Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128340
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar -por improcedente- la queja traída por el defensor oficial Adjunto a favor de Cristian Emanuel Tolosa, con costas (art. 486 bis , CPP).
La Plata, 7 de febrero de 2018.
La presente causa P. 128.340-RQ, caratulada: "Tolosa, Cristian Emanuel s/ recurso de queja en causa N° 34.497 del Tribunal de Casación Penal, Sala III",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante auto dictado 10 de septiembre de 2015, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa particular contra su decisorio por el cual -rechazando la vía homónima- confirmó lo resuelto por el Tribunal en lo Criminal n° 1 de Mar del Plata en cuanto condenó a Cristian Emanuel Tolosa a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas por reprocharle la coautoría penalmente responsable del delito de robo calificado por el empleo de arma impropia (v. fs. 64/66).
Para resolver de tal modo, el Tribunal entendió que, habiéndose notificado la parte -en audiencia conjunta- el 27 de abril de 2015, el recurso presentado el 5 de junio del mentado año "ha excedido con creces el plazo previsto en el artículo 483 del ritual, amén de encontrarse incumplido el que trae el artículo 494" respecto al monto de pena (v. fs. 65). No obstante, y "dado el principio de supremacía constitucional", trajo a colación diversos precedentes de esta Suprema Corte a los fines de señalar que el carril interpuesto constituye la vía idónea para el tratamiento de las eventuales cuestiones federales que pudiesen estar involucradas (v. fs. 65).
En ese razonar, señaló que la admisibilidad no se satisface con la mera invocación de un cuestión de la naturaleza aludida, debiendo efectuarse su correcto planteamiento. Descartó tal situación bajo el criterio de la falta de demostración de la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas por la parte y lo debatido y resuelto en el caso (v. fs. 65 vta.). En efecto, agregó que la parte se limitó a sostener una presunta inversión de la carga de la prueba sin hacerse cargo de las razones dadas por la Sala en el decisorio -con remisión expresa de las fs. del acto sentencial-. Añadió que si bien tacha de absurda la valoración probatoria, tampoco se hizo cargo de la tarea desplegada, ni proporciona argumentos de los cuales deriva su conclusión (v. fs. cit.).
Finalmente, afirmó que si bien menciona "cuestiones federales" no las identifica, limitándose a afirmar la violación a principios rectores de la inciativa probatoria, lo que -sostuvo- refiere a una norma de corte procesal.
Concluyó en la virtualidad del valladar del art. 494 del código ritual en atención a la insuficiencia del remedio incoado.
II. En oposición a ello, el señor defensor oficial Adjunto -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- interpuso recurso de queja -art. 486 bis , CPP- (v. fs. 71/77).
Advirtió que el auto adverso cimentó su decisorio en cinco déficits, a partir de los cuales estructuró su crítica.
1. En primer lugar se ocupó del correcto planteo que debe acompañar la argüida cuestión federal (v. fs. 73).
a. Por un lado, expuso que el carril se explayó de modo contundente sobre las garantías constitucionales quebrantadas, vinculándolas con el caso concreto y poniendo en evidencia que el revisor dictó una sentencia sin dar respuesta a los planteos de la parte (v. fs. 73).
Especificó que el órgano sólo reiteró lo sostenido por el Tribunal de la instancia, lo que mereció la tacha de arbitrariedad de la defensa y la denuncia de afectación a las garantías del debido proceso, defensa en juicio y el derecho a una revisión amplia de la sentencia de condena. Por lo expuesto, señaló que decae la mera invocación que le reprocha el auto (v. fs. 73 y vta.).
b. Por otra parte, objetó lo razonado por genérico y dogmático. Explicó que no identifica cuál es el defecto del que adolece el planteo en los términos de la naturaleza señalada (v. fs. 73 vta. in fine ).
2. De seguido, confrontó con la falta de relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso (v. fs. 74).
Aseveró que puede cotejarse el cumplimiento de dicha circunstancia a partir de la lectura del remedio denegado y las constancias de la causa (v. fs. cit.). Mencionó el planteo de revisión sobre el llamado telefónico que dio inicio a las actuaciones y la inversión de la carga probatoria (v. fs. cit.).
3. En tercer término abordó la crítica sobre la falta de reparos en lo fallado respecto a la inversión de la carga probatoria (v. fs. cit. in fine ).
Afirmó que "no debe interpretarse que el defensor de confianza de Tolosa no se hizo cargo de las razones dadas por la Sala a fs. 85/86", pues -justamente- halló que el basamento carece de motivos sólidos sobre la orfandad probatoria denunciada. Tachó de arbitrario lo razonado (v. fs. 74 vta.).
4. Confrontó con lo reprochado respecto de la tacha de arbitrariedad respecto a la valoración probatoria de fs. 87/89 (v. fs. 74 vta. in fine ).
Le endilgó igual vicio al auto desestimatorio por inadecuado tratamiento de los agravios del carril extraordinario (v. fs. cit./75). Explicó que la exigencia del órgano -referida a la calificación legal- no guarda asidero con el agravio federal, por lo que no puede cuestionarse la tarea de la defensa ceñida a otra estrategia (v. fs. 75).
5. Asimismo -y en último término- tachó de arbitrario lo fallado respecto a la falta de identificación de las cuestiones federales y la referencia al planteo probatorio como embate de naturaleza procesal (v. fs. 75).
Advirtió un apartamiento de las constancias de la causa, pues destacó que el carril porta la denuncia de caso federal: derecho al debido proceso, a recurrir el fallo condenatorio, ambos con cita normativa expresa. Manifestó que dichos planteos se realizaron en el marco de la obligación que le asiste a esta Suprema Corte a partir de lo normado por los arts. 5 y 31 de la Const. prov. (v. fs. 75 y vta.).
Le adjudicó una visión sesgada a la interpretación de la incitativa probatoria dentro del esquema procesal, pues afirmó comprometidas las garantías del debido proceso y el principio de inocencia -art. 18, Const. nac.- (v. fs. 75 vta.). En refuerzo, cito diversos precedentes de la Corte federal (v. fs. cit. in fine ).
Concluyó en el trazo satisfactorio del agravio esgrimido y la solución pretendida a los fines de la admisibilidad (v. fs. 76). Arguyó que se cuestionó que el órgano no cumplimentó con la revisión conforme los arts. 8.2.h de la Convención Americana de Derechos Humanos (v. fs. cit.).
Entendió que el auto denegatorio no puede considerarse válido y suficiente, y postuló que se vedó a Tolosa el acceso a la jurisdicción en el marco de la ultra garantía de la revisión amplia del fallo de condena -art. cit. de la CADH, 14.5 del PIDCP y 15 de la Const. prov.- (v. fs. cit. y vta.).
Para finalizar, adujo que la ley 14.647 se dictó con posterioridad al hecho enrostrado, por lo que requirió que se eviten los rigorismos formales a fin de evitar el quebranto al principio de legalidad (v. fs. 76 vta. in fine ).
III. El juicio de admisibilidad negativo debe confirmarse.
Es que de lo reseñado el apartado I dimana que el a quo halló incumplida la manda del art. 483 del código ritual, más allá de que avanzó en el escrutinio de los requisitos formales de la vía específica impetrada -art. 494, CPP-.
Es decir, que el motivo basal para la desestimación de la misma radica en que el remedio extraordinario ha sido incoado fuera del plazo legal (art. 483, CPP), obstáculo formal que no fue criticado por el quejoso.
En virtud de lo expuesto la vía de hecho no resulta hábil para enervar el juicio negativo de la instancia anterior, que -por esa razón- queda enhiesto en esta sede.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar -por improcedente- la queja traída por el defensor oficial Adjunto a favor de Cristian Emanuel Tolosa, con costas (art. 486 bis , CPP).
Regístrese, notifíquese, y, oportunamente, archívese.-
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°09
Fin de la sentencia