Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129264
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa oficial a favor de Lucas Damián Córdoba (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
La Plata, 18 de octubre de 2017.-
La presente causa P. 129.264-RQ, caratulada: “Córdoba, Lucas Damián s/ Recurso de queja en causa nº 4.372 de la Cámara De Apelación Y Garantías De Pergamino”,
1. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Pergamino, mediante el pronunciamiento dictado el 22 de junio de 2017, resolvió no conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra la sentencia de ese mismo órgano jurisdiccional que confirmó la condena de dos meses de prisión de cumplimiento efectivo, más costas, impuesta a Lucas Daniel Córdoba en la causa n° 634/2016 de trámite por ante el Juzgado en lo Correccional n° 2 Departamental, por resultar autor penalmente responsable del delito de robo simple (v. fs. 16/18 vta.).
Para así resolver, liminarmente afirmó que el presente no encuadraba en los presupuestos del art. 494 del Código Procesal Penal, atento el monto de la pena impuesto (v. fs. 17).
Sentado ello, expresó que “[m]ás allá de la restricción cognoscitiva que emerge del art. citado precedentemente, cierto es que tampoco se verifica un supuesto de excepción que habilite la competencia de [esta Corte] ya que, por un lado, la sentencia de segunda instancia es confirmatoria de la del órgano de juicio, no encontrándose por ende en crisis el principio del doble conforme” (v. fs. cit.).
Agregó que “las críticas que desarrolla el recurrente se vinculan a temáticas de claro corte procesal, las que conforme su naturaleza resultan impropias para habilitar la competencia de la Corte (Fallos S.C.J. P. 125.392; 125.515)” y de seguido, trajo a colación lo resuelto por este Tribunal en P. 125.623 (v. fs. 17 vta.).
Expuso que dicha exigencia puede franquearse mediante un planteo de cariz federal introducido con la suficiencia y carga técnica necesarias a tal fin, situación que “no ha sucedido en el caso de marras” ya que el presentante “no fundamentó cuál es la directa relación entre lo decidido y los derechos y garantías reconocidos en la Carta magna que considera conculcados, sino que sólo se limitó a alegar un motivo casatorio que habilite su interposición” (fs. 17 vta./18).
Concluyó que la defectuosa formulación de los planteos de pretensa índole federal permitía descartar la concurrencia de algún supuesto de excepción que imponga dejar de lado el art. 494 del CPP (v. fs. 18).
2. Frente a ello, el señor defensor oficial -doctor José Alberto Raimundo- articuló recurso de queja (v. fs. 20/23 vta.).
Allí expresó que la denegatoria del recurso extraordinario afectó directamente derechos y garantías constitucionales de su asistido: derecho de defensa en juicio, debido proceso legal, derecho al recurso, y los principios de inocencia y republicano de gobierno así como la sana crítica racional y el deber de motivación (v. fs. 21).
Explicó que esta Corte ha dado trámite a los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley en base a la doctrina del absurdo probatorio o valorativo “permitiendo el ingreso de consideraciones relacionadas con la valoración de la prueba y la determinación de los hechos, consagrando [al mismo] como el carril idóneo para el tratamiento de cuestiones federales que ha permitido acceder [a esta Corte] por esta vía con planteos de índole procesal o de valoración de la prueba, en la medida que aquellos pudieran constituir una cuestión federal” (fs. cit. y vta.).
Apuntó que en autos aparece inobservada la ley sustantiva “puesto que se han afectado los derechos constitucionales del debido proceso legal y de la defensa en juicio -art. 18 de la CN-, situación que se origina a partir de la arbitrariedad del resolutorio cuestionado por ésta vía, ya que el mismo no ha respetado las exigencias de debida fundamentación que el Supremo Tribunal Federal al respecto establece” (fs. 19 vta. cit.).
Consideró que la resolución que no concedió el recurso incoado implicó el surgimiento de una cuestión federal con posterioridad a la interposición del referido remedio, lo cual -a su entender- “también habilita su revisión por parte de [esta] Suprema Corte”. Así, expuso que tal planteo de carácter federal no es otro que el privar al imputado del derecho al recurso (v. fs. 22 vta.).
Finalmente, insistió en que el pronunciamiento atacado -al denegar la vía extraordinaria por considerar que el pretenso agravio federal careció de la exigencia requerida a fin de sortear el valladar legal- se basó en una mera afirmación dogmática que, a su criterio, “resulta insuficiente para sostener la denegatoria” (fs. cit.).
3. La queja formalizada es improcedente.
De la reseña efectuada en el acápite 1 de la presente, se advierte que la defensa no se hace cargo de los fundamentos sobre los que la Cámara decidió no conceder el remedio extraordinario deducido.
Así, las críticas ahora esgrimidas no pasan de ser una opinión discrepante con el criterio sustentado por el a quo, en tanto se limita a decir que en aquel medio impugnativo se hallaba en juego una cuestión federal.
Para más, centra su discordancia en la mera alegación de que el órgano intermedio resolvió a partir de fórmulas dogmáticas que ni siquiera intenta identificar ni desbaratar.
En este escenario, los agravios traídos en la queja no logran conmover el juicio de admisibilidad negativo efectuado, pues la adjudicación de deficiente fundamentación del decisorio en crisis no pasa de ser un criterio particular del quejoso, si se considera que éste cuenta con las exigencias que el art. 486 del CPP prevé para la admisibilidad del recurso en cuestión.
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la defensa oficial a favor de Lucas Damián Córdoba (arts. 486 bis -según ley 14.647- y concs. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia