Queja en causa n° 31.109 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, Sala I",
I. La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, e1 25 de marzo de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Juan Carlos Oxaran contra el pronunciamiento de dicho órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 4 de Mercedes que lo condenó a la pena de dos años y nueve meses de prisión de efectivo cumplimento, con costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma, daño y desobediencia en concurso real (v. fs. 49/51 vta.).
Para arribar a tal decisión, afirmó que no se cumplieron las exigencias del art. 494 del ritual y que las pretensas cuestiones federales no resultan aptas para superar tales limitaciones (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional).
Explicó que la denuncia de arbitrariedad vinculada con el derecho al recurso (conf. "Casal" y "Martínez Areco" del Máximo Tribunal nacional), violación de la presunción de inocencia, defensa en juicio, debido proceso, culpabilidad y legalidad, en rigor, sólo expresan un mero criterio divergente con el temperamento adoptado al confirmar el fallo de primera instancia. En su apoyo, recordó que el objeto de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia sentencias equivocadas sino cubrir defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa.
En lo que hace a la falta de audiencia de visu, trajo a colación la causa P. 123.206 de esta Corte y señaló que no se advierte el compromiso directo de derechos constitucionales (conf. "Maldonado", CSJN), que la defensa no indicó un perjuicio concreto y que tampoco solicitó la celebración de dicho acto ante la Cámara.
Por último, desestimó el pedido de inconstitucionalidad del art. 494 citado.
II. La defensora oficial, doctora María Fernanda Montero, dedujo queja (v. fs. 59/63).
Denunció que el Tribunal de Alzada se excedió en el juicio de admisibilidad (conf. art. 486, CPP fs. 59 vta.-).
De seguido, alegó que los agravios referidos al quebrantamiento del debido proceso, defensa en juicio y arbitrariedad se desestimaron dogmáticamente, incumpliendo con el deber de debida motivación, circunstancia que descalifica el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido (conf. arts. 106, CPP; 107, Const. prov. fs. 60-).
A continuación, afirmó que no existe prueba suficiente para afirmar la culpabilidad de su asistido por lo que la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo deben aplicarse al caso. Puntualizó que la concubina del encausado, Cyntia Lorena Leyes, declaró que el día del hecho él estaba con ella y que en el video aportado no se ve la cara del agresor (v. fs. 60 vta.).
Luego, manifestó que se planteó la errónea aplicación de la ley sustantiva pues el órgano revisor no cumplió con la manda del art. 41 inc. 2 in fine del Código Penal que obliga a celebrar la audiencia de visu, lo que afectó el derecho a ser oído y la inmediación (v. fs. 60 vta./61).
En cuanto al derecho al recurso (art. 8.2.h., CADH), citó el caso "Herrera Ulloa" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (v. fs. 61 vta./62).
Por último, en lo que respecta al modo en que a su entender debe interpretarse el art. 486 del ritual, mencionó el fallo "Schwab" de la Corte nacional en el que se resolvió que se vedó el acceso a la jurisdicción y destacó que el decisorio en crisis puede "llegar a vulnera la garantía constitucional del juez imparcial" pues efectuó una revisión de su propia sentencia (v. fs. 62 y vta.).
III. La queja es improcedente en tanto la defensa no logró remover de manera eficaz la falta de suficiencia y carga técnica necesaria con que a criterio del Tribunal de Casación Penal se desarrollaron los embates de pretensa índole federal (art. 486 bis, CPP).
III. 1. En efecto, la denuncia de exceso en la jurisdicción no puede prosperar. Cabe recordar que el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal temática sobre la que se expidió la Cámara- es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647; P.125.455, resol. del 13-V-2015, P. 125.523, resol. del 20-V-2015, P. 125.506, resol. del 3-VI-2015, P. 125.630, resol. del 17-VI-2015, P. 125.577, resol. del 17-VI-2015, e.o.).
En contra del reproche efectuado por la parte, surge evidente que el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo que habilitara su admisibilidad (v. punto I.).
Lo expuesto evidencia que la resolución en crisis cuenta con fundamentación suficiente que la deja a salvo de las críticas en torno a la falta de debida motivación (v. fs. 60).
III. 2. Descartadas las denuncias de exceso en la jurisdicción y falta de fundamentación, la parte no desarrolló ningún argumento eficaz para remover el obstáculo en base al cual se desestimó el remedio impugnativo (falta de carga técnica de las denuncias de pretensa índole constitucional).
Conforme se advierte de la reseña (v. punto II. del presente) la apelante se limitó a insistir en que los elementos de prueba, en particular, la declaración de Cyntia Lorena Reyes y el video incorporado a las actuaciones, no se valoraron de manera adecuada y concluyó que el plexo probatorio no resulta suficiente para arribar a la certeza que una condena requiere por lo que debió regir la garantía de presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo.
Dicha técnica resulta infructuosa en tanto la apelante no evidenció que tales críticas trascendieran de una mera opinión discrepante con el modo en que la Cámara valoró las testimoniales de cargo, de descargo, el video, las pericias psicológica y psiquiátrica, entre otros elementos de convicción para finalmente confirmar el fallo de primera instancia (v. sentencia a fs. 28/32 vta.).
En suma, no se demostró la relación directa e inmediata entre las argumentaciones expuestas en el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 44/48 vta.), las garantías constitucionales supuestamente afectadas y lo fallado por el Tribunal intermedio (v. fs. 28/32 vta.; arts. 14 y 15 de la ley 48; conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" op. cit.).
III. 3. Las argumentaciones en torno a la violación del art. 41 inc. 2 del Código Penal y a la supuesta obligación de esta Corte de analizar este tópico por tratarse de un agravio de ley sustantiva (v. fs. 60 vta.), no resisten el menor análisis pues al no haberse cumplido el recaudo del monto de la pena del art. 494 del ritual, este tipo de reclamos queda fuera del ámbito de conocimiento excepcional (conf. "Stada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional).
Más allá de ello, la parte tampoco hizo ningún esfuerzo por conmover las razones por los cuales la Cámara descartó dicho planteo desde la perspectiva federal, dejando incontrovertido este tramo de la decisión (v. resolución a fs. 51 y vta.).
III. 4. La denuncia de violación al art. 8.2.h. de la Convención Americana de Derechos Humanos, tampoco puede tener acogida favorable pues su desarrollo es dogmático y genérico, no guarda ninguna vinculación con lo debatido y resuelto en el caso (v. fs. 61 vta.).
III. 5. Finalmente, las alegaciones referidas a que la Cámara vulneró las garantías de acceso a la jurisdicción e imparcialidad judicial pues debió conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley en lugar de defender su propia sentencia (v. fs. 62), quedaron huérfanas de sustento argumental en función de lo resuelto en los puntos III. 1. y III. 2. del presente a los que corresponde remitirse en honor a la brevedad.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y concs., CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia