Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 130079
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por la señora defensora oficial del imputado Juan Oscar Lamoure (arts. 486 bis según ley 14.647- y concs., CPP).
"LAMOURE, JUAN OSCAR S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 35.282 DE LA CÁMARA DE APELACION Y GARANTIAS EN LO PENAL DE AZUL".
La Plata, 28 de febrero de 2018.
La presente causa P. 128.079-RQ, caratulada: "Lamoure, Juan Oscar s/ Recurso de queja en causa N° 35.282 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, merced al pronunciamiento dictado el 14 de noviembre de 2017, declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley interpuestos contra la decisión de dicho órgano jurisdiccional que rechazó el remedio de la especialidad deducido frente a la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 2 departamental que condenó a Juan Oscar Lamoure como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio culposo y lesiones graves culposas ambos agravados por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor- y lesiones leves culposas dos hechos-, todos en concurso ideal, imponiéndole la pena única de tres años de prisión efectiva y de diez años de inhabilitación especial para conducir toda clase de vehículos que requieran para ello una licencia o autorización estatal; y acumuló la misma con la de seis meses de prisión en suspenso condicionalidad que expresamente se revocó- que se aplicara al nombrado en causa n° 445/2013, en trámite ante ese mismo Juzgado, dictando la pena única de tres años y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo y de diez años de inhabilitación especial para conducir toda clase de vehículos que requieren para ello una licencia o autorización estatal (v. fs. 2/5).
I.1. Para así decidir, y en lo que concierne al recurso de inconstitucionalidad, sostuvo que dicha vía sólo era admisible en el supuesto en que en las instancias ordinarias se hubiera controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyeran sobre materia regida por la Constitución local. De ahí su inviabilidad en razón de que la defensa no había realizado ningún cuestionamiento de ese tipo (v. fs. 2 vta.).
Agregó que el único pedido de inconstitucionalidad formulado lo era con respecto al art. 494 del Código Procesal Penal, a fin de dejar sin efecto el límite mínimo de pena privativa de libertad establecido para la procedencia del recurso de inaplicabilidad de ley y, de esa forma, dejar abierta la vía para un posible recurso federal (art. 14 de la ley 48) para plantear en él, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuestiones de esa índole que pudiesen encontrarse involucradas, a partir de los fallos "Strada" (Fallos; 308:490), "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) y "Christou" (Fallos: 310:324). Concluyó que se trataba de un tema propio de ese último recurso que resultaba ajeno al que se estaba analizando (v. fs. 3).
I.2. Con relación al carril previsto en el art. 494 del Código Procesal Penal, consideró que resultaba improcedente en razón de la sanción impuesta en autos desde que la misma no superaba el monto mínimo de diez años (v. fs. 3 vta./4).
Explicó que si bien era cierto que la restricción señalada no era definitivamente excluyente pues debía ser obviada ante determinados supuestos que obligaban a conceder el recurso para habilitar la intervención de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires-, lo concreto era que en este caso no concurría ninguno de ellos.
Ello pues "[l]a sentencia de segunda instancia es confirmatoria de la del órgano de juicio, por lo que no se encuentra en crisis el principio del doble conforme (art. 8.2.h de la CADH; 14.5 del PlDCyP) que, de no haberse producido, determinaría la intervención del más alto Tribunal de la Provincia a fin de alcanzar ese cometido (...). Tampoco se advierte la existencia de una afectación constitucional que tornara al recurso de inaplicabilidad de ley como la vía idónea para llegar al Superior Tribunal de la causa y, de esa forma, cumplir con el recaudo de admisibilidad de un eventual remedido federal (art. 14 de la ley 48) para plantear en él, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuestiones de esa índole que pudiesen encontrarse involucradas, conforme lo estableció la CSJN a partir de los fallos 'Strada' (Fallos; 308:490), 'Di Mascio' (Fallos: 311:2478) y 'Christou' (Fallos: 310:324)" -fs. 4-.
En tal sentido, señaló que al no haber sido invocado ninguno de los motivos contenidos en el art. 14 de la ley 48, quedaba analizar la supuesta arbitrariedad del fallo conforme lo aducía la parte recurrente.
Este vicio fue descartado en razón de que la defensa no había conseguido evidenciarlo, pues su tarea recursiva era inidónea para patentizar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales cuyo desbaratamiento había denunciado y lo debatido y resuelto en la sentencia que pretendía poner en crisis (v. fs. 4 vta.).
Expuso que para corroborar lo dicho bastaba observar que la recurrente, en su argumentación, no trascendía de manifestar que discrepaba con lo decidido pero sin aducir omisiones o desaciertos de gravedad extrema por cuya causa las sentencias quedarían descalificadas como acto jurisdiccional.
Sumó a ello que se observaba "...que se reiteran textualmente lo dicho al interponer el recurso de apelación, omitiendo que esas expresiones no tenían la entidad para controvertir lo resuelto; en la primigenia presentación la recurrente no individualiza en forma concreta y especifica aquellos vicios que justifican su impugnación, no ha enunciado de manera clara, expresa y precisa los motivos de su crítica a los argumentos que el Juez de grado ha dado para dictar su pronunciamiento condenatorio, limitándose, como técnica recursiva, a la reedición de los lineamientos defensivos invocados en los alegatos... habiendo sido ellos abordados, pormenorizadamente, por el a quo en la sentencia..." (v. fs. cit.).
En definitiva, concluyó que la presentación no resultaba eficaz en acreditar la conculcación de derechos que autorizasen una intervención de índole federal y que, por tal razón, no existían motivos para sortear la limitación establecida por el art. 494 del Código Procesal Penal.
II. Frente a lo así resuelto, la señora defensora oficial presentó recurso de queja a favor de su asistido (v. fs. 6/16 vta.).
En lo que hace a los fundamentos, señaló que esa parte había planteado en el escrito impugnativo la inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal, dado que al formularse una cuestión de naturaleza federal, las limitaciones de dicha norma debían ceder, conforme los precedentes "Strada" y "Di Mascio" de la Corte federal (v. fs. 7 y vta.).
Conforme la doctrina que surge de los citados fallos, entendió que la Cámara de Azul debió haber admitido el recurso interpuesto y avocarse a la cuestión de fondo (v. fs. 9 vta.).
Insistió sobre el pedido de inconstitucionalidad de dicho precepto rituario.
En el acápite titulado "PROCEDENCIA" (v. fs. 11 vta.), indicó que no compartía el criterio esgrimido por el señor juez en lo Correccional que declaró inadmisible el recurso de apelación, como así tampoco la pena impuesta (v. fs. 12).
Discrepó con lo decidido por la Cámara y remarcó que la reiteración de agravios se efectuó indicando los aspectos de la resolución que no se encontraban acorde a derecho. Agregó que no debía privarse a su defendido del derecho a recurrir y citó el fallo "Herrera Ulloa" (v. fs. 12 vta.).
En tal sentido, estimó que no era correcto desestimar un recurso porque se reiteraban los cuestionamientos planteados y resueltos en la primera instancia (v. fs. 13). Y, en definitiva, adujo que la Cámara "...debió ingresar en la revisión de las circunstancias de hecho y derecho que se plantearon en el recurso oportunamente interpuesto. La resolución reitera los fundamentos expuestos por ésta parte, los que considera insuficientes y confirma la resolución del Señor Juez Correccional sin revisar la sentencia de condena impuesta como esta parte lo pidió" (v. fs. 13 vta.).
Luego, volvió sobre la inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal, reiterando lo ya dicho y sumando que en el presente caso "...se denuncia la violación del derecho al debido proceso judicial, el de legalidad y el derecho a la doble instancia [...] por parte de la Excelentísima Cámara de Garantías, y en virtud de ello, es que el superior Tribunal Provincial debe admitir el presente recurso y tratar e[l] fondo de la cuestión sin ampararse en impedimentos formales, toda vez que no puede eludir el tratamiento de la cuestión federal planteada" (v. fs. 14).
De ahí que afirmó que si dicha norma impedía el tratamiento de cuestiones federales, no quedaba otra alternativa que declarar su inconstitucionalidad (v. fs. 16)
Por último, aludió a la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial (v. fs. 17), denunciando la afectación al debido proceso y defensa en juicio por parte de la Cámara, como así también la transgresión al doble conforme al desestimarse los recursos presentados (v. fs. 17 vta.).
III. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis del CPP).
Ello pues la defensa no se hace cargo de los argumentos en base a los cuales se desestimaron los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley, dejando incontrovertido el juicio de admisibilidad negativo elaborado por el Tribunal de alzada.
En efecto, aun cuando el órgano revisor se excedió en el juicio de admisibilidad al examinar el fondo de los reclamos formulados en la vía prevista en el art. 494 del Código Procesal Penal, lo cierto es que la parte nada dijo sobre el punto. Tampoco efectuó crítica alguna que se vincule directamente con las razones por las cuales se declaró inadmisible el recurso extraordinario de inconstitucionalidad.
De este modo, la señora defensora se limitó efectuar una reedición textual (aunque desordenada) de los argumentos oportunamente desarrollados en el escrito impugnativo (v. fs. 428/443 de la causa P. 130.128, acollarada por cuerda a la presente), sin remover los obstáculos formales que sustentaron la desestimación los recursos locales, ignorando por completo- la motivación de dicho pronunciamiento.
Por todo lo expuesto, el contenido de la queja no cumple con la carga estipulada en el art. 484 del Código Procesal Penal en tanto no procura controvertir la inadmisibilidad decretada sino más bien la sentencia de la Cámara de Apelación y Garantías que confirma la condena de primera instancia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la señora defensora oficial del imputado Juan Oscar Lamoure (arts. 486 bis según ley 14.647- y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia