Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128252
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedente- la queja interpuesta por la defensa oficial a favor de José Conrado Cartolano Gómez, con costas (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del CPP).
“CARTOLANO GÓMEZ , JOSÉ CONRADO S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 31.045-3 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE MERCEDES, SALA III”.
La Plata, 20 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 128.252-RQ, caratulada: “Cartolano Gómez José Conrado s/ Recurso de queja en causa N° 31.045-3 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal de Mercedes, Sala III”,
1. Según se desprende de las copias aportadas por la parte, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, mediante auto dictado el 28 de octubre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa oficial contra la decisión del mentado órgano por la cual confirmó parcialmente el fallo del Juzgado en lo Correccional N° 2 departamental que revocó la condicionalidad de la pena impuesta anteriormente a José Conrado Cartolano Gómez y lo condenó a la pena única de un año y seis meses de prisión -de cumplimiento efectivo- con deducción del encierro preventivo sufrido e inhabilitación especial para conducir vehículos automotores por el lapso mencionado, y costas, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública (causa n° 2281-2015-5295), y por la autoría de los delitos de lesiones culposas agravadas por la conducción negligente, imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor y desobediencia en concurso real (causa n° 2393/14-2246). En consecuencia, la Alzada razonó que -en atención al acuerdo de partes- la pena en causa n° 2281-2015-2095 debe fijarse en un año y tres meses de prisión, manteniendo las restantes disposiciones del resolutorio de origen (fs. 46/48 y fs.25/29).
2. Contra el mentado decisorio, el defensor oficial departamental -doctor Agustín P. I. Muga- interpuso queja en los términos del art. 486 bis del CPP (fs. 54/57 vta.).
Tachó de arbitrario el auto denegatorio y denunció que se vedó a quien asiste del acceso a la garantía receptada en el art. 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCyP, por obturarse acudir a un Tribunal superior a los fines de que se revise su condena (fs. 54 vta. in fine).
Adjetivó de carente de fundamentación al decisorio en crisis respecto a la falta de configuración de la cuestión federal (fs. cit./55).
Recordó que en la vía extraordinaria se denunció el quebranto a las garantías de defensa en juicio, legalidad, y el derecho a ser oído -art. 18 de la CN-, por proceder el superior al margen del art. 41 inciso segundo in fine del ritual, con cita en los fallos “Maldonado” y “Garrone” de la Corte federal (fs. 55).
Consideró que la cuestión federal se encuentra configurada por el alcance de la normativa internacional y nacional precitada, en los términos del art. 14 inciso 3° de la ley 48 (fs. cit.).
Advirtió que las causales de arbitrariedad llevadas ante el revisor resultan acordes con los criterios de la Corte federal, y consideró que el tratamiento dado constituye una “afirmación dogmática que omite la consideración de los planteos efectuados”; en franco incumplimiento del deber de motivación de las sentencias judiciales -art. 106 del código ritual- (fs. 55 vta.).
Agregó, que la arbitrariedad queda configurada al quedar sin respuesta su planteo -cfr. “Bassi Parides” de la CSJN- (fs. cit. in fine). En dicho razonar, esgrimió que la denegatoria de la vía se aparta del máximo esfuerzo en la revisión, conforme los lineamientos del Fallo “Casal” del Máximo tribunal (fs. cit./56).
Confrontó con la extemporaneidad y la carencia de argumentación señaladas por el decisorio, y afirmó que el agravio surge “recién con la intervención de la Cámara” (fs. 56 in fine). Denunció que dicho proceder le ocasionó a José Conrado Cartolano Gómez un agravio de imposible reparación ulterior (fs. 56 vta.).
Trajo a colación lo fallado en “Strada”, “Di Mascio”, “Di Nunzio” y “Martino” por la Corte federal, y el art. 31 de la CN, y esgrimió que el trámite ante los tribunales revisores ha sido entendido como “parte integrante del debido proceso y la defensa en juicio” (fs. 57).
Bregó por la admisión de la queja en trato y remarcó que se encuentra en juego la libertad del imputado (fs. 57).
3. La queja es improcedente.
a. En efecto, el órgano mencionó que si bien la vía prevista en el art. 494 del CPP ha sido interpuesta contra una sentencia condenatoria inferior a los diez años, “quedaría supérstite cuando se hubiera cuestionado de manera suficiente alguna cláusula constitucional aprehensiva de una típica cuestión federal” (fs. 49). Adunó que -en el caso- la formulada por la parte no posee entidad suficiente para traspasar el valladar referenciado en tanto el recurrente “se limitó a expresar su opinión personal contraria a lo resuelto, sin adunarle ningún fundamento que evidencia la violación a las garantías constitucionales invocadas”. En refuerzo, citó diversos precedentes de esta Suprema Corte (fs. 49 vta.).
A continuación, abordó el planteo referido a la falta de audiencia de visu. Desestimó el mismo por “su vinculación con cuestiones típicamente procesales sin evidenciarse adecuadamente el compromiso de garantías constitucionales, sumado a la ausencia de un señalamiento concreto de gravamen o perjuicio que la omisión le acarrea a la parte”, en consonancia con lo fallado por esta Suprema Corte en P. 123.206 (fs. cit.). Aludió, además, que el presente no reúne la exigencia temporal para esgrimir agravios de la naturaleza indicada (fs. cit. in fine).
Concluyó en la insuficiencia del planteo federal como obstáculo para la admisibilidad de la vía, por lo que descartó la inconstitucionalidad de la norma adjetiva -art. 494 del CPP- (fs. cit./50).
b. De lo reseñado, se advierte que la parte omitió refutar de modo concreto y razonado la declaración de inadmisibilidad de la vía extraordinaria.
De ese modo, no logró remover el obstáculo formal vinculado con la falta de aptitud y carga técnica en el planteo de las pretensas cuestiones federales, limitándose a reiterar que se encuentra configurada una cuestión de tal naturaleza.
En definitiva, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (cfr. arts. 486 y 486 bis del CPP).
4. La denuncia de falta de motivación del auto adverso tampoco prospera, en tanto de lo reseñado en el acápite 3.a. surge que el órgano intermedio cumplimentó el deber de fundamentación específico que le impone el art. 486 del digesto adjetivo (cfr. ley 14.647).
5. En virtud de lo expuesto, la tacha de arbitrariedad queda huérfana de sustento.
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar -por improcedente- la queja interpuesta por la defensa oficial a favor de José Conrado Cartolano Gómez, con costas (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia