Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129240
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta por el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de José Abraham Garnica, con costas (art. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
La Plata, 7 de febrero de 2018.
La presente causa P. 129.240-RQ, caratulada: "Garnica, José Abraham s/ Recurso de queja en causa N° 43.901 del Tribunal de Casación Penal, Sala I",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, el 12 de mayo de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado por la defensa de José Abraham Garnica contra la sentencia de esa Sala que -de acuerdo a lo resuelto oportunamente por esta Suprema Corte en cuanto había establecido la aplicación al caso del art. 41 bis con relación al art. 79 del Código Penal- fijó la pena a imponer al encartado en dieciséis años y diez meses de prisión, accesorias legales y costas (v. fs. 82/84 vta.).
II. Frente a lo decidido, el señor defensor oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor José María Hernández, articuló recurso de queja (v. fs. 89/97).
Sostuvo que el remedio impugnativo fue erróneamente desestimado. Consideró pertinente insistir en que el objeto de aquél no se encontraba constituido por una infracción a la ley sustantiva "sino bien por la infracción a la constitución federal". En virtud de ello, entendió aplicable al caso la doctrina emergente de los precedentes "Strada", "Di Mascio" y "Christou" del Máximo Tribunal nacional (v. fs. 92 vta.).
Tachó a la negativa de arbitraria "pues se la funda de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas, con las que se ciega la jurisdicción de [este Tribunal] al mentado rol de tutela de la vigencia del bloque federal en los procesos en los que conoce la Provincia" (v. fs. 93).
Remarcó que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte federal por vía del recurso extraordinario en atención a que el agravio postulado en el recurso de inaplicabilidad de ley es de índole federal, pues se debate en él que el Tribunal de Casación: a) incumplió el derecho del imputado a ser oído antes de la imposición de la pena recaída (arts. 18 y 75 Const. nac., 8.1. CADH); b) impuso una pena que puede no tender a la resocialización a la que está obligado el Estado Argentino (art. 5.6, CADH); y c) dictó una pena arbitraria por haber prescindido de las circunstancias fácticas sobre las que debió asentarse (arts. 1, 18 y 33 Constitución nacional) -v. fs. cit.-.
Sumo a ello que la cuestión federal fue oportunamente planteada y que el gravamen es actual.
Aclaró que no se discutió la infracción del art. 41 inc. 2 del Código Penal sino de los arts. 18 de la Constitución nacional y 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en tanto la omisión de la audiencia de visu es el presupuesto fáctico de dichas infracciones federales. También dijo que lo mismo ocurre cuando se reputó infringida la obligación que el art. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos impone a los Estados parte de la Convención.
Criticó que el sentenciante no se refirió a los agravios de índole constitucional y se limitó a decir que la omisión del visu es un tópico procesal "cuando surge claramente del remedio denegado que ello no es otra cosa que el presupuesto fáctico de los planteos federales presentados".
En dicho marco, el quejoso manifestó que "[c]on transcripción expresa [de] los considerandos 19 y 23 de ‘Maldonado’ (...) se demostró que el visu del imputado antes de fijar pena integra el derecho a ser oído que deriva del art. 18 de la CN y 8.1 de la CADH". Agregó que el art. 41 inc. 2 del Código Penal es reglamentario de dicha garantía constitucional y convencional (v. fs. 94 vta./95) y que llamar a la omisión del visu como una infracción procesal importa un liso y llano apartamiento de la doctrina emanada en el fallo "Maldonado", en el que la Corte nacional interpreta el sentido y alcance del derecho a ser oído, y lo extiende al visu del imputado antes de imponer una pena (v. fs. 95 vta.).
Asimismo, trajo a colación los precedentes "Trusso" y "Martins" de la Corte nacional y tildó de arbitraria la resolución en crisis por apartarse de la doctrina establecida en dichos precedentes (v. fs. 96).
Por todo esto, concluyó que el límite que en razón de la materia trae el art. 494 del Código Procesal Penal debe ser inaplicado o, en su caso, declarado inconstitucional (conf. "Strada", "Di Mascio" y "Christou" de la CSJN) -v. fs. 96 vta.-.
III. La queja no prospera.
1. De la lectura del decisorio impugnado surge que el Tribunal intermedio, luego de aludir a lo normado por el art. 494 del Código Procesal Penal, indicó que -en autos- si bien se encontraba abastecido el requisito referido al monto de pena, no lo estaba el relativo a la índole de los agravios desarrollados.
En efecto, apuntó que el agravio derivado de la ausencia de audiencia de visu se dirige a poner en evidencia un supuesto déficit procedimental, sin que se evidencie el compromiso directo de garantías constitucionales que impongan su abordaje en los términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el recurrente había llevado a colación ("Maldonado" -v. fs. 83 vta.-).
Por otra parte, expuso que el recurrente omitía indicar los perjuicios concretos provocados por la omisión de convocar al imputado ante el órgano casatorio, lo que derivaba en la ineficacia de la pretensión, la cual no trascendía el plano meramente formal. Sumó a lo expuesto, que ni en el recurso de casación, ni en el memorial que autoriza el art. 458 del Código Procesal Penal, se introdujo algún tipo de requerimiento con relación a lo establecido en el art. 41 inc. 2° del Código Penal, por lo que la objeción deducida en el recurso extraordinario, respondía a una reflexión tardía que, planteada como una cuestión federal, tiene como finalidad desplazar los límites emergentes de las reglas procesales locales (v. fs. cit./84).
De seguido, afirmó que si bien el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituye el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, a fin de permitirle al impugnante transitar por el Superior Tribunal de la causa, como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14, ley 48), conforme lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de los precedentes "Strada", "Di Mascio" y "Christou", la suficiencia de tal reclamo no se satisface con la mera invocación de una cuestión de tal naturaleza, sino que es menester su correcto planteamiento. En tal sentido, concluyó que los planteos constitucionales introducidos por el impugnante no resultaban eficaces a tales fines, citando -para fundar lo expuesto- diversos precedentes de esta Corte (v. fs. cit. y vta.).
2. Conforme surge de la reseña efectuada, el a quo desestimó el carril extraordinario por estimar que la defensa no puso de relieve, con la suficiencia y carga técnica necesaria, el compromiso directo de las garantías constitucionales que arguye vulneradas (violación de los arts. 18 de la Const. nac., 8.1. y 5.6. de la CADH).
La defensa no logró remover con eficacia el obstáculo formal señalado en tanto se limitó a reeditar los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
c. Por otra parte, la tacha de arbitrariedad por apartamiento de los fallos del Máximo Tribunal nacional tampoco es de recibo. Ello en tanto la parte no evidenció de qué manera los precedentes jurisprudenciales citados, en especial "Maldonado", resultarían aplicables al caso a pesar de las notorias diferencias existentes entre aquéllos y el presente.
d. Por último, no huelga poner de resalto que el temperamento adoptado por el a quo se corresponde con el criterio fijado por esta Corte sobre el punto (conf. P.110.459, resol. de 4-IV-2012; P. 109.331, resol. de 9-XII-2010, P. 109.001, resol. de 26-X-2010, P. 109.618, resol. de 2-VII-2010; P. 112.060, resol. de 12-XII-2012; P. 115.615, resol. de 3-VII-2013; P. 122.167, resol. de 17-XII-2014; P. 125.701, resol. de 15-VII-2015; P.126.061, resol. de 11-XI-2015; P. 122.488, resol. de 6-IV-2016; P.126.742, resol. de 1-VI-2016; P. 126.910, resol. de 22-VI-2016; P. 126.868, resol. de 13-VII-2016; P. 122.255, resol. de 21-IX-2016; P. 123.519, resol. de 5-X-2016; P.122.853, resol. de 26-X-2016; P. 123.935, resol. de 30-XI-2016; P. 124.797, resol. de 21-XII-2016; e.o.).
5. En función de todo lo expuesto, la petición de inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal carece de virtualidad en la medida en que lo decidido por el Tribunal de Casación, ratificado por esta Corte, no se fundó, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se exteriorizaron de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de esta Corte (art. 15 de la ley 48).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta por el señor defensor oficial adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de José Abraham Garnica, con costas (art. 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°06
Fin de la sentencia