Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129013
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar, con costas, la queja traída por la defensa técnica de José Luis Aranda (art. 486 bis, CPP).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Carlos Alejandro Luciani por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, dec-ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de 25-X-2017).
La Plata, 28 de febrero de 2018.-
La presente causa P. 129.013-RQ, caratulada: "Aranda, José Luis s/ Recurso de queja en causa N° 34.782 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul",
I. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, el 3 de mayo de 2017, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley presentados por José Luis Aranda, por derecho propio, con el patrocinio letrado del doctor Carlos Alejandro Luciani contra el pronunciamiento de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia que lo condenó a la pena de ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo, por resultar autor penalmente responsable del delito de usurpación a la par que unificó dicha pena con la de seis meses de prisión de ejecución condicional, que fuera revocada, por los delitos de desobediencia en concurso real con resistencia a la autoridad y lesiones leves calificadas, éstos dos en concurso ideal (v. fs. 9/11).
Para adoptar tal temperamento, en cuanto a la vía de nulidad, estimó que de los propios términos de la presentación se extraía que ese tribunal no había dejado de tratar ninguno de los agravios oportunamente invocados por el recurrente y que más allá de la aseveración inicial, la propia defensa adujo que su queja estribaba en lo que consideró la falta de un análisis profundo, no en su ausencia (v. fs. 10).
También afirmó que no hubo omisión de tratamiento pues el tema había sido efectivamente tratado.
Finalmente, consideró que las denuncias de arbitrariedad y absurdo así como la referencia a la conculcación de derechos constitucionales no encajaban en las causales previstas para dicha vía.
En punto a recurso de inaplicabilidad de ley, luego de señalar que se encontraban insatisfechos los recaudos contemplados en el art. 494 del ritual, entendió que la parte no había demostrado la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales cuyo desbaratamiento había denunciado con lo debatido y resuelto en la sentencia pues, más allá de manifestar que discrepaba con lo decidido y ofrecer su particular visión acerca de la manera en que debió valorarse la prueba, no adujo omisiones o desaciertos de gravedad como para descalificar el fallo (v. fs. 10 vta./11).
II. Frente a ello, el doctor Carlos Alejandro Luciani, defensor de confianza del mencionado, dedujo queja (v. fs. 12/20.).
Allí denunció que el a quo se excedió en el examen que le es propio el cual debe limitarse a verificar si la recurrida es una sentencia definitiva, si el recurso se dedujo dentro del plazo estipulado y por quien se encuentra legitimado (v. fs. 15 vta.).
Agregó que la cámara no abordó las cuestiones esenciales llevadas por la defensa oficial en el recurso de apelación relativas a la autoría penalmente responsable y a la existencia del hecho en su exteriorización material (v. fs. 17 vta.).
Afirmó que había denunciado la valoración absurda y arbitraria de las pruebas reunidas en la etapa de debate en cuanto a la existencia y alcance del acuerdo de restitución de propiedad celebrado entre las partes, como consecuencia de la existencia del dolo en el accionar de su defendido y que el rechazo de los recursos resulta arbitrario pues tales agravios importaban una cuestión federal suficiente (v. fs. 18 vta./19)
III. La queja es improcedente (art. 486 bis, CPP).
III. 1. En punto al recurso extraordinario de nulidad, más allá de que la Cámara se excedió en el juicio de admisibilidad al afirmar el tratamiento de las cuestiones que la parte estimó omitidas, lo cierto es que la queja no se autoabastece en tanto no se acompañaron las copias necesarias para su análisis.
Cabe recordar que el art. 486 bis del ritual, luego de la reforma de la ley 14.647 (BO 5/XII/2014), establece que el recurso de hecho debe presentarse con copia simple del recurso denegado, de la decisión que se pretende recurrir, de las respectivas notificaciones y de cualquier otra pieza que el peticionario considere útil para fundamentarlo.
En el caso, el presentante omitió adjuntar las copias del recurso de apelación y de la decisión de la cámara, confirmatoria de la sentencia de primera instancia a pesar de ser piezas útiles para fundar este tramo del recurso de hecho. En efecto, éstas resultan imprescindibles para analizar si las supuestas cuestiones esenciales que el defensor denunció preteridas -relativas a la autoría del imputado y a la existencia del hecho, v. fs. 17 vta.- fueron llevadas efectivamente a conocimiento del Tribunal de Alzada y en su caso, en qué términos, nada de lo cual puede constatarse debido a dicho déficit.
III. 2. Tampoco prosperan las críticas dirigidas contra la inadmisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Ello por cuanto el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal que realizó la Cámara es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. doctr. arts. 486, 486 bis, 494 y concs. del CPP según ley 14.647; conf. causas P.125.455, res. del 13-V-2015, P. 125.523, res. del 20-V-2015, P. 125.506, res. del 3-VI-2015, P. 125.630, res. del 17-VI-2015, P. 125.577, res. del 17-VI-2015, e.o.).
Además, la defensa no controvirtió de modo eficaz los argumentos dados por la Cámara en tanto no demostró que los argumentos expuestos en la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley (v. fs. 6/30) trascendieran de un mero criterio discordante con la valoración de la prueba efectuada por el a quo y configuraran temáticas de índole federal desarrolladas con la carga técnica necesaria para conmover el juicio efectuado (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la Corte nacional)
Ello deja sin sustento el tilde de arbitrariedad que la parte, de modo por demás genérico, le endilgó a la resolución en crisis.
IV. Por último, en atención a los lineamientos efectuados por esta Corte en el Acuerdo 3871 del 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.9674, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido de art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Rechazar, con costas, la queja traída por la defensa técnica de José Luis Aranda (art. 486 bis, CPP).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Carlos Alejandro Luciani por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, dec-ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia