Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129538
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja articulada por el defensor oficial a favor de Jorge Luis Alcides Gutiérrez (art. 486 bis del Código Procesal Penal).
La Plata, 28 de febrero de 2018.
La presente causa P. 129.538-RQ, caratulada: "Gutiérrez, Jorge Luis Alcides s/ Recurso de queja en causa N° 31.675 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, Sala III".
I. La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, por auto dictado el 17 de agosto de 2017, desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa oficial contra la decisión por la que se confirmó la condena impuesta a Jorge Luis Alcides Gutiérrez como autor penalmente responsable del delito de coacción simple a la pena de dos años y un mes de prisión, de efectivo cumplimiento, y al pago de las costas del proceso (v. fs. 66-68).
II. El defensor oficial, doctor Agustín P.I. Muga, en representación de Gutiérrez, dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 79-82).
Señaló que la decisión desestimatoria del recurso es arbitraria al vedar el ejercicio de la garantía del art. 8.2.h Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y no poder acudir al tribunal superior para revisar la condena (v. fs. 79 vta.) como al afirmar dogmáticamente que no se encuentra demostrada la arbitrariedad del fallo que mantuvo la condena en contravención al art. 106 del Código Procesal Penal y al art. 18 de la Constitución nacional en cuanto a que se ha privado de los fundamentos suficientes para sustentarla, descalificándola como acto jurisdiccional válido (v. fs. 80 vta.-81).
Afirmó que la decisión del Tribunal de Alzada de considerar que no se encuentra configurada una cuestión federal, en tanto la defensa postuló que se vulneró el derecho de defensa en juicio, la legalidad procesal y el derecho a ser oído -al margen del art. 41 inc. 2 del Cód. Penal- es desacertada; también lo es la adjudicación de orfandad de argumentos para sustentarla al reseñar que ellos sólo representaban una opinión personal contraria al juicio del a quo (v. fs. 79 vta.-80).
Puso de relieve que al invocar el estándar que prevé la audiencia de visu como regla para garantizar el derecho del encausado a ser oído antes de que se lo condene, así como fijar que una decisión de esta trascendencia no sea tomada sin un mínimo de inmediación, se ha demostrado la afectación de garantías constitucionales y el concreto perjuicio que le acarreó a esa parte la transgresión denunciada (v. fs. 80 y vta.).
Advirtió sobre el apartamiento de la doctrina del caso "Casal" ya que no se agotó la revisión de lo que era posible revisar (v. fs. 81).
Expresó que también denunció la errónea aplicación del art. 149 bis, párrafo segundo, del Código Penal y la afectación de los principios de inocencia, defensa en juicio y debido proceso, merced a la absurda valoración de la prueba a efectos de establecer la responsabilidad penal de Gutiérrez en el hecho y a la errónea interpretación del art. 1 del Código Procesal Penal (v. fs. 81-82).
III. La queja no es de recibo.
En efecto, el auto que desestimó el recurso de inaplicabilidad de ley señaló que no reuniéndose los recaudos contemplados en el art. 494 del Código Procesal Penal, la vía impugnativa quedaría supérstite cuando se hubiere cuestionado de manera suficiente alguna cláusula constitucional aprehensiva de una típica cuestión federal, siendo que frente a idénticos planteos a los tratados -absurda valoración de la prueba- la defensa sólo ha expresado su opinión personal discrepante con lo resuelto (v. fs. 67) y que la petición de audiencia de visu previa al mantenimiento de su condena fue el fruto de una reflexión tardía al no haberla llevado en el recurso de apelación (v. fs. 67 vta.).
El autor de la queja redobla sus esfuerzos para demostrar la entidad de sus agravios, pero no opone argumentos dirimentes para remover el primero de los obstáculos que obstaran a la admisibilidad del reclamo y ni siquiera censura la motivación de lo decidido en lo vinculado a la tardía introducción del planteo sobre el derecho a ser oído.
Ello resulta suficiente para la desestimación de la queja.
IV. Lo tocante con la arbitrariedad del auto tampoco es de recibo.
El juicio efectuado satisface los parámetros previstos en el art. 486 del Código Procesal Penal al contener un iter lógico y una relación jurídica que sustenta la obturación de la vía de impugnación elegida.
La presentación directa, por otra parte, sólo esgrime planteos generales y dogmáticos para tildar de arbitrario el resolutorio, lo que no resulta suficiente para enervarlo como acto jurisdiccional válido.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja articulada por el defensor oficial a favor de Jorge Luis Alcides Gutiérrez (art. 486 bis del Código Procesal Penal).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia