Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rp 128745
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y conc., CPP según ley 14.647).
“B.J.N. S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 34.905 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA I”.
La Plata, 25 de octubre de 2017.-
La presente causa P. 128.745-RQ, caratulada: “B.J.N. s/ Recurso de queja en causa N° 34.905 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”,
I. La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 14 de diciembre 2016, desestimó por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de B.J.N. contra la decisión de ese mismo órgano jurisdiccional que, en cumplimiento de un reenvío ordenado por esta Corte en el marco de la causa P. 112.756 (sent. del 4-3-2015; fs. 60/74 vta.), readecuó la pena oportunamente impuesta por el Tribunal en lo Criminal N° 7 de San Martín, fijándola en treinta y siete años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor penalmente responsable de los delitos de corrupción de menores calificada reiterada en cinco oportunidades, las que concurren materialmente entre sí, los que a su vez concurren idealmente con los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el vínculo y la situación de convivencia previa, cometido en forma continuada en perjuicio de M.R.V., en concurso real con abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y la situación de convivencia previa reiterado en cuatro oportunidades cometidos en forma continuada respecto de J.C., C.C.B., M.F.C. y R.G.B. (fs. 81/87).
Para arribar a tal decisión afirmó que si bien se cumplió con el recaudo del monto de pena del artículo 494 del Código Procesal Penal, no acontece lo mismo con la índole de los agravios. De seguido, recordó los precedentes "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional y aseveró que no es suficiente la mera invocación de una cuestión de pretensa índole federal para sortear las limitaciones de dicha norma (fs. 105 vta.).
En tal sentido, explicó que las críticas desarrolladas por la parte, en rigor, se refieren a un supuesto déficit procedimental anterior a la sentencia de casación y resaltó que tal planteo, vinculado con el artículo 41, último párrafo, del Código Penal, no fue llevado en el recurso de la especialidad ni en la memoria (art. 458, CPP -fs. cit.-).
Concluyó que la defensa no demostró que tales tópicos de índole procesal guardaran una relación directa e inmediata con las garantías constitucionales que refiere conculcadas (fs. 106).
Finalmente, en lo que hace a la tacha de arbitrariedad vinculada con la determinación de la pena, afirmó que tampoco se demostró por qué motivo el razonamiento tanto del Tribunal de mérito como de la Alzada no resultarían una derivación razonada del derecho vigente. En definitiva, consideró que no se demostró la relación inmediata entre lo fallado y las garantías constitucionales que la parte dice conculcadas. En su apoyo, citó precedentes de este Corte y de la nacional (fs. 106/107).
II. El Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia, Doctor José María Hernández, dedujo queja (fs. 114/124).
Sostuvo que el remedio impugnativo se desestimó de forma arbitraria y en contraposición a la doctrina emergente de los precedentes Strada, Di Mascio y Christou cit. (arts. 5, 31, 75 inc. 22, 12, 116, 121, 124 y concs., CN -fs. 119 vta./120-).
De seguido, expresó que los agravios postulados en el recurso de inaplicabilidad de ley son de índole federal: 1) incumplimiento del derecho del imputado a ser oído antes de la imposición de pena (arts. 18 y 75, CN; 8.1. CADH); 2) aplicación de una condena que no tiende a la resocialización (art. 5.6., CADH); 3) pena arbitraria por haber prescindido de las circunstancias fácticas sobre las que debió asentarse (arts. 1, 18 y 33 CN -fs. 120/vta.-).
Aclaró que no se discutió la infracción del artículo 41 inciso 2 del Código Penal sino de los artículos 18 de la Constitución nacional, 8.1. y 5.6 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Explicó que la celebración de la audiencia de visu es el presupuesto fáctico de tales garantías constitucionales (fs. 121).
Luego, trajo a colación los precedentes "Maldonado", "Strada", "Trusso" y "Martins", entre otros del Máximo Tribunal nacional y tildó de arbitraria la resolución por apartarse de ellos (fs. 121 vta./123).
Por todo esto, concluyó que los límites establecidos en el artículo 494 citado deben ser inaplicados o, en su caso, declarados inconstitucionales (fs. 123/vta.).
III. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis, CPP).
Tal cual surge de la reseña efectuada en el punto I., el Tribunal de Casación Penal desestimó el carril extraordinario de inaplicabilidad de ley por considerar que la defensa no puso de relieve, con la suficiencia y carga técnica necesaria, el compromiso directo de las garantías constitucionales que arguye vulneradas (violación de los arts. 18, CN; 8.1. y 5.6., CADH).
Frente a ello, el quejoso no logró remover con eficacia dicho obstáculo en tanto se limitó a reeditar los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 93/102 vta.) y, una vez más, expuso las pretensas cuestiones federales de modo genérico sin vincularlas con las particulares características del caso (v. memorial a fs. 78/80, en especial fs. 78 donde surge el desistimiento expreso de la audiencia y sentencia de casación a fs. 81/87). En definitiva, no demostró la relación directa e inmediata entre éstas y lo debatido y resuelto (art. 14 de la ley 48).
Por último, huelga poner de resalto que la inadmisibilidad decretada por el a quo (v. punto I.) se corresponde con el criterio fijado por esta Corte en numerosos precedentes similares al presente (conf. P. 110.459, res. del 4/IV/2012; P. 109.331, res. del 9/XII/2010, P. 109.001, res. del 26/X/2010, P. 109.618, res. del 2/VII/2010, e.o.).
IV. En función de todo lo expuesto, la petición de inconstitucionalidad del art. 494 del ritual carece de virtualidad en la medida en que lo decidido por el Tribunal de Casación -y que el recurrente no pudo conmover- no se fundó, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se exteriorizaron de modo idóneo los recaudos que permitirían superar con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de esta Corte.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y conc., CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia