Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129282
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, con costas, la queja interpuesta a favor de Cristian Orlando Peralta (arts. 481, 486 bis y concs., CPP según ley 14.647).
2Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
La Plata, 21 de marzo de 2018.-
La presente causa P. 129.282-RQ, caratulada: "Peralta, Cristian Orlando s/ Recurso de queja en causa n° 35.497 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul",
I. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, el 23 de junio de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado a favor de Cristian Orlando Peralta contra el pronunciamiento de ese mismo órgano jurisdiccional que, luego de admitir la queja, rechazó el recurso de apelación intentado y confirmó la resolución dictada por el Juzgado en lo Correccional n° 2 departamental que dispuso hacer efectiva la pena de inhabilitación impuesta oportunamente en el marco de la causa n° 312/2011 (v. fs. 146/147 vta.).
II. Frente a lo así decidido, el señor defensor particular del nombrado -doctor Gabriel Hernán Di Giulio- dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 166/173).
Denunció que la decisión impugnada incurrió en un exceso al ejercer el control de admisibilidad, ingresando en el mérito de los fundamentos del recurso, contestando y considerándolos insuficientes o carentes de entidad para conmover la motivación del fallo atacado, lo que afecta los arts. 482, 483, 484 y 494 del Código Procesal Penal como así también las garantías de inviolabilidad de la defensa en juicio e imparcialidad (v. fs. 169). Así, reseñó la respuesta del Tribunal de Alzada -la que tildó de dogmática y aparente- y concluyó que el control de admisibilidad fue desbordado, ingresando el a quo en el fundamento del recurso (v. fs. 170 y vta.).
Por otra parte, aludió a los planteos deducidos en la vía extraordinaria, indicando que la cuestión debatida revestía carácter federal a partir de la inteligencia de los arts. 18 de la Constitución nacional, 8.1 y 2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la inobservancia de los arts. 432 y 433 del Código Procesal Penal (v. fs. 171).
En este sentido, expuso que la sentencia impugnada por el recurso extraordinario se contrapone con la doctrina de la Corte nacional en cuanto "ha admitido el recurso pobre para imputados aun cuando no se encuentren privados de libertad", apartándose -además- del requisito formal consistente en el desistimiento expreso que debe acompañar el defensor (v. fs. cit. y vta.). Agregó que tal decisión se desentendía también de la falta de pronunciamiento jurisdiccional luego del traslado conferido a la defensa sobre el recurso promovido por Peralta en forma pauperis (v. fs. 171 vta.).
Por último, reiteró que la voluntad expresada por su asistido debió declararse admisible o inadmisible de acuerdo a lo estipulado por el art. 433 del Código Procesal Penal y que el art. 432 dispone que el defensor no puede desistir del recurso interpuesto por el imputado sin un mandato expreso en dicho sentido (v. fs. 172).
III. La inadmisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe confirmarse aunque por motivos distintos a los expuestos por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul (art. 486 bis del CPP).
A los fines de lograr una mayor claridad expositiva se realizará una reseña de los hitos relevantes del caso:
1. El 24 de febrero de 2016 esta Suprema Corte desestimó la queja formalizada por la Defensora Oficial a favor de Cristian Orlando Peralta (v. fs. 63 y vta.).
2. Efectivizada la notificación del nombrado, luce a fs. 64 el acta en donde manifiesta su voluntad recursiva. Conforme surge del informe actuarial efectuado en consecuencia y en cumplimiento de expresas directivas, se le comunicó vía telefónica al imputado -quien se encontraba en libertad- el estado de la causa, las posibilidades de defensa, como así también la no continuación de la impugnación por no encontrarse abastecidos los requisitos de la Acordada 4/2007 de la CSJN (v. fs. 65). En consecuencia, el señor Defensor de Casación Penal indicó que "habiendo canalizado en autos la tutela judicial de [su] asistido desde [esa] defensoría de casación a [su] cargo en amplitud del ejercicio de defensa (conf. art. 4 in fine Res. 273 SCBA) y sin presentación recursiva, [devolvió] las actuaciones para su remisión a la instancia" (v. fs. 161). En virtud de lo manifestado precedentemente, se remitieron copias certificadas de diversas piezas procesales a la Cámara de Apelación y Garantías (v. fs. 162).
3. Por otra parte, conforme surge de las constancias acompañadas por la defensa, el Juzgado en lo Correccional n° 2 de Azul, el 9 de marzo de 2016, no hizo lugar a la solicitud de que se declare la insubsistencia de la acción penal por violación del plazo razonable. Para así decidirlo, entendió que las decisiones emanadas de los órganos superiores fueron interrumpiendo el plazo prescriptivo. Así, efectuó una reseña de la actividad recursiva desplegada y, entre otros argumentos, señaló que la decisión de esta Corte que desestimó la queja por inadmisible había clausurado definitivamente la vía impugnativa y otorgado firmeza a la sentencia condenatoria (v. fs. 92/93 vta.).
Tal pronunciamiento, fue confirmado -en primer lugar- por la Cámara de Apelación y Garantías de Azul (v. fs. 103/106) y -posteriormente- por la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal (v. fs. 83/87 vta.), encontrándose ésta última consentida conforme surge de las constancias obrante a fs. 88 -notificación de la Defensa Oficial- y a fs. 90 -notificación del imputado-.
4. Posteriormente, el 20 de marzo de 2017, el Juzgado Correccional n° 2 de Azul -previo a la realización del cómputo de pena y tras la firmeza de la sentencia dictada en autos- ordenó, en los términos de los arts. 506 y 507 segundo párrafo del Código Procesal Penal, el inicio de la ejecución de la sanción de inhabilitación especial a partir del momento de la notificación de ese decisorio al condenado Peralta (v. fs. 7 y vta.).
Impugnado dicho pronunciamiento, el citado órgano declaró inadmisible el recurso de apelación deducido. Para fundar tal decisión, sostuvo que en oportunidad de rechazar el planteo de la defensa de extinción por insubsistencia de la acción penal contra Peralta -resolución del 9 de marzo de 2016- ese Juzgado se había referido a la decisión de esta Suprema Corte que desestimó por inadmisible la queja interpuesta y consideró que esa decisión clausuraba definitivamente la vía impugnativa y otorgaba firmeza a la sentencia condenatoria. Agregó que dicha decisión fue compartida en todos sus fundamentos por la Cámara y posteriormente ratificada por el Tribunal de Casación, notificándose el causante y su defensa sin manifestación impugnativa alguna. Explicó que dicha notificación se cumplió con anterioridad a la disposición ahora impugnada lo que contradice el desconocimiento del causante alegado por la defensa acerca del curso del trámite procesal y el estado de la causa (v. fs. 24/25 vta.).
Cabe agregar que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, el 11 de mayo de 2017, declaró admisible la queja y rechazó -por improcedente- el recurso de apelación intentado (v. fs. 115/118). Impugnada tal decisión, el citado órgano -el 23 de junio de 2017- declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 146/147 vta.), motivando la presentación de la queja ahora en estudio.
IV. Ahora bien, de la reseña efectuada en el punto anterior surge que el obstáculo formal para la concesión del carril en cuestión radica en que el impugnante carece de legitimación para recurrir, en tanto pretende renovar ex novo una pretensión (vinculada a la ausencia de firmeza de la decisión que impuso la pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional y seis años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos) que, no fue mantenida debidamente a lo largo del proceso por lo que precluyó la posibilidad de controvertir lo decidido sobre el punto (art. 481 del CPP).
Es decir, contra el fallo de casación que confirmó la decisión del Juzgado en lo Correccional que había señalado que la resolución de esta Corte -que desestimó la queja por inadmisible- clausuraba definitivamente la vía impugnativa y otorgaba firmeza a la sentencia condenatoria, el imputado como su defensa no efectuaron ningún tipo de cuestionamiento.
En definitiva, el recurrente pretende ahora renovar ex novo la discusión sobre un extremo que quedó consentido.
V. Asimismo, corresponde señalar que el pronunciamiento impugnado no transitó por el Tribunal de Casación Penal, órgano habilitado por ley previo a la intervención de esta Corte.
En efecto, el Tribunal de Casación Penal es el órgano intermedio previo al paso por esta Corte y, salvo los casos en los que el legislador ha establecido un diagrama recursivo específico prescindiendo del tránsito por ante dicho órgano, no es posible soslayar su paso obligado a fin de habilitar la posterior intervención de esta Suprema Corte (conf., mutatis mutandis , P. 109.279, resol. de 18-VIII-2010; P. 118.953, resol. de 11-X-2012; P. 119.509, resol. 24-IX-2014; P. 125.364, resol. de 11-III-2015, e/o).
En suma, siendo que lo que se recurre es un fallo de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal que confirmó una decisión dictada en los términos de los arts. 506 y 507 del Código Procesal Penal, la defensa debió articular -como lo hizo en el proceso en que se discutió la subsistencia de la acción penal- recurso de casación y no la vía prevista en el arts. 494 del Código Procesal Penal.
VI. Por último, y aun soslayando lo manifestado en los puntos IV y V, se advierte que los agravios del recurrente se vinculan con cuestiones de hecho acaecidas en el expediente lo que no encuadra en las previsiones del art. 494 del Código Procesal Penal, sin que consiga demostrar la existencia de una cuestión federal que habilite la intervención de esta instancia conforme lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de los precedentes "Strada" (Fallos: 308:490), "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) y "Christou" (Fallos: 310:324).
VII. En cuanto a la regulación de honorarios, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podrían vulnerar derechos adquiridos (conf. causa I-73.016, resol. de 8-XI-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Desestimar, con costas, la queja interpuesta a favor de Cristian Orlando Peralta (arts. 481, 486 bis y concs., CPP según ley 14.647).
2. Diferir para su oportunidad la regulación de honorarios profesionales por los trabajos desarrollados ante esta instancia (art. 31, segundo párrafo, dec. ley 8904/1977 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°306
Fin de la sentencia