Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129089
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa oficial contra la desestimación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y concs., CPP según ley 14.647).
La Plata, 27 de diciembre de 2017.
La presente causa P. 129.089-RQ caratulada: "Abalo, Miguel Ángel s/ Recurso de queja en causa n° 34.533 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul",
I. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, el 18 de mayo de 2017, desestimó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Miguel Ángel Ávalos contra la decisión de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 1 de Olavarría que lo condenó a la pena de once meses de prisión de efectivo cumplimento, con costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de encubrimiento, con declaración de reincidencia (v. fs. 89/90 vta.).
Para arribar a tal decisión, afirmó que no se cumplió con el recaudo del monto de la pena del art. 494 del ritual y que los agravios desarrollados por la parte tampoco resultan aptos para excepcionar las exigencias de la citada norma (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional; art. 14, ley 48).
En tal sentido, aseveró que teniendo en consideración que la Cámara revisó la sentencia de primera instancia, no se encuentra en crisis la garantía del doble conforme (arts. 8.2.h., CADH, 14.5., PIDCyP).
A continuación, recordó los supuestos de arbitrariedad y señaló que ellos no se dan en el caso.
Agregó que la parte se limitó a expresar una mera discrepancia con lo decidido sin demostrar la existencia de una relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales y lo debatido y resuelto.
Concluyó que el recurso no logró acreditar una conculcación de derechos que autorice una intervención de índole federal pues no se configuraron motivos suficientes para excepcionar las limitaciones del art. 494 citado.
II. Frente a tal decisión, la defensora oficial, doctora María Soledad Kelly, presentó queja (v. fs. 91/107).
En primer lugar, reseñó los antecedentes del caso (v. fs. 91/97).
Luego, puntualizó que existen garantías constitucionales en juego en tanto la condena contra su asistido quebrantó la presunción de inocencia pues no existe prueba suficiente en su contra (arts. 18, Const. nac.; 8, CADH; 14, PIDC y P; 10, 11 y 15 de la Constitución provincial; 1, CPP fs. 96/99-).
Alegó que se configuró un caso de gravedad institucional pues se vulneró el derecho de defensa y el debido proceso al impedir la revisión de la sentencia de condena (arts. 8.2.h., CADH y 14.5. del PIDCP 101 vta.-). En su apoyo, citó jurisprudencia de la Corte nacional y de la Interamericana de Derechos Humanos. Consideró que todo ello torna arbitraria la inadmisibilidad decretada (v. fs. 101 vta./104 vta.).
Por último, refirió que el a quo se extralimitó pues examinó cuestiones que sólo eran competencia de esta Corte. A su vez, manifestó que la decisión en crisis violó los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial en tanto se utilizaron argumentos idénticos a otros expuestos en anteriores oportunidades (v. fs. 104 vta./105).
III. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis del CPP).
III. 1. La denuncia de exceso en la jurisdicción no resulta apta para conmover la inadmisibilidad.
Si bien es cierto que el a quo traspasó los límites del art. 486 del Código Procesal Penal al sostener que no se configuraron las causales de la arbitrariedad ni se violó la garantía de revisión amplia de la sentencia de condena, sin embargo, el argumento basal que le dio sustento a la resolución en crisis radicó en la falta de carga técnica de los agravios de pretensa índole federal (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou", CSJN), siendo este tópico parte integrante del juicio de admisibilidad que le corresponde efectuar al Tribunal de Alzada sin que ello implique inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del Código Procesal Penal según ley 14.647; P. 125.455, res. del 13-V-2015, P. 125.523, res. del 20-V-2015, P. 125.506, res. del 3-VI-2015, P. 125.630, res. del 17-VI-2015, P. 125.577, res. del 17-VI-2015, e.o.).
III. 2. Por otra parte, la defensora oficial no logró controvertir de manera eficaz el obstáculo vinculado con la falta de suficiencia y carga técnica de las críticas de pretensa índole federal y se limitó a desarrollar afirmaciones genéricas y dogmáticas sobre el punto, sin ningún anclaje en las particulares características del caso (conf. P. 126.878, res. del 4-VIII-2016; P. 126.309, res. del 24-VIII-2016; P. 126.983, res. del 12-IV-2017; P. 127.676, res. de 21-VI-2017, entre otras de esta Corte).
En definitiva, no evidenció de qué manera la garantía de presunción de inocencia que denunció afectada por considerar que no existía prueba de cargo suficiente para demostrar que Abalo conocía la procedencia ilícita de vehículo, se vincularía de manera directa e inmediata con el fallo del Tribunal de Alzada, que luego de analizar la prueba producida, confirmó la condena de primera instancia por juzgar que el delito de encubrimiento se acreditó debidamente en base a un conjunto de indicios (declaración del imputado, el vehículo no poseía placas identificatorias, llaves de arranque no originales, intento de fuga del imputado ante la voz de alto de los funcionarios policiales, entre otros v. sentencia de Cámara a fs. 72/75 vta., en especial, fs. 72 vta./75-).
III. 3. La denuncia de gravedad institucional, vinculada con la supuesta afectación de los derechos al recurso, defensa en juicio y debido proceso, tampoco puede prosperar.
Cabe recordar que tal extremo está íntimamente relacionado en grado de dependencia- a la verdadera presencia de una situación aprehensiva de interés institucional, no observándose en el caso un supuesto de las características prealudidas.
En esta línea de pensamiento, se ha resuelto que no cabe hacer lugar a aquélla, si tal planteo no es objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre de modo indudable la concurrencia de tal circunstancia (conf. doctr. Ac. 88.681; Ac. 99.627; Ac. 99.994; Ac. 99.008; Ac. 99.007 y Ac. 106.372, 15-IV-2009; P. 105.783, resol. de 9-XII-2009; conf. CSJN, Fallos: 303:221).
III. 4. En función de lo expuesto en los puntos anteriores, la tacha de arbitrariedad por fundamentación aparente quedó huérfana de sustento argumental.
En suma, la presentación directa se revela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo (conf. art. 486 bis, CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa oficial contra la desestimación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y concs., CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia