Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129226
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar, con costas, la queja interpuesta a favor de C.J.C. (art. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
II. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor José María Calabria por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
"C.J.C. S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 35.800 DE LA CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DE MERCEDES, SALA I".
La Plata, 29 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 129.226-RQ, caratulada: "C.J.C. s/ Recurso de queja en causa N° 35.800 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, Sala I",
I. Conforme surge de las copias acompañadas por la parte, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, el 13 de junio de 2017, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos a favor de C.J.C. contra la decisión de ese mismo órgano que confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 2 que lo había condenado a la pena de cuatro años de prisión, multa de mil pesos, accesorias legales y costas, por hallarlo autor de los delitos de facilitación de la prostitución, en concurso ideal con explotación económica del ejercicio de la prostitución, en concurso real con tenencia de arma de fuego de uso civil (v. fs. 1/3 vta.).
II. Contra esa decisión, el Defensor Particular del nombrado doctor José María Calabria- dedujo queja (v. fs. 38/45).
Sostuvo que a través del recurso de inconstitucionalidad (arts. 489 y 490 del CPP), a pesar de que la Cámara no lo advirtió, la defensa planteó la invalidez de la regulación del juicio abreviado por vulnerar los principios de inmediación, juicio previo, publicidad y el art. 18 de la Constitución nacional (v. fs. 39 vta./40).
Luego, indicó que a través de la vía extraordinaria de nulidad cuestionó que se haya declarado inadmisible el recurso de apelación por considerar infundado el agravio relativo a la inconstitucionalidad de los arts. 395 a 400 del Código Procesal Penal Dijo que en el caso concurrían los supuestos previstos en el art. 491 del Código Procesal Penal y 161 3 b° de la Constitución provincial, porque "no se da el correcto tratamiento a una cuestión esencial planteada" (v. fs. 40/41).
En lo que concierne a la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, cuestionó que la Cámara rechazó la tacha de arbitrariedad y la violación al debido proceso, todos ellos agravios de carácter federal que a su entender- habilitaban el tránsito por el Superior Tribunal provincial (v. fs. 41/42).
Denunció que el Tribunal de Alzada se extralimitó en sus atribuciones e ingresó al análisis de la procedencia del recurso, al evaluar la existencia o no de las cuestiones federales, en especial en torno a la tacha de arbitrariedad (v. fs. 42 y vta.).
Concluyó en que la resolución en crisis asimiló los conceptos de admisibilidad y procedencia, expidiéndose respecto del fondo de los reclamos, y no se ciñó al examen de la suficiencia técnica de los planteos (v. fs. 42/44 vta.).
III. De la lectura de la resolución atacada surge que la Cámara, en lo que concierne al recurso extraordinario de nulidad, señaló en primer lugar que no advertía que a lo largo de este proceso se hubiese cuestionado alguna vez la validez constitucional del juicio abreviado. De seguido, indicó que los agravios de la parte no se habían articulado en los términos del art. 168 de la Constitución provincial pues en rigor- el recurrente intentaba controvertir el acierto de lo resuelto, cuestión detraída de aquella vía recursiva.
En lo que refiere al agravio relativo a la calificación legal, expresó que no había sido objeto de tratamiento en la sentencia en crisis por "no encontrarse debidamente motivado el requerimiento en tal sentido" (fs. 3).
En cuanto al recurso extraordinario de inconstitucionalidad, sostuvo que el planteo resultaba extemporáneo, pues no había sido introducido y mantenido en todas las instancias, conclusión que acompañó con doctrina de la Corte federal.
Luego, manifestó que los reclamos federales denunciados no trascendían de una mera oposición a lo resuelto, por lo cual resultaban insuficientes para evidenciar las transgresiones invocadas, quedando sin sustento la tacha de arbitrariedad. En cuanto a la denuncia de transgresión del debido proceso legal manifestó que la fundamentación de la cuestión federal no se satisface con la mera referencia a mandatos de índole constitucional y la reedición de objeciones (v. fs. 1/3 vta.).
IV. La queja es improcedente (arts. 486 bis del CPP).
1. En efecto, en cuanto a la vía contemplada en el art. 491 del Código Procesal Penal, si bien de la reseña efectuada en el acápite "III" se advierte que el Tribunal de Alzada efectuó consideraciones que traspasaron los límites formales del art. 486 del Código Procesal Penal, lo cierto es que la defensa omitió demostrar que los reclamos esgrimidos encuadrasen en las causales previstas para el mentado carril recursivo. En ese sentido, no se encargó de evidenciar que -contrariamente a lo fallado- los cuestionamientos excedían la mera confrontación con el acierto o error de lo decidido, y hubiesen sido propuestos ante el órgano revisor.
2. Idéntico déficit ostenta la presentación directa en punto a la no concesión del recurso extraordinario de inconstitucionalidad pues, frente a lo decidido por el a quo en torno a la extemporaneidad del planteo constitucional, el quejoso se dedicó a reiterar las incompatibilidades que a su entender presenta el instituto del juicio abreviado con la garantía del debido proceso entre otras- sin controvertir el déficit señalado por la Cámara, ni demostrar haber planteado un caso constitucional en los términos previstos en el art. 489 del Código Procesal Penal
3. Por último, sin perjuicio de las imprecisiones en las que incurrió el Tribunal de Alzada al analizar la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley respecto de las cuales el recurrente nada dijo- el juicio negativo debe ser confirmado ya que las críticas de la parte no resultan eficaces para cuestionar sus fundamentos.
En efecto, tal como surge de los antecedentes del caso (v. acápite III) el a quo desestimó la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley en virtud de la falta de suficiencia en la articulación de las pretensas cuestiones federales, pues resultaban una mera oposición a lo resuelto, reeditaban los reclamos llevados en la oportunidad procesal anterior, y porque la simple referencia a mandatos constitucionales no abastecían el requisito de fundamentación.
Ante ello, el defensor se limitó a denunciar genéricamente que el a quo incurrió en exceso y a manifestar que las cuestiones aludidas se desarrollaron con "meridiana claridad", sin ningún anclaje en las particularidades del caso y sin hacerse cargo de las falencias específicas señaladas por el Tribunal de Alzada; esas meras afirmaciones dogmáticas dejan incólume la insuficiencia decretada a su respecto.
V. En cuanto a la regulación de honorarios, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
I. Rechazar, con costas, la queja interpuesta a favor de C.J.C. (art. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
II. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor José María Calabria por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31 dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
Lucia Jofre
Subsecretaria
Fin de la sentencia