Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129252
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la queja interpuesta por la defensa particular de Hugo Daniel Mansilla (art. 486 bis C.P.P., según ley 14.647).
2Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
P. 129.252-RQ - “Mansilla, Hugo Daniel s/ Recurso de queja en causa N° 32.519 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul”.-
///Plata, 13 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 129.252-RQ, caratulada: “Mansilla, Hugo Daniel s/ Recurso de queja en causa N° 32.519 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul”,
1. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, merced a la resolución dictada el 21 de junio de 2017, denegó por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa particular de Hugo Daniel Mansilla contra el auto de dicha Alzada mediante el cual se dispuso dar inicio a la ejecución de la pena del nombrado y la formación de incidente a fin del tratamiento de las peticiones formuladas por el señor Defensor Oficial ante el Tribunal de Casación Penal (fs. 22/23 vta.).
2. El doctor Paolo Lamoure, letrado particular de Mansilla, interpuso queja por recurso extraordinario desestimado en los términos del art. 486 bis del C.P.P., según ley 14.647 (fs. 55/63).
Como primer motivo de agravio señaló que la decisión del a quo incurre en un exceso al ejercer el control de admisibilidad al ingresar en el mérito de los fundamentos del recurso y considerarlos insuficientes o carentes de entidad para conmover la motivación del fallo impugnado, por lo que el Tribunal recurrido se convierte en magistrado de la existencia misma o no de la arbitrariedad que a ese mismo órgano se le adjudicó. Ello comprometería la inviolabilidad de la defensa en juicio y la imparcialidad. Invocó los precedentes P. 125.549, res. 29/XII/2015 y P. 126.219, res. 16/XII/2015 y puso de relieve que la respuesta dada constituye un argumento meramente dogmático y aparente que no se corresponde con el recurso interpuesto y ha desbordado el control de admisibilidad que le cabe de acuerdo al art. 486 del C.P.P. (fs. 58 vta./60).
El segundo motivo de censura se centró en lo dogmático del juicio negativo de admisibilidad efectuado, el que se ve desvinculado de los fundamentos del recurso interpuesto. Afirmó que en el mismo se denunció que se ha ordenado la ejecución de las penas impuestas en la sentencia condenatoria no firme, al encontrarse pendiente de tratamiento y resolución el recurso in forma pauperis deducido contra la sentencia de esta Corte y que ello generaría una cuestión federal a partir de la inteligencia de los arts. 18 C.N., 8.1. y 8.2. CADH y 14 PIDCyP y la inobservancia de los arts. 432 y 433 del C.P.P. (fs. 60 y vta.). Sostuvo que -a contrario de lo dispuesto por la Cámara de Azul- la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido las presentaciones in pauperis aun cuando los imputados no se encuentren privados de la libertad (fs. 30 vta.). Expresó que la defensa no ha recabado un “desistimiento expreso” por parte del encausado si pretendía no recurrir el fallo (fs. 61) y, además, que no ha mediado pronunciamiento jurisdiccional de esta Suprema Corte luego del traslado conferido al Defensor Público sobre el recurso promovido por Mansilla aunque se sostenga que la expresión apelo del imputado no constituía un recurso en sí mismo, incumpliéndose los arts. 433 y 432 del ordenamiento de forma (fs. 61/62). Reclamó, como corolario, la nulidad de la resolución impugnada y la radicación de la causa ante estos estrados para que se emita pronunciamiento frente al recurso oportunamente interpuesto (fs. 62 y vta.).
3. La queja debe ser desestimada por improcedente.
Más allá de si por la terminología empleada por el a quo para motivar el juicio negativo de admisibilidad se pudiera entender que ha avanzado en el examen de la procedencia del recurso, lo cierto es que la defensa particular no ha podido socavar los lineamientos desarrollados para cimentar dicha denegación.
En efecto, entre otros argumentos, la Cámara de Azul puso de manifiesto que se había garantizado la doble conformidad judicial sobre la decisión sobre la firmeza del fallo por lo que no resultaría determinante la intervención de esta Corte en la cuestión al haberse garantizado el art. 8.2.h de la C.A.D.H. (fs. 22 vta.) y que, en el marco de la arbitrariedad endilgada al fallo, al hallarse el imputado en libertad al momento de ser notificado de la resolución que desestimara por inadmisible la queja interpuesta por la defensa oficial no tenía impedimento alguno para tomar contacto con la defensa y, en caso de no compartir su criterio, designar un abogado de su confianza, siendo que tal doctrina no tiene por objeto corregir fallos que pudieren resultar equivocados sino los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado (fs. 23 y vta.).
Esos aspectos -suficientes de por si para sustentar el fallo- no han sido abordados en la queja, ya que la parcializada referencia de un criterio de la Corte federal sobre la posibilidad de articular recursos in forma pauperis a los imputados no detenidos, en primer lugar, no ha sido esbozada desde la perspectiva de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias, y –por otra parte- sólo representan un criterio divergente a la posición contraria sostenida en el juicio negativo con respaldo en precedentes del mismo tribunal, sin hacerse cargo de la diferencias existentes entre la presentación de un recurso de las características descriptas y la manifestación de una vocación recursiva consistente en la introducción de la locución “apelo” en el momento de su notificación personal, como también ha sostenido el a quo.
Por último, es del caso resaltar que las manifestaciones efectuadas en torno a la interpretación de los arts. 432 y 433 del C.P.P., amén no incluirse en los motivos de recurribilidad objetiva previstos en el art. 494 del C.P.P., no guardan relación directa e inmediata con lo efectivamente debatido y resuelto en el caso (art. 15 ley 48).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar la queja interpuesta por la defensa particular de Hugo Daniel Mansilla (art. 486 bis C.P.P., según ley 14.647).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia