Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127003
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir -parcialmente- la queja interpuesta y declarar mal denegado el recurso extraordinario de nulidad intentado (arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
2Rechazar, por improcedente, el remedio previsto en el art. 491 del C.P.P.; con costas (art. 493 C.P.P., 31 bis ley 5827).
3Rechazar, por improcedente, la queja deducida frente a la parcela que denegó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; con costas (art. 486 bis del C.P.P.).
4Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desarrollada ante ésta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77).
P. 127.003-RQ - “Jugón, Natalio Alberto s/ Recurso de queja, en causa n° 33.826 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul”.
///Plata, 21 de junio de 2017.-
La presente causa P. 127.003-RQ, caratulada: “Jugón, Natalio Alberto s/ Recurso de queja, en causa n° 33.826 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul”,
I. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, mediante el pronunciamiento dictado el 31 de marzo de 2016, denegó -por inadmisibles- los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley incoados por la defensa técnica de Natalio Alberto Jugón, contra la decisión de esa Alzada que confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 2 departamental que lo condenó a la pena única de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, comprensiva de la sanción de dos meses de prisión a cumplir impuesta al nombrado en el marco de la causa n° 4056 de ese órgano, por el delito de lesiones leves, y de la fijada por el Tribunal en lo Criminal n° 1 de Tandil -causa n° 4747- de tres años de prisión en suspenso, en orden a los ilícitos de robo agravado por ser cometido en despoblado y estelionato, en concurso real (fs. 49/51).
II. Ante tal escenario, el señor Defensor Particular -doctor Germán Horacio Vena- articuló recurso de queja (fs. 52/65).
Luego de referirse a los antecedentes de la impugnación, denunció que el Tribunal intermedio vulneró el derecho que le asiste al imputado a ser juzgado por un juez independiente e imparcial. Adujo que si bien es cierto que el art. 486 del C.P.P. faculta al mismo órgano que dictó la resolución recurrida a analizar la admisibilidad del recurso, “no menos cierto es que el análisis que dicho tribunal realice del recurso interpuesto no puede dirigirse a analizar [e]l fondo de la cuestión planteada, toda vez que carece de la imparcialidad necesaria para realizar dicho tratamiento, y solamente podrá hacer un análisis de las formalidades del recurso, pues de lo contrario violaría el mentado principio constitucional” (fs. 57 y vta.).
En sustento de ello, trajo a colación el precedente “Llerena” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otros (fs. 58 vta./59 vta.).
Desde otra arista, tildó de arbitrario al resolutorio intermedio, en tanto desconoció el planteo de inconstitucionalidad esbozado por la defensa con respecto a las limitaciones objetivas de recurribilidad previstas en el art. 494 del digesto adjetivo (fs. 59 vta.).
En ese derrotero, arguyó -en puridad- que, de conformidad con la doctrina sentada por la Corte federal in re “Strada” y “Di Mascio”, debió declararse formalmente admisible el carril intentado y otorgar tratamiento a las cuestiones federales esgrimidas, vinculadas con la afectación al debido proceso y la defensa en juicio (fs. cit./64).
Finalmente, luego que señaló que la sede revisora “se [limitó] a decir que e[s]a parte no [hizo] más que discrepar con lo decidido por ella, pero que no aduce omisiones o desaciertos de gravedad extrema por cuya causa quede descalificada [la decisión] como acto jurisdiccional”, razonó que “no es justamente la Cámara la que debe decidir tales extremos (…) reservado[s] a la Suprema Corte” (fs. 64).
III. La queja prospera parcialmente.
IV. En efecto, asiste razón al recurrente en cuanto a la crítica dirigida contra la parcela del auto que denegó el remedio contemplado en el art. 491 del C.P.P.
a. Ocurre que la alzada, luego de recordar los supuestos en que procede el canal intentado y entender que la defensa cimentó su embate en la omisión de tratamiento de una cuestión esencial, realizó consideraciones que traspasaron el análisis de admisibilidad que el art. 486 del digesto de forma colocó en su cabeza, inmiscuyéndose en la procedencia del reclamo. Y, como bien indicó la parte, ello se encuentra reservado a este alto Tribunal (cfe. P. 125.532, Res. del 20/V/2015; P.125.630, res. del 17/VI/2015; P.125. 632, res. del 6/VII/2015; P.125.376, res. del 14/X/2015, e/o).
Así, la Cámara señaló que “[d]e los propios términos de la presentación se extrae que éste Tribunal no dejó de tratar ninguno de los agravios oportunamente invocados por el recurrente pues (…) la propia defensa aduce que su queja estiba en lo que considera la falta de un análisis profundo, no en su ausencia”. Agregó “que no ha habido omisión de tratamiento es fácilmente determinable mediante el cotejo de los temas propuestos y aquellos que fueran resueltos de manera explícita o por hallarse implícitamente contenidos en otros”; recordó las críticas esbozadas en el remedio apelativo y concluyó que “tales puntos -con prescindencia del acierto u hondura reclamada- fueron específicamente tratados en los apartados 2, 3, 4 y 5 de la mencionada sentencia de es[e] Tribunal” (v. fs. 49 vta./50).
De lo reseñado, se advierte que el a quo -como se anticipó- invadió el juicio de fundabilidad que corresponde a ésta Corte como juez del recurso, por lo que el remedio extraordinario de nulidad debe declararse mal denegado.
b. Sentado lo anterior, cabe recordar que la vía prevista en el art. 491 del C.P.P. sólo puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento en la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces, o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, cfe. doct. Ac. 94.522, 12/VII/2006; Ac. 97.232, 13/XII/2008; Ac. 104.341, 25/II/2009; P. 111.852, 6/X/2010; P. 108.471, 6/VI/2011; P. 111.942, 11/VII/2012; P. 113.508, 14/IV/2013, e.o.).
c. Conforme lo expuesto, en el caso se hallan reunidos los requisitos de admisibilidad de los arts. 482, 483 y 491 del Código Procesal Penal, por lo que corresponde admitir el remedio incoado y analizar -sin más- su procedencia, toda vez que resulta de aplicación el mecanismo contemplado en el art. 31 bis de la ley 5827.
d. En el recurso de apelación, la defensa esgrimió que no se halló probado el hecho en su exteriorización material ni la autoría/participación de su asistido en el mismo, que no se comprobó de modo fehaciente que Jugón tuviera una condena anterior y, finalmente, que el monto punitivo impuesto resultó excesivo (v. fs. 13/23 vta.).
Ante ello, la Cámara -en lo relativo al evento disvalioso y la autoría del encartado- expresó su conformidad con el criterio del sentenciante para arribar a su convicción. En esa tesitura, indicó que las declaraciones testimoniales y el informe oral que reconoció la historia clínica “son elementos de prueba más que suficientes para tener por ciertos los extremos en tratamiento”, a lo que agregó que el razonamiento del a quo “no presenta fisuras lógicas” respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que acreditan la autoría de Jugón en el hecho. Asimismo, frente al embate defensista sobre las diferencias existentes en las declaraciones de la víctima, coligió que -en rigor- dos de ellas “se han mantenido inalterables en sus aspectos neurálgicos” y las disimilitudes alegadas “lo son sobre puntos menores (…) producto de la manera en que fueron expresadas o asentadas en las actas”. Añadió a tal solución la deposición realizada por Juan Pablo Gallo, la cual desarticuló la versión de la defensa tendiente al actuar imprudente del propio damnificado en la lesión que sufrió (fs. 25/26).
Por otra parte, con respecto a la crítica esbozada ante la condena anterior que registra al encartado, remarcó que la postura de la defensa no logra prosperar, en tanto -claramente- de las constancias de autos se desprende que ante la omisión de adjunción de las fichas dactiloscópicas por parte del Tribunal en lo Criminal de Tandil, lo que no pudo confirmarse es la existencia de la condena anterior, mas no que lo informado obedezca a falta de correspondencia entre las registradas en ese órgano a nombre de Jugón y las enviadas en el marco de la presente causa. Tampoco halló exacto el intento vinculado a las disímiles fechas de nacimiento del encausado, toda vez que la aportada por el mismo al prestar declaración en estas actuaciones resulta conteste con la detallada en la parte resolutiva de la sentencia del tribunal de Tandil. Idéntica solución afirmó respecto de la coincidencia de números de causa existente entre el informe de antecedentes Policiales Bonaerense y la sentencia de condena aludida (fs. 26 y vta.).
De seguido, la alzada entendió ajustado a derecho tomar como potenciadora de la pena a una condena anterior, sin que ello vulnere el ne bis in idem pues “lo que se tiene en cuenta es la mayor culpabilidad de quien ha delinquido con anterioridad”, y citó diversos precedentes en abono de su postura (fs. 27).
Finalmente, no advirtió la existencia de absurdo en la fijación del quantum punitivo en dos meses de prisión (un mes más sobre el mínimo posible), máxime en consideración de las dos agravantes ponderadas; agregó que “aun cuando no se hubiesen computado agravantes, no era obligatorio fijar el mínimo de la escala”, y transcribió -parcialmente- jurisprudencia sobre el tópico (fs. cit. y vta.).
e. La reseña efectuada permite colegir que el remedio intentado no puede ser acogido, desde que es inveterada la doctrina de esta Corte por la que se establece que es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se alega omisión de tratamiento de una cuestión esencial, cuando la misma (considerada preterida) fue abordada expresamente por el a quo (P. 68.466, sent. del 5/III/2003; P. 72.530, sent. del 24/III/2004; P. 65.224, sent. del 21/IV/2004; P. 69.070, sent. del 12/V/2004; P. 74. 427, sent. del 14/XI/2007; P. 71.728, sent. del 19/XII/2007; P. 108.232, sent. del 4/VIII/2010 ; P. 111.732, sent. del 8/VII/2014; e/o).
Por otra parte, es dable agregar que también tiene dicho este Cuerpo que lo referido al acierto o la profundidad de lo decidido por el sentenciante constituye materia ajena a la vía intentada, siendo propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (P.103.299, sent. del 29/VII/2008; P. 106.347, res. del 16/II/2011; P. 108.199, sent. del 7/IX/2012; P.118.557, sent. del 22/X/2014; e/o).
V. Distinta suerte ha de correr la porción recursiva que pretende colocar en crisis el pronunciamiento intermedio que denegó el recurso de inaplicabilidad de ley; en tanto el quejoso no controvirtió eficazmente dicho tópico (art. 486 bis del C.P.P.).
a. Es que la alzada basó la decisión de inadmisibilidad en que, por un lado, en autos no se encentra afectado el doble conforme -arts. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P.-; y, por otro, en que no se observa una cuestión de naturaleza constitucional que en los términos de la doctrina sentada por la Corte nacional en “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” amerite el tránsito recursivo ante ésta instancia, a los fines del acceso de los reclamos al Tribunal Superior (fs. 50 y vta.).
De seguido, reparó en la arbitrariedad argüida y recordó la doctrina del cimero Tribunal sobre el tópico, para concluir en que las críticas defensistas trataron, mayoritariamente, “de la reedición de lo dicho en el recurso de apelación”, situación que no halló “idónea para patentizar la relación directa e inmediata” entre las garantías que estimó vulneradas y lo resuelto en el caso (fs. cit.).
Finalmente, sentó que “la presentación no fue eficaz para acreditar la conculcación de derechos que autoricen una intervención de índole federal y que, por tal razón, no existen motivos para sortear la limitación establecida por el art. 494 del [C.P.P.] cuya constitucionalidad, de esta manera, está fuera de toda discusión” (fs. 51).
b. Las manifestaciones de la parte no resultan eficaces para remover dicho obstáculo formal, pues no hizo ningún esfuerzo por evidenciar la relación directa e inmediata entre los agravios desarrollados en la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley y la sentencia de cámara, reeditando -en rigor- los argumentos expuestos en la apelación ordinaria desestimada.
En suma, la presente parcela de la vía directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo (arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Admitir -parcialmente- la queja interpuesta y declarar mal denegado el recurso extraordinario de nulidad intentado (arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
2. Rechazar, por improcedente, el remedio previsto en el art. 491 del C.P.P.; con costas (art. 493 C.P.P., 31 bis ley 5827).
3. Rechazar, por improcedente, la queja deducida frente a la parcela que denegó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; con costas (art. 486 bis del C.P.P.).
4. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desarrollada ante ésta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/77).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia