Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129066
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa oficial contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y concs., CPP según ley 14.647).
"SANABRIA ARGUELLO, CELSA S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 31.291 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE QUILMES, SALA II".
La Plata, 20 de diciembre de 2017.
La presente causa P. 129.066 RQ, caratulada: "Sanabria Arguello, Celsa S/ Recurso de queja en causa n° 31.291 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, Sala II",
I. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Quilmes, el 16 de mayo de 2017, declaró la inadmisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Celsa Sanabria Arguello contra la sentencia de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la decisión de primera instancia que la condenó al pago de mil pesos de multa, más la integración del sellado provincial de la tasa de actuación administrativa equivalente a dieciséis pesos y a cinco días de clausura que se reducen a dos por la preventivamente impuesta, por considerarla autora de la infracción al art. 6 de la ley 13.178 (v. fs. 25/29 vta.).
Para arribar a esta resolución, afirmó que las cuestiones federales referidas a la afectación del debido proceso, defensa en juicio, derecho al recurso, humanidad de las penas privativas de la libertad y arbitrariedad por fundamentación aparente, no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesarias para superar los recaudos formales del art. 494 del Código Procesal Penal (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional).
En su apoyo, trajo a colación precedentes de esta Corte y de la nacional sobre arbitraridad de sentencias.
Concluyó que no se demostró que en el caso estuvieran involucradas de manera directa e inmediata las garantías constitucionales que alega.
II. La defensora oficial, doctora Mariana Yeregui, presentó queja (v. fs. 30/33 vta.).
Alegó que el Tribunal de Alzada no debió excederse en su juicio y que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debió concederse por cumplir con los presupuestos legales de admisibilidad. Puso de manifiesto que el caso encuadra en la última parte del art. 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 31 vta./32).
Puntualizó que se tildó de arbitrario el fallo de Cámara por contener fundamentación aparente y se denunció la violación de las garantías del debido proceso, derecho de defensa y humanización de las penas privativas de libertad por haberse impuesto una multa arbitraria que no respetó la exigencia de debida fundamentación (arts. 168 y 171, Constitución provincial; XVIII y XXV primer y tercer párrafos, DADDH; 10, 14.1. incs. "b" y "d", PIDC y P; 1, 5 y 8 inc. 2. apartado "c", "d" y "e", CADH; 18, Const. nac. fs. 32-).
Resaltó que el absurdo en la valoración de la prueba y el quebrantamiento de garantías constitucionales se demostró debidamente pues el monto de pena impuesto excedió el valor del injusto y la medida de culpabilidad (conf. arts. 40 y 41, Cód. Penal; fs. 32).
Concluyó que la sentencia del Tribunal de Alzada que confirmó la de primera instancia no resulta lógica ni razonada y quebrantó las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba (v. fs. 33).
III. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis, CPP).
III. 1. La denuncia de exceso en la jurisdicción no puede tener acogida favorable.
Tal cual surge del punto I., el argumento que dio sustento a la inadmisibilidad dictada por el a quo radica en la falta de aptitud técnica necesaria de las críticas de pretensa índole constitucional, siendo éste extremo parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. arts. 483, 486, 486 bis y concs., CPP según ley 14.647; P.125.455, res. del 13-V-2015, P. 125.523, res. del 20-V-2015, P. 125.506, res. del 3-VI-2015, P. 125.630, res. del 17-VI-2015, P. 125.577, res. del 17-VI-2015, e.o.).
En definitiva, el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilitara su concesión.
III. 2. Por último, la defensa oficial tampoco logró controvertir de manera eficaz la falta de suficiencia y carga técnica de las críticas de pretensa índole federal (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional).
En efecto, se limitó a efectuar una síntesis genérica y dogmática de los agravios llevados oportunamente en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1/23 vta.), técnica infructuosa para conmover la suerte de lo decidido.
Para más, ni siquiera adjuntó copias de la sentencia de Cámara que confirmó la sanción impuesta en primera instancia, a pesar de ser ésta una pieza útil y necesaria para -eventualmente- evidenciar que los agravios de pretenso cariz federal guardaban una vinculación directa e inmediata con lo allí fallado (conf. 486 bis, CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa oficial contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y concs., CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia