Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128985
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley, con costas (arts. 493, 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 19 de diciembre de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, de Lázzari, Soria, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 128.985-RQ, "Bagnatori, Jorge Ariel s/ Recurso de queja en la causa 41.826 del Tribunal de Casación Penal, Sala I".
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 1 de marzo de 2012, por mayoría, hizo lugar parcialmente al recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, que había condenado a Jorge Ariel Bagnatori a la pena de treinta y tres años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de armas víctima M. G., hecho I-; abuso sexual agravado por el uso de armas en concurso real con robo calificado por uso de armas víctima M. D., hecho II-; abuso sexual agravado por el uso de armas en concurso real con robo calificado por uso de armas víctima J. M. A., hecho III-; robo calificado por el uso de armas en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado en varias oportunidades y por distintas vías agravado por el uso de armas víctima N. I. R., hecho IV- y abuso sexual víctima S. C. W., hecho V-, todos en concurso real entre sí.
En consecuencia, casó la sentencia, eliminó la agravante basada en la circunstancia de haberse cometido cinco hechos en un lapso de menos de dos meses (entre setiembre y noviembre de 2006) y aun cuando por ese entonces regía la reforma introducida por la ley 25.928 al art. 55 del Código Penal, resolvió, haciendo lugar al planteo introducido en el memorial de la defensa de fs. 47/55 vta., aplicar las previsiones anteriores de dicha disposición, condenando en definitiva a Jorge Ariel Bagnatori a la pena de 25 años de prisión, accesorias legales y costas, por los mencionados delitos motivo de reproche (v. fs. 66/75, con relación a fs. 6/29).
Contra esa decisión, el señor fiscal ante aquella instancia, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 90/96) que sostenido por la Procuración General (v. fs. 111/115), motivó el pronunciamiento de esta Corte emitido el 5 de noviembre de 2014, por el cual se hizo lugar a la impugnación de la fiscalía, dejándose sin efecto el fallo de la casación por haberse apartado del texto expreso del art. 55 del Código Penal aplicable al caso, con el consecuente reenvío de las actuaciones a esa sede para que se determinase la pena en función de lo resuelto (v. fs. 121/127 vta.).
En cumplimiento de ello, la Sala I del Tribunal de Casación, con nueva integración, dictó sentencia el 2 de febrero de 2016 por la que condenó a Jorge Ariel Bagnatori a la pena de treinta y dos años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por el cuadro incriminatorio ya referido (v. fs. 150/152 vta.).
Ante lo así resuelto, el señor defensor oficial ante ese órgano revisor, doctor Mario Luis Coriolano, dedujo los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 158/168), cuya declaración de inadmisibilidad por la Sala interviniente (v. fs. 181/183 vta.) originó la presentación de la queja pertinente (v. fs. 263/273 vta.), a la que esta Corte hizo lugar concediendo ambas vías impugnativas (v. fs. 274/276).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 284/287 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 288) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
Caso negativo:
2a) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Denuncia la defensa que la sentencia que impugna incurrió en la violación del art. 168 de la Constitución provincial, al no tratar el planteo formulado por esa parte en el recurso de casación que provocó el dictado del fallo anterior de esa sede del 6 de marzo de 2012, pronunciamiento que conforme da cuenta la relación de antecedentes, la Fiscalía recurrió con éxito ante esta Corte por la vía de inaplicabilidad de ley que, en tanto procedente en lo que atañe a la fijación de la pena, determinó el reenvío de las actuaciones a la instancia casatoria para que se expidiera con ese alcance, lo que así hizo mediante el decisorio del 2 de febrero de 2016 que es aquí cuestionado por el señor defensor oficial (v. fs. 161 vta./163 vta.).
Si bien considera entendible que en la primera intervención del a quo no hubiese sido examinada la crítica llevada en el recurso de casación acerca de la excesiva cuantía de pena, en la medida que resolvió acoger la pretensión que con igual objetivo fue introducida en el memorial siguiente de fs. 47/55 vta. para que se aplicara el art. 55 del Código Penal en su texto anterior, sostiene que aquel agravio recobró virtualidad con la decisión de este Tribunal de "...echa[r] por tierra el argumento relativo al art. 55 [citado]", por lo que debió ser examinado por la casación al dictar su segunda sentencia (v. fs. 163).
Solicita por ello que se anule el fallo atacado y se devuelvan los autos a la instancia anterior a fin de que dicte uno nuevo que aborde las cuestiones planteadas oportunamente (v. fs. cit. vta.).
II. En coincidencia con el dictamen de la Procuración, opino que la impugnación debe ser desestimada.
Una vez reingresada la causa al Tribunal de Casación, tramitadas las excusaciones planteadas por los magistrados votantes del fallo anulado, dispuesta y notificada la nueva integración de la Sala I sin que mediara presentación alguna de la defensa-, los doctores Kohan y Carral se pronunciaron el 2 de febrero de 2016 respecto de la pena que correspondía fijar al acusado, en cumplimiento de lo así ordenado por la sentencia de reenvío de esta Corte (v. fs. 150/152 vta.).
En ese marco, atendiendo a que resultaba de aplicación al caso la escala prevista en el art. 55 del Código Penal según su redacción por ley 25.928 (B.O., 10-IX-2004), los jueces resolvieron adecuar la respuesta punitiva, tarea para la cual hicieron mérito del panorama estimado en el veredicto, la gravedad de los injustos cometidos y la circunstancia de hallarse firme la eliminación de la agravante decretada a "...fs. 10 vta." del fallo anterior de esa sede. A resultas de ello apreciaron justo imponer a Jorge Ariel Bagnatori la pena de treinta y dos años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, en orden a los delitos materia de condena (v. fs. 151).
En tales términos fallada la causa, la impugnación no demuestra que la decisión adoptada lo haya sido en infracción de lo normado por el art. 168 de la Constitución de la Provincia.
Pues a esos fines, la defensa argumenta que con el pronunciamiento de esta Corte adquirió virtualidad el contenido impugnativo del recurso de casación, el cual, más allá de lo reflexionado sobre la finalidad de la pena y la imposibilidad de su cumplimiento cabal frente a las condiciones en que se lleva adelante su ejecución, tuvo por concreto agravio la cantidad estimada "...excesiva" de la sanción, no obstante el "...arrepentimiento" expresado por el acusado, que "...no pose[e] antecedentes personales" y "...pudo tener serios problemas psíquicos sociales", reclamándose "...una considerable disminución de la pena impuesta" (fs. 37).
Ahora bien, la sentencia del tribunal de juicio tanto descartó en el imputado trastornos psiquiátricos, como computó la falta de antecedentes, su confesión y manifestación de arrepentimiento a título de pautas atenuantes, además de la nocturnidad como factor aumentativo la restante ponderada fue excluida por el fallo primigenio de la casación-, cuadro que formó parte del expresamente tenido en cuenta por el revisor para la individualización de la pena, lo cual importó descartar implícitamente que en función de las valoraciones efectuadas correspondiera una reducción mayor a la dispuesta (conf. causa P. 106.168, sent. de 17-III-2010 y sents. allí citadas).
Por lo demás, en el ámbito de recurso bajo examen no es posible juzgar el acierto o no del tratamiento dispensado a la materia (conf. causas P. 62.992, sent. de 13-III-2002; P. 79.346, sent. de 4-IX-2002; P. 72.143, sent. de 11-VI-2003 y P. 106.168, cit.).
Con lo cual queda sin sostén la anulación y el nuevo reenvío pretendido, pues no se advierte configurado el quebranto de la manda constitucional invocada.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria y Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Por la vía de inaplicabilidad de ley el señor defensor oficial desarrolló un primer agravio de igual tenor al tratado y desestimado en la cuestión anterior, aunque aquí criticó que el a quo no hubiera examinado lo planteado sobre la pena en el recurso de casación desde la perspectiva de la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias, con invocación del precedente "Bassi Parides" de la Corte federal (v. fs. 163 vta. y 164).
Idéntico vicio atribuyó a la sentencia intermedia por carecer la pena determinada de fundamentación suficiente; al decir del recurrente, no estaría justificada la forma en que operó el descarte de la agravante que le llegó firme y que ni siguiera identificó, para alcanzar una reducción de tan solo seis meses de prisión (v. fs. 164 vta.).
Adujo asimismo el apartamiento infundado de los estándares fijados por el Máximo Tribunal de la Nación en los precedentes "Castillo", "Ramírez" y "Romano", a los que refirió sucintamente pretendiendo su aplicación a estos autos en que, a su parecer, la invocación de atenuantes y agravantes es insuficiente para explicar la elección de un monto de pena y no otro dentro de la escala en juego (v. fs. 164 vta./167).
II. El señor Procurador General aconsejó el rechazo del recurso, temperamento que comparto (v. fs. 284/287 vta.).
En el tratamiento dispensado a la cuestión primera de este acuerdo, se hizo referencia en el apartado II- al conjunto de variables jurídicas que sustentaron la decisión aquí recurrida del Tribunal de Casación de individualizar la pena correspondiente a Jorge Ariel Bagnatori en treinta y dos años y seis meses de prisión. Ello en el marco de lo resuelto por esta Corte respecto de la escala aplicable del art. 55 del Código Penal según la redacción dada por la ley 25.982 vigente al momento de los hechos juzgados, tal como había sido determinado por el tribunal de juicio al fijar una pena de treinta y tres años luego cuestionada por excesiva, en el recurso de casación de la defensa, conforme también quedó explicado en la cuestión anterior.
En el contexto apuntado, la parte no ha demostrado, con aptitud para modificar la solución del caso, que hubiera quedado sin respuesta adecuada sus reclamos como dogmáticamente afirma en su intento por descalificar el fallo desde la óptica de la arbitrariedad pretendida (art. 495, CPP).
Tampoco evidencia que la decisión adoptada con motivo de la sentencia de reenvío de este Tribunal, no exhiba fundamentos suficientes para ponerla a salvo de la tacha alegada, pues, en todo caso, la discrepancia se traduciría en la incidencia que la aludida quita de la agravante que fue identificada por el a quo, debió tener en la determinación de la sanción, asunto que por vincularse con el ejercicio por parte de los magistrados, de sus facultades para graduar las sanciones dentro de los límites ofrecidos para ello por las leyes respectivas, involucra, de acuerdo al criterio expuesto sobre el punto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuestiones de hecho, prueba y derecho común, propias de los jueces de la causa y ajenas, por regla, al ámbito de la apelación federal extraordinaria (CSJN Fallos: 237:423; 304:1626; 306:1669; 315:807 y 1699; e.o.).
Por último, no se advierte la mínima fundamentación exigible en la causal de arbitrariedad aducida con sustento en que el órgano revisor se habría apartado de los fallos invocados de la Corte Suprema; a tales efectos, la defensa debió hacerse cargo de las relevantes diferencias que exhiben las situaciones que dieron origen a dichos precedentes con las específicas circunstancias de este expediente de modo tal de explicitar por qué, no obstante ello, la solución debió ser la misma.
En efecto, en la causa "Romano", la Corte se ocupó de la revisión de una sentencia que unificó dos condenas, por fuera del acuerdo de juicio abreviado que se le presentó, sin dar vista a las partes y utilizando el método de suma aritmética. Mientras que en "Ramírez", resolvió, con remisión al dictamen del señor Procurador General, que la fundamentación de la sanción impuesta, "...si cabe, era especialmente exigible por cuanto la alzada, a pesar de descartar el delito de privación ilegal de la libertad y considerar que los hechos estaban plenamente subsumidos por el robo agravado en tentativa, mantuvo el monto de la pena". Las circunstancias analizadas en "Castillo", resultan también disímiles a las que aquí se presentan, sin que se haya intentado siquiera explicar las razones que, a pesar de ello, llevarían de todos modos a la aplicación de dicho precedente.
Así las cosas, la impugnación se revela inidónea para demostrar la configuración en el caso de algún supuesto excepcional de arbitrariedad que pudiera descalificar el fallo como acto jurisdiccional válido.
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria y Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechazan los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley, con costas (arts. 493, 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia