Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128295
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, por improcedente, la queja articulada por la Defensora Oficial departamental a favor de Antony Carlos Magno Pacheco, con costas (arts. 486 bis según ley 14.647- y concs. del CPP).
"PACHECHO, ANTONY CARLOS MAGNO S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 3.173 DE LA CAMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL, SALA I, DE LOMAS DE ZAMORA".
La Plata, 22 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 128.295-RQ, caratulada: "Pacheco, Antony Carlos Magno s/ recurso de queja en causa n° 3.173 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, sala I, de Lomas de Zamora",
I. La Sala Primera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, mediante auto dictado el 27 de octubre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa oficial de Antony Carlos o Carlo- Magno Pacheco contra el decisorio del mentado órgano por el cual confirmó el fallo del Juzgado en lo Correccional n° 8 departamental que lo condenó a quince (15) días de prisión de efectivo cumplimiento, y costas, por la autoría penalmente responsable del delito de resistencia a la autoridad (v. fs. 21/23).
II. En objeción a lo resuelto, la señora defensora oficial de la UDP n° 2 de Lomas de Zamora Susana Dvoskin- presentó recurso de queja (v. fs. 30/37).
Mencionó que se incurrió en denegación de justicia. Explicó que desde el comienzo de la etapa recursiva se vulneraron diversas garantías constitucionales, coartándose la revisión peticionada, en quebranto específicamente- de la garantía del debido proceso y la defensa en juicio. Halló configurado un supuesto de gravedad institucional (v. fs. 33).
Sindicó que el auto desestimatorio incurrió en exceso ritual manifiesto, en transgresión al derecho a la revisión de la sentencia arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 8.2.h, CADH; 14.5, PIDCP; y 11 y 15 de la Const. provincial-. Trajo a colación lo fallado en "Giroldi" por la Corte federal, y puntualizó en la garantía de la doble instancia (v. fs. 33 vta.).
Discurrió sobre la exégesis que debe darse a las normas convencionales precitadas, con mención a lo resuelto en "Castillo Petruzzi" por la Corte IDH y en "Gómez Vázquez" por el Comité de DDHH (v. fs. 34 y vta.). Coligió en una interpretación y aplicación de normas procesales "de modo tal de permitir la revisión sencilla de lo resuelto" art. 26 de la Convención de Viena- (v. fs. 34 vta. in fine).
Cuestionó la normativa citada a los fines de la desestimación por entender que "desemboca en exceso de ritualismo" y que le provoca a quien asiste un perjuicio de tardía e insuficiente reparación ulterior (v. fs. 35 in fine y vta.).
Concluyó en la arbitrariedad de la resolución en crisis, por apartarse de la verdad jurídica objetiva y las constancias de la causa, que "no satisface la exigencia de constituir una derivación razonada del derecho vigente" (fs. 35 vta.).
Reiteró los quebrantos constitucionales y peticionó a esta Corte que haga lugar a la queja a los fines de "reparar y hacer efectivo el derecho a la revisión judicial de lo resuelto" (v. fs. 36 y vta.).
III. La queja deducida es improcedente (art. 486 bis, CPP).
1. Es que al tratar el carril interpuesto la Cámara, luego de señalar las exigencias del art. 494 del Código Procesal Penal, advirtió que la parte "exclusivamente" fundó sus agravios en la valoración de la prueba testimonial efectuada por los órganos de previa intervención, limitándose a exponer una "opinión personal distinta sobre la misma", lo que agregó- no constituye un medio de cuestionamiento idóneo (v. fs. 21 vta./22). En ese marco, citó lo fallado por esta Suprema Corte en P.108.624 (v. fs. 22).
Para concluir, entendió que la petición de inconstitucionalidad de la norma procesal no merecía tratamiento, en tanto la limitación de la pena impuesta no configuró el motivo obturante de la vía (v. fs. cit. in fine).
2. Identificadas las razones que cimentaron el juicio de admisibilidad negativo, el impugnante, lejos de controvertir lo allí plasmado conf. surge del apdo. II-, dirigió sus esfuerzos a efectuar diversas alegaciones sobre la vulneración a garantías constitucionales en particular el derecho a la revisión de la sentencia- de manera dogmática y genérica, sin anclaje específico al caso.
En función de lo indicado, queda sin sustento también- la tacha de arbitrariedad que intentó endilgarle al decisorio en crisis.
Lo expuesto sella la suerte adversa de la queja (art. 486 bis, CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar, por improcedente, la queja articulada por la Defensora Oficial departamental a favor de Antony Carlos Magno Pacheco, con costas (arts. 486 bis según ley 14.647- y concs. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia