Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127929 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Raúl Adrián Madera, con costas (art. 486 bis y conc. del C.P.P. según ley 14.647).
Secretaría Suprema Corte
Registrado bajo el N°641
P. 127.929-RQ - “Madera, Raúl Adrián s/ Recurso de queja en causa N° 45.029 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”.
///Plata, 19 de abril de 2017.-
La presente causa P. 127.929-RQ, caratulada: “Madera, Raúl Adrián s/ Recurso de queja en causa N° 45.029 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”,
1. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial San Martín condenó a Raúl Adrián Madera a la pena de dieciséis años de prisión, accesorias legales y costas, con más la declaración de reincidencia, por resultar coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causa en grado de tentativa, y autor del de evasión, en concurso real entre sí (fs. 1/25).
A su turno, la Sala Primera del Tribunal de Casación, mediante el pronunciamiento del 22 de noviembre de 2013, resolvió: a) por mayoría, declarar prima facie prescripta la acción penal en orden al delito de evasión; b) remitir el legajo a primera instancia con el objeto de agregar los informes de reincidencia y luego tener por definitiva o no la declaración efectuada; c) por mayoría, casar parcialmente la resolución impugnada descartando la circunstancia agravante invocada por el órgano de grado –nocturnidad-; y d) readecuar la pena en catorce años de prisión dejando invariables las demás circunstancias y declaraciones asumidas en el fallo (fs. 37/46).
Con fecha 8 de julio de 2015 se dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 50/56 vta.), el que fue declarado inadmisible con fecha 31 de marzo de 2016 (fs. 57/60).
2. Contra ello, el señor Defensor Oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor José María Hernández, articuló recurso de queja (fs. 64/70 vta.).
Sostuvo que el remedio impugnativo fue erróneamente desestimado. Consideró pertinente insistir en que el objeto de aquél no se encuentra constituido por una infracción a la ley sustantiva “sino bien por la infracción a la constitución federal”. En virtud de ello, entendió aplicable al caso la doctrina emergente de los precedentes “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” del Máximo Tribunal nacional (fs. 66 vta.).
Tachó a la negativa de arbitraria “pues se la funda de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas, con las que se ciega la jurisdicción de [este Tribunal] al mentado rol de tutela de la vigencia del bloque federal en los procesos en los que conoce la Provincia” (fs. 67).
Remarcó que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte Federal por vía del recurso extraordinario en atención a que el agravio postulado en el recurso de inaplicabilidad de ley es de índole federal, pues se debate en él que el Tribunal de Casación: a) incumplió el derecho del imputado a ser oído antes de la imposición de la pena recaída (arts. 18 y 75 C.N., 8.1. C.A.D.H.); b) impuso una pena que puede no tender a la resocialización a la que está obligado el Estado Argentino (art. 5.6. C.A.D.H.); y c) dictado de una pena arbitraria por haber prescindido de las circunstancias fácticas sobre las que debió asentarse (arts. 1, 18 y 33 C.N.) -fs. cit.-.
Sumo a ello que la cuestión federal fue oportunamente planteada y que el gravamen es actual.
Aclaró que no se discutió la infracción del art. 41 inc. 2 del Código Penal sino de los arts. 18 de la C.N. y 8.1. de la C.A.D.H. en tanto la omisión de la audiencia de visu es el presupuesto fáctico de dichas infracciones federales. También dijo que lo mismo ocurre cuando se reputó infringida la obligación que el art. 5.6 de la C.A.D.H. impone a los Estados parte de la Convención (fs. 68).
Criticó que el sentenciante no se refirió a los agravios de índole constitucional y se limitó a decir que la omisión del visu es un tópico procesal “cuando surge claramente del remedio denegado que ello no es otra cosa que el presupuestos fáctico de los planteos federales presentados”.
En dicho marco, el quejoso manifestó que “[c]on transcripción expresa [de] los considerandos 19 y 23 de ‘Maldonado’ (…) se demostró que el visu del imputado antes de fijar pena integra el derecho a ser oído que deriva del art. 18 de la CN y 8.1 de la CADH”. Agregó que el art. 41 inc. 2 del C.P. es reglamentario de dicha garantía constitucional y convencional (fs. 68 vta.).
Asimismo, trajo a colación los precedentes “Trusso” y “Martins” de la Corte nacional y tildó de arbitraria la resolución en crisis por apartarse de la doctrina establecida en dichos precedentes (fs. 69 vta.).
Por todo esto, concluyó que el límite que en razón de la materia trae el art. 494 del C.P.P. debe ser inaplicado o, en su caso, declarado inconstitucional (cfe. “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la C.S.J.N.) -fs. 70-.
4. La queja formalizada es improcedente en atención a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ha sido bien denegado por la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal (art. 486 bis del C.P.P.).
a. De la lectura del decisorio impugnado surge que el Tribunal intermedio, luego de aludir a lo normado por el art. 494 del C.P.P., indicó que –en autos- si bien el monto de pena supera las limitaciones objetivas que prevé dicha norma “no ocurre lo mismo con la naturaleza de los agravios vertidos en la impugnación”.
En efecto, apuntó que el agravio invocado por el recurrente “se vincula con cuestiones meramente procesales”. En su apoyo, citó lo resuelto por este Tribunal en la causa P. 122.417 (fs. 60 vta.).
De seguido, afirmó que si bien el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley “constituye -habitualmente- el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, a fin de permitirle al impugnante transitar por el Superior Tribunal de la causa, como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14, ley 48), conforme lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de los precedentes ‘ Strada ’ (Fallo[:] 308:490), ‘ Di Mascio ’ (311:2478) y ‘ Christou ’ (310:324), la admisibilidad del reclamo -en dicho marco- no se satisface con la mera invocación de una cuestión de tal naturaleza, sino que es menester su correcto planteamiento, pues sólo así [esta Corte] se encontraría obligada a ingresar a su conocimiento como Superior Tribunal de la causa según los precedentes (…) [referenciados]” –fs. 58, cursiva en el original.-.
Por último señaló que “ni en el recurso de casación (fojas 30/36) ni en el memorial que autoriza el art. 458 del C.P.P. (fojas 44/47), en que desiste de la audiencia de informe, a la que podría haber asistido el imputado, se advierte el agravio que ahora se trae a colación”.
b. Tal cual surge de la reseña efectuada, el a quo desestimó el carril extraordinario por estimar que la defensa no puso de relieve, con la suficiencia y carga técnica necesaria, el compromiso directo de las garantías constitucionales que arguye vulneradas (violación de los arts. 18 de la C.N., 8.1. y 5.6. de la C.A.D.H.).
Frente a ello, la defensa no logró remover con eficacia dicho obstáculo formal en tanto se limitó a reeditar los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 53 vta./55 vta.).
c. Por otra parte, la tacha de arbitrariedad por apartamiento de los fallos del Máximo Tribunal nacional tampoco es de recibo. Ello en tanto la parte la parte no evidenció de qué manera los precedentes jurisprudenciales citados (v. fs. 69 y vta.), en especial “Maldonado”, resultarían aplicables al caso a pesar de las notorias diferencias causídicas entre aquéllos y el presente.
d. Finalmente, huelga poner de resalto que el temperamento adoptado por el a quo se corresponde con el criterio fijado por esta Corte en numerosos precedentes similares al sub lite (cfe. P. 110.459, resol. del 4/IV/2012; P. 109.331, resol. del 9/XII/2010, P. 109.001, resol. del 26/X/2010, P. 109.618, resol. del 2/VII/2010; P. 112.060, resol. del 12/XII/2012; P. 115.615, resol. del 3/VII/2013; P. 122.167, resol. del 17/XII/2014; P. 125.701, resol. del 15/VII/2015; P. 126.061, resol. del 11/XI/2015; P. 122.488, resol. del 6/IV/2016; P. 126.742, resol. del 1/VI/2016; P. 126.910, resol. del 22/VI/2016; P. 126.868, resol. del 13/VII/2016; P. 122.255, resol. del 21/IX/2016; P. 123.519, resol. del 5/X/2016; P. 122.853, resol. del 26/X/2016; P. 123.935, resol. del 30/XI/2016; P. 124.797, resol. del 21/XII/2016; e.o.).
5. En función de todo lo expuesto, la petición de inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P. carece de virtualidad en la medida en que lo decidido por el Tribunal de Casación, ratificado por esta Corte, no se fundó, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se exteriorizaron de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de esta Corte (art. 15 de la ley 48).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Raúl Adrián Madera, con costas (art. 486 bis y conc. del C.P.P. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Luis Esteban Genoud
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia