Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 130372
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial respecto del imputado Juan Ramón Saucedo, se deja sin efecto la sentencia del Tribunal de Casación Penal y se remiten las actuaciones a dicho órgano a fin de que -debidamente integrado con jueces hábiles- se provea la petición efectuada por la parte en torno a la celebración de la audiencia prevista en el art. 458 del Código Procesal Penal y se dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho (art. 496 y concs., CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 130.372, "Saucedo, Juan Ramón s/ queja en causa n° 44.881 del Tribunal de Casación Penal, Sala III", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, Soria, Torres .
La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 12 de septiembre de 2017, en cumplimiento del reenvío ordenado por esta Corte en el marco de la causa P. 117.093 (sent. de 14-X-2015; v. fs. 94/104), rechazó el recurso de la especialidad presentado por la defensa oficial de Juan Ramón Saucedo y confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 9 de Lomas de Zamora que lo condenó a la pena de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas por resultar autor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y hurto simple en concurso real (v. fs. 191/201 vta.).
Frente a lo así decidido, el señor defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denunció la afectación del debido proceso y del derecho de defensa en juicio por no haberse celebrado la audiencia de visu prevista en el art. 458 del Código Procesal Penal (v. fs. 203/209 vta.).
El Tribunal de Alzada, el 6 de febrero de 2018, lo desestimó por inadmisible por considerar que las cuestiones federales no reunían la suficiencia técnica necesaria (v. fs. 214/218 vta.).
Contra ello, la defensa oficial dedujo queja (v. fs. 338/344).
Esta Corte, el 13 de marzo de 2019, admitió la queja y concedió la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley por considerar que los agravios de índole federal, vinculados con la afectación del debido proceso y del derecho de defensa en juicio, se plantearon con la suficiencia técnica necesaria (v. fs. 349/353 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 361/362 vta.), presentada la memoria (v. fs. 368/370 vta.), dictada la providencia de autos (v. fs. 371) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Teniendo en consideración el alcance con el que fue admitido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (afectación del debido proceso y del derecho de defensa en juicio -v. fs. 349/353 vta.-) se reseñarán los agravios desarrollados por la parte.
I.1. En primer lugar, la defensa oficial detalló los antecedentes del caso.
Puso de manifiesto que luego de que esta Corte revocara la absolución dictada por la Sala III del Tribunal de Casación Penal a favor de Saucedo en orden al delito de homicidio y ordenara el reenvío para que se emitiera un nuevo fallo conforme a derecho (causa P. 117.093, sent. de 14-X-2015), al momento de notificarse de la nueva integración de la Sala III (16 de febrero de 2016), requirió la celebración de la audiencia del art. 458 del Código Procesal Penal (v. fs. 204 vta. y 205).
Puntualizó que dicha petición la reiteró el 14 de marzo y el 16 de mayo de 2016, siendo finalmente convocada la audiencia para el día 17 de noviembre de ese mismo año. El 15 de noviembre, se suspendió por encontrarse de licencia uno de los jueces. Se reprogramó para el 14 de febrero de 2017, pese a lo cual tampoco pudo realizarse porque el servicio penitenciario no contaba con móviles para trasladar a Saucedo. Se fijó nueva audiencia para el 14 de mayo de 2017 que tampoco se llevó a cabo, informando la abogada inspectora de Casación que el Juzgado de Ejecución n° 1 de Lomas de Zamora había ordenado la libertad del acusado por agotamiento de pena (v. fs. 205 y vta.). A continuación, el recurrente destacó que el 23 de mayo de 2017, reiteró la solicitud de audiencia, informando en ese acto el domicilio de su asistido. Se fijó nueva audiencia para el 6 de julio de 2017 que tampoco se realizó por no haberse podido notificar a Saucedo. Puso de manifiesto que el señor fiscal también solicitó la designación de audiencia, ya sea con la presencia del acusado o sin ella (v. fs. 205 vta.).
Finalmente, señaló que pasaron los autos al acuerdo sin que se realizara previamente la audiencia en cuestión y se rechazó el recurso de la especialidad (v. fs. 205 vta. y 206).
I.2. Sentado ello, denunció la violación del debido proceso y la afectación del derecho de defensa en juicio (arts. 8.2.h y f, CADH y 14.3.e, PIDCP).
Criticó que se haya dictado sentencia sin realizar la audiencia del art. 458 del Código Procesal Penal pese a que fue expresamente solicitada en más de seis oportunidades, no sólo por la defensa sino también por la fiscalía (v. fs. 206).
Dicho déficit -a su entender- impidió a su asistido someter al análisis del Tribunal cuestiones esenciales que hacen a su defensa material. Resaltó que en la audiencia Saucedo hubiera podido declarar y disipar las dudas o cuestionamientos en torno al hecho que se le imputa. Agregó que también se hubieran podido plantear atenuantes sobrevinientes propias de un proceso que lleva más de once años en trámite. En su apoyo, citó el caso "Dacosta Cadogan vs. Barbados" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la causa P. 123.012 de esta Corte (v. fs. 206/207).
Aclaró que el gravamen no es eventual ni hipotético, sino que se pone en evidencia con lo fallado por el a quo en tanto si se hubiera celebrado la audiencia, Saucedo podría -en el marco de la inmediación- haber explicado y/o dilucidado varios interrogantes. Indicó que en la sentencia de Casación se hizo expresa referencia a los dichos prestados por Saucedo en debate de ahí que -a su entender- hubiera sido oportuno y necesario que los jueces lo escucharan siendo insuficiente la simple transcripción de sus dichos que los magistrados tildaron de no creíbles o irrazonables (v. fs. 207 vta. y 208). Alegó que las inconsistencias advertidas por el Tribunal de Alzada en el relato de su asistido podrían haber sido despejadas en el marco de la audiencia oral del citado art. 458. Manifestó que Saucedo tuvo un rol proactivo a lo largo de todo el proceso y estuvo siempre dispuesto a brindar su versión de los hechos, lo que no pudo hacer ante el órgano intermedio pese a los reiterados pedidos de la defensa oficial. Aclaró que las sucesivas postergaciones de la audiencia de ningún modo son responsabilidad de su defendido (v. fs. 208 y vta.).
Concluyó que se identificó con precisión el acto que estimó viciado (dictar acuerdo sin designar audiencia de visu conforme fuera requerido por la defensa oficial y la fiscalía); se indicaron las garantías constitucionales lesionadas (debido proceso y defensa en juicio) y se hizo referencia al agravio concreto producido (dictado de sentencia prescindiendo de prueba que podría haber resultado esencial al momento de confirmar o revocar la autoría penalmente responsable de su asistido junto con el planteamiento de circunstancias atenuantes sobrevinientes, tales como la demora en el trámite -v. fs. 208 vta. y 209-).
II. Contrariamente a lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 361/362 vta., el recurso prospera por los motivos que se expondrán a continuación.
II.1. De modo preliminar, resulta necesario realizar una reseña de los antecedentes del caso.
En las presentes actuaciones se investiga un hecho cometido en el año 2009 respecto del cual, el 17 de agosto de 2010, recayó sentencia de condena contra Saucedo por resultar autor penalmente responsable de los delitos de homicidio con arma de fuego en concurso real con hurto (v. fs. 8/26); la Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 1 de noviembre de 2011, lo absolvió en orden al delito de homicidio y confirmó la condena por hurto (v. fs. 54/62 vta.); esta Corte, el 14 de octubre de 2015, en el marco de la causa P. 117.093, dejó sin efecto la absolución por el delito de homicidio y reenvió las actuaciones para el dictado de un nuevo fallo conforme a derecho (v. fs. 112/122).
Devuelta la causa al Tribunal de Casación Penal, la defensa oficial al momento de notificarse de la excusación de los jueces Borinsky y Natiello, solicitó la celebración de la audiencia del art. 458 del Código Procesal Penal (v. fs. 133 y vta.), petición que reiteró al tomar conocimiento de la nueva integración de la Sala (v. fs. 134 y vta.) y mantuvo a lo largo de todo el trámite recursivo (v. fs. 157, 158 vta., 165 vta. y 168).
Pese a que el Tribunal de Alzada fijó diversas fechas para la celebración de la mencionada audiencia (8 de septiembre de 2016 -v. fs. 139-; 17 de noviembre de 2016 -v. fs. 158-; 16 de mayo de 2017 -v. fs. 165-; 6 de julio de 2017 -v. fs. 170-), no pudo llevarse a cabo por razones ajenas a la voluntad de Saucedo (v. fs. 143, 160, 167 y 179).
Finalmente, y sin hacer ninguna consideración, pasó los autos al acuerdo y confirmó la condena de primera instancia.
II.2. Las particularidades del caso puestas de manifiesto en el punto precedente dan cuenta de las irregularidades en el trámite desplegado ante el Tribunal de Casación Penal que derivaron en la afectación de las reglas del debido proceso y del derecho de defensa material de Saucedo (conf. causas P. 98.709, sent. de 12-XI-2008; P. 108.851, sent. de 11-XII-2013; P. 121.625, resol de 7-XII-2016 y P. 122.619, resol. de 28-II-2018, mutatis mutandi ).
Aun cuando fue la defensa oficial y no el imputado quien solicitó expresamente la celebración de la audiencia sumado a que al momento de notificarse del pedido del fiscal de realizar dicho acto a la mayor brevedad "...sea que el encartado comparezca o bien sin su presencia" (fs. 184 y vta.) la parte no hizo ninguna consideración vinculada a la necesidad de que Saucedo estuviera presente, lo cierto es que el señor defensor oficial mantuvo su pretensión a lo largo de todo el trámite impugnativo pese a lo cual el sentenciante, sin dar motivo alguno ni dejar sin efecto la audiencia oportunamente designada y reprogramada, dictó sentencia sin más trámite.
Cabe destacar que en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley se puso de manifiesto el perjuicio concreto que la falta de celebración de la audiencia en cuestión le generó a la defensa material de Saucedo, al explicar que si dicho acto procesal se hubiera llevado a cabo, su defendido podría haber declarado y dar su versión de los hechos ante los jueces de casación, tal como lo hizo durante el debate así como plantear nuevas circunstancias atenuantes originadas a lo largo de los once años del proceso.
En definitiva, la decisión del Tribunal de Casación Penal de pasar al acuerdo y dictar sentencia sin celebrar la audiencia reiteradamente solicitada por la defensa y sin hacer ninguna consideración o dar motivo alguno para ello, en justificación de ese obrar, quebrantó las reglas del debido proceso y afectó el derecho de defensa material en el trámite recursivo restringiéndolo indebidamente (arts. 18, 75 inc. 22, Const. nac. y 8.2 "h", CADH).
Por lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la sentencia impugnada y, en consecuencia, remitir los autos al Tribunal intermedio a fin de que -debidamente integrado por jueces hábiles- provea la petición efectuada y dicte un nuevo pronunciamiento ajustado al presente (art. 496, CPP).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto emitido por la distinguida magistrada que inicia el acuerdo, doctora Kogan, por sus fundamentos.
En tal sentido, señalaré que concuerdo con que corresponde casar la sentencia impugnada y, en consecuencia, devolver los autos a la instancia intermedia para que -debidamente integrada con jueces hábiles- se pronuncie respecto de la petición efectuada por la parte en torno a la celebración de la audiencia prevista en el art. 458 del Código Procesal Penal con la presencia del imputado y, a la mayor brevedad posible, dicte un nuevo fallo ajustado a lo que aquí se resuelve (art. 496, CPP).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial respecto del imputado Juan Ramón Saucedo, se deja sin efecto la sentencia del Tribunal de Casación Penal y se remiten las actuaciones a dicho órgano a fin de que -debidamente integrado con jueces hábiles- se provea la petición efectuada por la parte en torno a la celebración de la audiencia prevista en el art. 458 del Código Procesal Penal y se dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese y notifíquese.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI HILDA KOGAN
SERGIO GABRIEL TORRES
La Plata, a los 29 días del mes de abril de 2020.
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia