Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128449
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial a favor de Lucas Martín Machain (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
La Plata, 11 de octubre de 2017.-
La presente causa P. 128.449-RQ, caratulada: “Machain, Lucas Matías s/ Recurso de queja en causa N° 41.285 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Bahía Blanca, Sala II”,
I. La Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Bahía Blanca, mediante el pronunciamiento del 16 de diciembre de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra el fallo de ese órgano jurisdiccional que –a su vez- rechazó –por inadmisible- el recurso de la especialidad deducido contra la sentencia del Juzgado en lo Correccional Nº 1 departamental que había condenado –en lo que interesa- a Lucas Matías Machain a la pena de prohibición de concurrencia a partidos oficiales durante seis fechas en las que juegue el Club Bella Vista en el Torneo Federal “B” organizado por la AFA, por infracción al artículo 10 de la Ley 11.929 (fs. 21/24 vta.).
II. Frente a ello, la señora Defensora Oficial ante la aludida instancia, doctora Fabiana Paola Vannini, articuló recurso de queja (fs. 25/28 vta.).
Adujo que la decisión que motiva la presente resulta arbitraria por cuanto el a quo realizó un defectuoso análisis de admisibilidad del recurso incoado ya que se excedió ampliamente de las facultades con las que cuenta.
Explicó que de acuerdo a lo establecido por el artículo 486 del Código Procesal Penal la Cámara sólo puede controlar “si se trata de uno de los recursos que pueden deducirse ante la Suprema Corte, si hay sentencia definitiva y si el recurso es interpuesto en plazo y forma”, por lo que aquélla no puede analizar la procedencia o no de los agravios expuestos en el remedio extraordinario (fs. 26).
Indicó que el órgano intermedio “asimila -erróneamente- el análisis de admisibilidad con el estudio de la suficiencia (…) soslayando de plano el hecho de que sólo se encuentra facultado para analizar los recaudos formales de admisibilidad del recurso interpuesto, no así para evaluar la suficiencia técnica del mismo”; en tanto esto último implicaría estudiar la viabilidad o no del planteo de fondo de la cuestión federal alegada.
Luego de transcribir parcelas del auto denegatorio, observó –en relación al criterio sostenido por el a quo sobre la inexistencia de un interés directo para recurrir- que la sentencia condenatoria resulta ser el acto procesal en el que por un lado el infractor ve perjudicado sus intereses de manera directa y por ello la defensa se ve totalmente legitimada para asistirlo y, en consecuencia, recurrir dicha resolución (fs. 26 vta./27).
Exteriorizó que la resolución que motiva esta queja vulneró lo previsto en los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución nacional; 11 y 15 del Constitución provincial; 1, 8.2.h y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en relación con el derecho de acceder a la jurisdicción y obtener una efectiva protección por parte del Poder Judicial (fs. 27 vta.).
En sustento de ello, citó lo resuelto por esta Corte en la causa P. 125.630, “Pradena Millán, Heriberto” (fs. cit./28).
III. La queja formalizada es improcedente.
1. Para arribar al pronunciamiento desestimatorio la alzada liminarmente refirió que en autos no se encuentran abastecidos los recaudos contemplados en el artículo 494 del Código Procesal Penal; por lo que se abocó a verificar el planteo de alguna cuestión federal.
En dicho marco, expuso que si bien el presentante había denunciado que la denegatoria del recurso de apelación implicaba la transgresión de la garantía de la revisión amplia así como la vulneración del derecho al recurso y a la doble instancia, lo cierto era que la parte se había desentendido de lo efectivamente fallado, en tanto había desestimado por inoportunos los planteos llevados a su conocimiento. En esa senda, reveló que ello se traduce en una “técnica inidónea que le permita demostrar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales que entendió afectadas y lo debatido y resuelto”.
Con mención del artículo 495 del código de rito, advirtió que el medio impugnativo intentado, bajo sanción de inadmisibilidad, debe tener la fundamentación necesaria para que se baste así mismo, lo que no aconteció en autos.
Finalmente, en punto a la genérica referencia de gravedad institucional y jurídica mencionada por la parte, señaló que esas críticas exceden el acotado marco del recurso en examen, en tanto el quejoso no demostró que la cuestión en debate exceda el interés individual ni que afecte al de la comunidad ni a la administración de justicia (fs. 24).
b. De lo reseñado, y más allá de la impertinente cita del artículo 495- no se advierte que el tribunal recurrido haya excedido el juicio de admisibilidad que le concierne efectuar.
Pues, como tiene dicho este Tribunal, el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (cfe. doct. arts. 483, 486, 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647; P. 125.455, resol. del 13-V-2015; P. 125.506, resol. del 3-VI-2015, P. 126.793, resol. del 15-VI-2016; P. 126.939, resol. del 28-IX-2016; P. 127.655, resol. del 21-XII-2016; P. 127.845, resol. del 29-III-2017; causa P. 128.008, resol. del 19-IV-2017; P. 127.870, resol. del 21-VI-2017).
En definitiva, en contra del reproche efectuado por la defensa, surge evidente que el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor sino simplemente compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad.
De este modo, aquélla no desarrolló ningún argumento eficaz tendiente a remover el obstáculo formal en base al cual se desestimó el remedio impugnativo.
En función de lo expuesto, la tacha de arbitrariedad quedó huérfana de sustento argumental.
IV. El cuestionamiento en torno a la afectación de los derechos de defensa, al recurso y acceso a la jurisdicción (arts. 8.2.h. de la CADH y 14.5 del PIDCyP) resulta infructuoso en tanto la quejosa no logró demostrar la relación directa e inmediata entre los derechos que dice vulnerados y lo debatido y resuelto en el caso (art. 15 de la ley 48).
V. Finalmente, cabe destacar en lo que respecta a lo resuelto por esta Suprema Corte en la causa P. 125.630, que la recurrente no se hace cargo de las diferencias causídicas entre dicho precedente y las concretas circunstancias del presente de modo tal de explicitar por qué, pese a esas relevantes diferencias, aquí se debía resolver en similar sentido. Esa tarea no ha sido siquiera intentada en tanto la parte se ha limitado a traer a colación fragmentos de dicho pronunciamiento sin una adecuada vinculación con lo debatido y decidido en las presentes actuaciones.
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por la señora Defensora Oficial a favor de Lucas Martín Machain (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia