Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129179
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, por inadmisible, la queja traída (art. 486 bis del CPP -según ley 14.647-).
2Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Matías Torres de la Puerta, por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de 25-X-2017).
La Plata, 14 de marzo de 2018.
La presente causa P. 129.179-RQ, caratulada: "Valerdi, Cristian Adrián S/ Recurso de queja en causa n° 35.129 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal de Azul",
I. Conforme se desprende de las piezas aportadas por el presentante, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul, mediante el pronunciamiento dictado el 5 de junio de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa técnica de Cristian Adrián Valerdi (v. fs. 10/11 vta.).
Para arribar a tal decisorio, sostuvo que en el caso no se encontraban reunidos los presupuestos exigidos por el art. 494 del Código Procesal Penal en tanto el encausado había sido condenado a una pena inferior a diez años y no concurría ningún supuesto de excepción que habitara la intervención de esta Suprema Corte. Luego explicitó que, por un lado, en autos no se encuentra afectado el doble conforme -arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-; y, por otro, que no se observa una cuestión de naturaleza constitucional que en los términos de la doctrina sentada por la Corte nacional en "Strada", "Di Mascio" y "Christou" amerite el tránsito recursivo ante ésta instancia, a los fines del acceso de los reclamos al Tribunal Superior (v. fs. 10 vta./11).
De seguido, reparó en la arbitrariedad alegada por la defensa y recordó la doctrina del cimero Tribunal sobre el tópico, para concluir que la labor de la parte no logró poner en evidencia -siquiera conjeturalmente- las anomalías que denunciara, de modo que su tarea no resultó "idónea para patentizar la relación directa e inmediata" entre las garantías que estimó vulneradas y lo resuelto en el caso (v. fs. 11).
Estimó que el recurrente "pese a reiterar constantemente la existencia de un absurdo valorativo, no hace más que brindar una interpretación diferente a los elementos de prueba tomados por la Cámara" pero "no trasciende de manifestar que discrepa con lo decidido [...] sin aducir omisiones o desaciertos de gravedad extrema por cuya causa la sentencia quede descalificad como acto jurisdiccional" (fs. 11 cit.).
Finalmente, razonó que "la presentación no fue eficaz en acreditar la conculcación de derechos que autoricen una intervención de índole federal y que, por tal razón, no existen motivos para sortear la limitación establecida por el art. 494 del CPP" (fs. cit. y vta.).
II. Frente a ello, el señor Defensor Particular -doctor Matías Torres de la Puerta- articuló recurso de queja (v. fs. 27/31 vta.).
Denunció, esencialmente, que el fallo del Tribunal de Alzada desconoció la cuestión federal planteada, la alegada inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal e incurrió en exceso al realizar el examen de admisibilidad de la vía articulada.
Así, se disconformó con el juicio de admisibilidad realizado por el tribunal recurrido en cuanto estimó, en primer término, que no se encontraba en crisis el principio del doble conforme -arts. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos- y sostuvo que a contrario de lo decidido, el recurso de inaplicabilidad de ley versó sobre aquellos aspectos de la sentencia que no resultaron favorables para su asistido (v. fs. 27 vta./28).
Afirmó luego que el a quo desconoció el planteo de inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal esbozado por la defensa en virtud de las limitaciones objetivas que impone y por impedir que el más alto Tribunal de la Provincia controle la constitucionalidad de los fallos correccionales, ello en violación al doble conforme (v. fs. 29 vta.).
En ese derrotero, arguyó -en puridad- que, de conformidad con la doctrina sentada por la Corte federal debió darse tratamiento a las cuestiones federales esgrimidas, vinculadas con la afectación al debido proceso y la defensa en juicio. Así, refirió que en el remedio local "se denunció la errónea aplicación de artículos del código penal, cuestión abarcada por los derechos que la Constitución Nacional en su artículo 18, ampara[n] al imputado" (fs. 29 y vta.).
Señaló que los sentenciantes se arrogaron una facultad que no les es propia al decidir que el fallo del Tribunal de Alzada no evidenciaba defectos graves de fundamentación o razonamiento y que, al mismo tiempo, se excedieron en su función de examinar la admisibilidad en los términos del art. 486 del código de rito, al referirse específicamente a los agravios relativos a la errónea aplicación de la ley sustantiva para fundar la denegatoria (v. fs. 29 vta./30 vta.).
Aseveró que en consecuencia "asimilaron erróneamente los conceptos de admisibilidad y procedencia, soslayando el hecho de que la Cámara sólo se encontraba facultada para analizar los recaudos formales de admisibilidad del recurso interpuesto y no así para evaluar la suficiencia técnica del mismo" (fs. 30 vta.).
III. La queja no prospera en tanto la defensa no controvirtió eficazmente el juicio de admisibilidad negativo (art. 486 bis del CPP).
En efecto, las manifestaciones de la parte no resultan eficaces para remover dicho obstáculo formal, pues no hizo ningún esfuerzo por evidenciar la relación directa e inmediata entre los agravios desarrollados en la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley y la sentencia de cámara, reeditando -en rigor- los argumentos expuestos en el carril extraordinario desestimado.
Por otra parte, la denuncia de exceso en la jurisdicción tampoco puede tener acogida favorable. El argumento central de la desestimación radica en la falta de aptitud técnica de los embates constitucionales, siendo este extremo parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647; P.125.455, resol. del 13-V-2015, P. 125.523, resol. del 20-V-2015, P. 125.506, resol. del 3-VI-2015, P. 125.630, resol. del 17-VI-2015, P. 125.577, resol. del 17-VI-2015, e.o.). En definitiva, el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad.
IV. En el caso, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley -que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios- al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, por inadmisible, la queja traída (art. 486 bis del CPP -según ley 14.647-).
2. Diferir, para su oportunidad, la regulación de los honorarios profesionales del doctor Matías Torres de la Puerta, por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia