Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129223
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, con costas, la queja interpuesta a favor de Juan Pablo Tourret (art. 486 bis y concs. del CPP).
2Diferir para su oportunidad la regulación de los honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
La Plata, 27 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 129.223-RQ, caratulada: "Tourret, Juan Carlos s/ Recurso de queja en causa n° 35.349 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul",
I. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, el 9 de junio de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra la decisión de ese mismo órgano jurisdiccional que -en lo que aquí importa- confirmó la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 2 departamental que había condenado a Juan Pablo Tourret como autor de los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma en concurso real con lesiones leves agravadas por la relación de convivencia con la víctima, a la pena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional y costas, con imposición de pautas de conducta (v. fs. 27/29 vta.).
Para decidir de tal modo señaló que, ausente en el caso el requisito previsto en el art. 494 del Código Procesal Penal vinculado con el monto de pena, no se advertían motivos que obligaran a habilitar la intervención de esta Corte. Así, por un lado, puso de manifiesto que se había garantizado la doble conformidad judicial sobre la decisión por lo que no resultaba determinante la intervención de este Tribunal, al haberse dado cumplimiento al art. 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. En punto a la denuncia de arbitrariedad -luego de recordar los supuestos en los que procede, de acuerdo a la pretoriana doctrina edificada por la CSJN- señaló que los reclamos de la defensa no lograban evidenciar las anomalías postuladas, pues los cuestionamientos constituían una reedición de lo dicho en el recurso de apelación. Agregó que la tarea recursiva no resultaba idónea para patentizar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales cuyo desbaratamiento se alegó y lo debatido y resuelto en la sentencia que pretendía poner en crisis.
Expresó que la argumentación del recurrente constituía una mera discrepancia con lo decidido, en tanto, pese a reiterar la existencia de un absurdo valorativo, no hacía más que brindar una interpretación diferente de los elementos de prueba tomados por la cámara para decidir como lo hizo.
Por ello, concluyó que la presentación no resultaba eficaz para acreditar la conculcación de derechos denunciada (v. fs. 1/2 vta.)
II. Frente a ello los defensores particulares de Juan Pablo Tourret, doctores Julio César Vélez y Agustina Lomolino, dedujeron queja (v. fs. 26/37 vta.).
Afirmaron que, pese a la negativa del a quo, todos los cuestionamientos realizados por la parte respecto de la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada constituyen agravios constitucionales suficientes para habilitar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; concretamente, refirieron haber denunciado la vulneración de la defensa en juicio y el debido proceso, la arbitrariedad y el absurdo en la valoración probatoria (v. fs. 28).
Denunciaron que el fallo del Tribunal de Alzada resultó arbitrario, circunstancia que ameritaba la concesión del carril extraordinario. Indicaron que, contrariamente a lo afirmado en la resolución en crisis, allí se denunció el vicio referido y el absurdo en la valoración de la prueba y de las constancias del caso, en los términos de los arts. 18 y 33 de la Constitución nacional, 9 y 43 de la Constitución provincial (v. fs. 28 vta./29).
De seguido, reprodujeron fragmentos de la sentencia del Tribunal de Alzada y del recurso extraordinario local. Así, en el acápite "Agravios" (v. fs. 32) reiteraron los cuestionamientos referidos a la tipicidad (v. fs. cit. y vta.), a la arbitrariedad en la valoración probatoria (v. fs. 32 vta./33 vta.), a la inexistencia de dolo (v. fs. 33 vta./35 vta.) y a la inimputabilidad de su asistido (v. fs. 35 vta./36 vta.).
III. La queja formalizada es impr ocedente (art. 486 bis del CPP).
Ello toda vez que la defensa particular no ha logrado conmover los lineamientos desarrollados por la Cámara para sustentar la denegación del carril extraordinario.
En efecto, de la reseña efectuada en el acápite "I" surge que la declaración de inadmisibilidad del remedio impugnativo radicó en que las pretensas cuestiones federales no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesarias para habilitar la instancia extraordinaria.
Frente a ello, la defensa no se ocupó de evidenciar que las argumentaciones allí esgrimidas trascendieran de una reedición de los planteos llevados en el recurso de apelación, y que la tacha de arbitrariedad dirigida contra la valoración de la prueba configurara algo más que una mera discrepancia con la interpretación de los elementos de cargo ponderados por la Cámara.
Esta tarea no fue siquiera intentada por los quejosos, que se limitaron a afirmar dogmáticamente haber planteado acabadamente agravios de cariz constitucional y a reproducir en forma textual los planteos llevados en la vía extraordinaria (v. recurso de inaplicabilidad de ley de fs. 8/12 vta. y fs. 32/36 vta.).
De esta manera, no han logrado evidenciar de qué manera las garantías constitucionales llevadas en respectivo carril extraordinario se vinculaban con lo debatido y resuelto en caso.
IV. En cuanto a la regulación de honorarios, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, con costas, la queja interpuesta a favor de Juan Pablo Tourret (art. 486 bis y concs. del CPP).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de los honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia