Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 129981
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, se revoca la sentencia impugnada y se devuelven los autos al Tribunal de Casación Penal para que, con intervención de jueces habilitados, dicte una nueva decisión ajustada a derecho, acorde a los fundamentos aquí vertidos (art. 496, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 129.981, "Zurita, Norma Beatriz s/ Recurso de queja, en causa N° 33.514 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 12 de mayo de 2011, en lo que aquí interesa destacar, declaró procedente el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de San Martín, que había condenado a Norma Beatriz Zurita a la pena de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarla autora penalmente responsable del delito de hurto en grado de tentativa y homicidio simple, en concurso real. En consecuencia, absolvió a la nombrada en orden al delito citado en primer término y, luego de las vicisitudes procesales de las que oportunamente se dará cuenta, mantuvo la pena de catorce años y nueve meses de prisión, accesorias legales y costas, fijada en su momento en orden al delito de homicidio simple (v. fs. 91/106 y 310/311).
Contra esa decisión, el señor Defensor de Casación Penal -doctor Mario Luis Coriolano- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 314/321 vta.), que fue desestimado por inadmisible por la referida Sala el 26 de octubre de 2017 (v. fs. 324/326 vta.). Presentada la queja pertinente (v. fs. 434/438), fue admitida por esta Corte por resolución del 26-XII-2019, concediendo la vía extraordinaria deducida (v. fs. 439/442).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 452/456), dictada la providencia de autos (v. fs. 458), presentada por el señor defensor ante el Tribunal de Casación Penal la memoria que autoriza el art. 487 del Código Procesal Penal (v. fs. 462/464), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En primer lugar, a fin de alcanzar un adecuado entendimiento del presente proceso, he de realizar una breve reseña de los distintos estadios por los que atravesó el caso bajo examen hasta arribar a esta instancia extraordinaria:
I.1. El 3 de marzo de 2008, el Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de San Martín, en lo que aquí interesa destacar, condenó a Norma Beatriz Zurita a la pena de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas, por haberla hallado autora penalmente responsable de los delitos de homicidio y tentativa de hurto, en concurso real (v. fs. 14/33).
I.2. Impugnada la decisión, la Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, el 12 de mayo de 2011, declaró procedente el recurso interpuesto, absolvió a Norma Beatriz Zurita en orden al delito de hurto simple en grado de tentativa, y la condenó a la pena de quince años de prisión, accesorias legales y costas, como autora responsable del delito de homicidio simple (v. fs. 91/106 vta.).
I.3. Frente a lo allí resuelto, la defensa dedujo recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 175/178). Esta Corte, con fecha 18 de diciembre de 2013 (legajo P. 115.968) hizo lugar al mismo, declaró la nulidad de la sentencia en punto a la valoración de la agravante vinculada al ingreso a la vivienda y reenvió los autos a la instancia para que, integrado con jueces hábiles, dicte un nuevo pronunciamiento (v. fs. 184/185 vta.).
I.4. Vueltos los autos al órgano intermedio, el señor defensor oficial, al momento de notificarse de la nueva integración en virtud de la aceptación de las excusaciones efectuadas por los doctores Ricardo Borinsky y Víctor Horacio Violini (v. fs. 219), requirió el comparendo de su asistida (v. fs. 222 y vta.). Celebrada la audiencia el 1 de diciembre de 2015, el doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi presentó un escrito en donde planteó, como circunstancias atenuantes sobrevinientes, la excesiva duración del proceso y el agravamiento de las condiciones de detención en razón a los reiterados traslados a los que fue sometida su asistida y por las múltiples agresiones y deficiente atención médica que llevaron a la pérdida de uno de sus ojos, sanción que excede la impuesta legalmente (v. fs. 228/234).
I.5. El 9 de agosto de 2016, la Sala Tercera del Tribunal de Casación, con la integración de los doctores Carlos Ángel Natiello y Mario Eduardo Kohan, obliteraron la agravante vinculada al ingreso a la vivienda y readecuaron la pena la que fijaron en catorce años y nueve meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar la nombrada autora penalmente responsable del delito de homicidio simple (v. fs. 273/274).
I.6. El señor defensor oficial presentó frente a lo así decidido recurso extraordinario de nulidad (v. fs. 276/281), el cual previo a ser concedido por el a quo (v. fs. 286/288) esta Corte hizo lugar, anulando la sentencia y ordenando el reenvió de los autos para que se pronuncien sobre la cuestión preterida (v. fs. 294/295 vta., legajo P. 128.335-RC).
I.7. En dicha instancia, el doctor Mario Luis Coriolano peticionó que, en atención al tiempo transcurrido desde el inicio de la presente (28 de octubre de 2004) y la proximidad con el cumplimiento de la pena, se dicte sentencia a la brevedad haciendo lugar a las atenuantes sobrevinientes solicitadas, readecuando proporcionalmente la pena (v. fs. 303).
I.8. El 12 de septiembre de 2017, la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal resolvió rechazar la ponderación de ambas pautas atenuantes y mantener la pena de catorce años y nueve meses de prisión, accesorias legales y costas, impuesta a Norma Beatriz Zurita por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio simple (v. fs. 310/311 vta.).
El señor Juez doctor Natiello, cuyo voto concitó la adhesión del señor Juez doctor Kohan, expuso -en respuesta al reclamo de la defensa de que se tomen como diminuentes de la pena la excesiva duración del proceso y el agravamiento de las condiciones de detención- que más allá de su postura tradicional de rechazar ese tipo de pedimentos por resultar motivos no introducidos al recurso originario, no podían valorarse como menor grado de injusto o culpabilidad por el hecho cometido puesto que surgían a posteriori , razón por la cual no correspondía su cómputo en el sentido propiciado y, en todo caso, como responsabilidad que recae en cabeza del Estado (v. fs. 310 vta. y 311).
Por otra parte, juzgó que las mismas consideraciones correspondía emitir en punto a la otra pauta atenuante solicitada, en tanto había sido denunciada a posteriori y per se tampoco implicaba un menor grado de reproche por el hecho materia de juzgamiento. Agregó que la circunstancia denunciada por el doctor Nolfi y mantenida por el doctor Coriolano referidas a las condiciones de detención, lejos de ser peticionada como atenuante de pena, debía ser canalizada por la vía procesal correspondiente, ajena a esa instancia revisora (v. fs. cit.).
II. Frente a lo así resuelto, el señor defensor de casación penal dedujo recurso de inaplicabilidad de ley (v. fs. 314/321 vta.).
Denunció la "[v]iolación de la doctrina legal de [esta Corte] dictada en P. 110.833" (fs. 316 vta.).
Para fundar lo expuesto, recordó los argumentos utilizados por el órgano intermedio para desestimar los reclamos y explicó que el Tribunal de Casación Penal rechazó valorar las dos circunstancias atenuantes porque consideró que son posteriores al hecho y no implican un menor grado de injusto o de culpabilidad del autor (v. fs. 424 y vta.).
Así, trajo a colación los fundamentos expuestos en el mencionado precedente P. 110.833 y expuso que las diferentes expresiones de los arts. 40 y 41 del Código Penal, al permitir ponderar en la determinación judicial de la pena las condiciones personales del sujeto y al imponer a los jueces el deber de tomar conocimiento directo de aquel, otorga la posibilidad de que circunstancias posteriores a la ejecución del hecho repercutan menguando la pena proporcional a la culpabilidad, brindando un medio adecuado para reparar los efectos de la exorbitante morosidad judicial (v. fs. 424 vta. y 425).
Sostuvo que al considerarse que no corresponde ponderar circunstancias posteriores al hecho como atenuantes debido a que no implican un menor grado de injusto o de culpabilidad, el Tribunal de Casación vulneró la doctrina legal de esta Corte citada, conforme la cual teniendo en cuenta que los jueces no pueden prescindir de la realidad en la que fallan y en el marco de los arts. 40 y 41 del Código Penal, deben repararse los efectos de aquellas circunstancias que siendo posteriores al hecho repercuten menguando la pena proporcional a la culpabilidad, resultando ésta una forma de reparar la responsabilidad del Estado (v. fs. cit. y vta.).
En particular, explicó en cuanto a la ponderación de la excesiva duración del proceso (expresión del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, arts. 8.1, CADH y 15, Const. prov.) que la doctrina legal citada había sido fijada respecto de esa misma circunstancia y que además ya había sido valorada en el caso en la sentencia de 12-V-2011, lo que implica el dictado de una sentencia que contradice las constancias del expediente, específicamente, en la propia actuación del órgano revisor (v. fs. 425 vta.).
En cuanto a la segunda pauta requerida, afirmó que debe adoptarse el mismo temperamento en tanto se trata de un acontecimiento sucedido con posterioridad al hecho, en el marco de una detención cautelar, dependiendo solamente de la responsabilidad del Estado por no proporcionar en tiempo oportuno la adecuada atención médica a quién estaba a su exclusivo cuidado, pudiéndose hallar en la disminución de la pena una adecuada reparación en relación a la afectación física y psicológica sufrida (v. fs. cit. y 426).
A lo dicho, añadió que, al rechazar la ponderación de esa circunstancia sobreviniente como atenuante de la pena impuesta, el Tribunal de Casación consolidó la vulneración de los principios de culpabilidad y proporcionalidad de la pena, y la prohibición de imposición de una pena cruel, inhumana y degradante (v. fs. cit.).
Concluyó que el a quo convalidó la pena de catorce años y seis meses de prisión impuesta, con lo cual Norma Beatriz Zurita deberá soportar la condena a la privación de la libertad impuesta en proporción a su culpabilidad por el hecho (pena legal), a lo que debe sumarse la pérdida de un órgano vital como es el ojo (pena ilegal), además de la demora en la resolución del caso, circunstancias éstas que fueron producidas exclusivamente por la inactividad del propio Estado, específicamente, en lo que refiere a la atención médica, acudiendo por las vías procesales pertinentes, sin encontrar respuesta oportuna, lo que -a su entender- demuestra la arbitrariedad de la respuesta del Tribunal de Casación de pretender una reparación mediante otros mecanismos (v. fs. 427).
III. Por último, el señor defensor oficial, en la oportunidad prevista en el art. 487 del Código Procesal Penal, señaló que la mencionada dilación indebida del proceso (art. 8.1, CADH) provocó la configuración de una causa de extinción de la acción penal: la prescripción (v. fs. 463 vta.).
En consecuencia, en atención al tiempo transcurrido desde la sentencia de condena de fecha 3 de marzo de 2008 y la nueva doctrina legal de este Tribunal en consonancia con la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la razonabilidad del plazo de los procesos penales en la etapa recursiva, solicitó que se declare la extinción de la acción penal respecto del delito de homicidio simple (v. fs. cit.).
IV.1. A diferencia de lo dictaminado por el señor Procurador General (v. fs. 452/456) entiendo que el agravio debe progresar.
En efecto, como bien afirma el recurrente, este Tribunal -por mayoría- tiene dicho que el inadecuado tratamiento procesal a que se vio sometido un imputado (en cuanto a la indebida dilación del proceso penal) puede hallar apropiada reparación en las reglas de individualización de la pena y en las que legislan lo relativo a las condiciones de su ejecución, sin perjuicio de las enmiendas que se ofrecen desde otros ámbitos (conf. doctr. causas P. 88.303, sent. de 25-III-2009; P. 110.833, sent. de 4-V-2011; P. 109.935, sent. de 11-V-2012; P. l13.790, sent. de 26-IX-2012; P. 90.759, sent. de 23-X-2013; P. 126.655, sent. de 9-VIII-2017; P. 126.473, sent. de 16-VIII-2017; e.o.).
Las diferentes expresiones de los arts. 40 y 41 del Código Penal, en cuanto permiten ponderar en la determinación judicial de la pena, entre otros factores, las "condiciones personales" del procesado, imponiéndole a los jueces el deber de "tomar conocimiento directo y de visu" de aquel (art. 41, inc. 2, Cód. Penal), pueden servir de guía para encausar la solución pretendida. Pues, al contemplar esa fórmula la posibilidad de que circunstancias posteriores a la ejecución del hecho repercutan menguando la pena proporcional a la culpabilidad, brinda un medio adecuado para reparar los efectos de la exorbitante morosidad judicial.
De esta forma queda sin sustento la afirmación del Tribunal intermedio relativa a que la aludida pauta no pudiese ser ponderada en el sentido pretendido por la defensa (v. fs. 419 vta. y 420).
Ello, más allá del deber del Tribunal de Casación de verificar en el caso concreto si la parte se ha ocupado de evidenciar la concurrencia del conjunto de circunstancias que tanto la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y este Superior Tribunal provincial imponen valorar a los fines de fallar sobre la infracción de la garantía del plazo razonable en la tramitación del proceso revisor.
IV.2. Igual temperamento corresponde adoptar en punto a la denuncia de agravamiento de las condiciones de detención y su solicitud como pauta atenuante.
La mera afirmación de que la pauta atenuante solicitada había sido denunciada a posteriori y que las referidas condiciones de detención alegadas por la defensa, lejos de ser peticionadas como pautas atenuantes de la pena, debieron ser canalizadas por la vía procesal correspondiente, por sí sola, no resulta hábil para desestimar la pretensión.
Es que, conforme se señaló en el acápite anterior, los arts. 40 y 41 del Código Penal contemplan la posibilidad de que circunstancias posteriores a la ejecución del hecho repercutan en el monto de pena estipulado. En consecuencia, corresponde al órgano revisor evaluar si la mencionada circunstancia puede -o no- ser válidamente considerada en el marco de los principios de culpabilidad y proporcionalidad.
V. Por último, cabe afirmar que el planteo de extinción de la acción penal por prescripción realizado por la parte en la oportunidad contemplada por el art. 487 del Código Procesal Penal, no puede prosperar (v. fs. 463 vta.).
En el caso, la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado en lo Correccional n° 2 de La Plata (v. fs. 481/484), que adquirió firmeza según da cuenta el informe de fs. 485, posee carácter interruptivo del curso de la prescripción.
En efecto, el hecho ocurrido el 5 de enero de 2015, juzgado en el marco de la causa n° 644-16 que se le sigue a Zurita por el delito de lesiones leves, posee carácter interruptivo del curso de la prescripción de la acción penal bajo examen en estas actuaciones.
Por ello, desde el último hito con efecto interruptor -5 de enero de 2015- hasta la actualidad, no transcurrieron los doce años necesarios para la prescripción del delito de homicidio simple, previsto en el art. 79 del Código Penal (art. 67, inc. "e", Cód. Penal).
Por todo lo expuesto y con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
L os señores Jueces doctores Soria , Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan , votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, se revoca la sentencia impugnada y se devuelven los autos al Tribunal de Casación Penal para que, con intervención de jueces habilitados, dicte una nueva decisión ajustada a derecho, acorde a los fundamentos aquí vertidos (art. 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/05/2021 14:43:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/05/2021 18:24:46 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2021 19:36:30 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/05/2021 10:30:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/05/2021 10:43:40 - MARTÍNEZ ASTORINO Roberto Daniel - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia