Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129245
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, por improcedente con costas, la queja interpuesta a favor de Matías César Mariano Galván (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
La Plata, 28 de febrero de 2018.
La presente causa P. 129.245-RQ, caratulada: "Galván, Matías César Mariano s/ Recurso de queja en causa N° 34.229 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul",
I. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, el 17 de abril de 2017, declaró inadmisible el recurso interpuesto por la defensa particular de Matías César Galván contra la sentencia de ese mismo órgano que hizo lugar parcialmente al recurso de apelación y modificó el monto de la pena impuesta por el Juzgado en lo Correccional n° 1 al nombrado en orden delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de vehículo automotor, fijándola en tres años de prisión de cumplimiento efectivo y manteniendo la de diez años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores y costas (v. fs. 24 y vta.).
Para así decidir, el Tribunal de Alzada consideró que el fallo que el recurrente pretendía cuestionar mediante el recurso de casación, no era susceptible de ser atacado por esa vía atento a no encuadrar en los supuestos del art. 450 del Código Procesal Penal, segundo párrafo, a contrario sensu. Sin perjuicio de ello -a efectos de salvaguardar el derecho de defensa del imputado- indicó que aún en el supuesto de que se considerase el escrito recursivo como un recurso extraordinario (art. 479 y siguientes) tampoco podía concederse, por haber sido interpuesto fuera del plazo previsto en el art. 483 del Código Procesal Penal (v. fs. 24 y vta.).
II. Frente a esa decisión se alzó el defensor oficial -doctor Martín Alberto Marcelli- merced a la queja deducida a fs. 39/50 vta.
Comenzó por relatar los antecedentes del caso, indicando que el señor Galván, en oportunidad de notificarse de la resolución por la que la Cámara confirmó la sentencia del órgano de grado, manifestó su voluntad impugnativa, decisión contra la que su entonces defensor particular dedujo recurso de casación (v. fs. 40 vta.).
Explicó que el auto denegatorio del remedio casatorio y -a todo evento extraordinario- dictado por la Cámara, no fue notificado a su defendido en forma personal y con copias de lo resuelto (v. fs. 41).
Relató que con posterioridad a ello, el juez de grado hizo lugar al pedido de detención solicitado por el fiscal con fundamento en que la decisión que desestimó el recurso -por extemporáneo- sólo podía ser atacada mediante una queja, remedio que carece de virtualidad para suspender los efectos de la sentencia de mérito (v. fs. 41 y vta.).
Sostuvo que la circunstancia de que su defendido no haya sido notificado personalmente de la sentencia que rechazó el recurso intentado por su anterior representación letrada deja incólume la posibilidad de interponer la presente queja por recurso extraordinario denegado (v. fs. 41 vta./42).
Adunó que en el presente se verifica un supuesto de defensa técnica inefectiva, pues la voluntad recursiva expresada por Galván, reclamaba de su abogado un patrocinio diligente, y la negligencia del letrado no puede ser soportada por el imputado. Al respecto, citó el precedente "Machuca, Andrés s/ recurso de casación", sent. de 11-VII-2006 (CSJN, M.3150.XL) -v. fs. 42/43-.
A renglón seguido, afirmó que la decisión que rechazó el recurso de casación, fue notificada al imputado el día 22 de mayo de 2017, quien manifestó expresamente su voluntad recursiva (v. fs. 43).
En lo que hace a los fundamentos de la queja, denunció la violación a la garantía de juez imparcial pues el mismo órgano que desestimó el recurso analiza la admisibilidad de la vía que lo cuestiona. Denunció que el Tribunal de Alzada se expidió sobre el fondo de los reclamos llevados en el recurso de casación, vulnerando el mentado principio. Citó los arts. 18 de la Constitución nacional; 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del 14.5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y trajo a colación los precedentes "Llerena" y "Medina" de la Corte federal (v. fs. 43 vta./46 vta.).
Luego, señaló que del derrotero recursivo señalado surge evidente que el imputado vio vulnerado su derecho a una adecuada defensa técnica, y esa afectación constitucional se tradujo en la ausencia de análisis por parte de la Cámara de cuestiones esenciales, como lo son el derecho a impugnar una sentencia adversa y a no ser perjudicado por la inidoneidad del recurso de casación interpuesto por su anterior defensa técnica (v. fs. 46 vta.).
Manifestó que el defensor particular del imputado presentó un recurso de casación cuando el apropiado era un recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley, lo cual revela, a su entender, que la impugnación no contenía los elementos mínimos e indispensables como para ser considerada tal (v. fs. cit./47).
Invocó el art. 18 de la Constitución nacional e indicó que es obligación de los jueves resguardar el acceso a una eficaz e idónea asistencia técnica; en ese sentido, trajo a colación el precedente "Schenone" de la Corte federal, explicando que allí, a partir de un recurso presentado en forma pauperis por un detenido, el Máximo tribunal aludió a la falta de sustanciación del mismo, ordenando que fuera debidamente fundada su presentación (v. fs. 48/49).
Reiteró que el remedio de casación presentado no cumplía con los requisitos mínimos de idoneidad por lo cual no debió ser abordado y mucho menos rechazado. Por los motivos expuestos, requirió se haga lugar a la queja y se revoque la sentencia de la Cámara, declarando la nulidad del recurso de casación y corriendo nuevo traslado a la defensa para que canalice técnicamente la voluntad impugnativa del imputado (v. fs. 49/50).
III. La queja es improcedente en atención a que el quejoso no refutó eficazmente el juicio negativo efectuado en la instancia anterior (art. 486 bis del CPP).
En primer lugar, la denuncia de vulneración al derecho a una defensa técnica efectiva, fundada en que el Tribunal de Alzada hizo pesar la negligencia en la que incurriera el entonces defensor particular -en cuanto a la vía recursiva escogida- sobre el propio imputado, en detrimento de su derecho a obtener la revisión de su condena, no puede prosperar.
Ello pues, de la reseña efectuada en el acápite "I" surge que la Cámara, sin perjuicio de señalar la impertinencia del carril deducido por el defensor particular en los términos del art. 450 del Código Procesal Penal y declarar su inadmisibilidad, en miras a garantizar el derecho de defensa, soslayó el nomen iuris asignado y expresó que aun en el supuesto de considerarse el remedio articulado como un recurso extraordinario (arts. 479 y ssigs. del CPP), correspondía su desestimación pues había sido interpuesto fuera del plazo establecido en el art. 483 del Código Procesal Penal (v. fs. 24 y vta.).
Sin embargo, la parte no desarrolló argumentos tendientes a remover el obstáculo formal vinculado con la extemporaneidad de la presentación, insistiendo en la impertinencia de la vía casatoria deducida.
En orden a los precedentes de la Corte federal cuya aplicación al caso solicita ("Schenone", "Machuca"), la defensa no ha logrado demostrar que la doctrina allí sentada pueda trasladarse sin más a la situación que subyace de las presentes actuaciones. Tampoco ha acompañado copias de las notificaciones en las que el imputado habría manifestado su voluntad impugnativa, de modo tal de dar sustento a su pretensión (art. 486 bis CPP).
Por lo demás, no se evidencia alguno de los supuestos excepcionales en los que esta Corte ha admitido el recurso por hallarse el imputado en situación de indefensión, que se daría especialmente frente al desconocimiento de gestiones conducentes para el encauzamiento de la voluntad recursiva expresada in pauperis por el imputado privado de su libertad (conf. doctr. P. 82.833, sent. de 7-II-2007; P. 88.887, sent. de 18-IV-2007; entre otros); ni es posible parangonar la situación a un supuesto de interpretación excesivamente ritualista (conf. doctr. causas P. 81.109, sent. de 29-X-2003; P. 82.438, sent. de 21-IX-2005; entre muchas otras).
Finalmente, cabe desestimar la denuncia de infracción al principio de imparcialidad (art. 8.1 CADH) pues, más allá de sus genéricas alegaciones, la parte no demostró la relación directa e inmediata entre los derechos que dice vulnerados y lo debatido y resuelto en el caso, máxime cuando estructuró el agravio a partir de la afirmación de que la Cámara se expidió sobre el fondo de los reclamos, premisa que -a luz de la reseña de la decisión efectuada en el acápite "I"- resulta equivocada (art. 15 de la ley 48).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar, por improcedente con costas, la queja interpuesta a favor de Matías César Mariano Galván (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia