Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127883
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
P. 127.883-RQ - “Tolosa, Sergio Sebastián s/ Recurso de queja en causa N° 45.121 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”.
///Plata, 31 de mayo de 2017.-
La presente causa P. 127.883-RQ, caratulada: “Tolosa, Sergio Sebastián s/ Recurso de queja en causa N° 45.121 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”,
1. La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 15 de junio de 2016, declaró la inadmisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Sergio Sebastián Tolosa contra la resolución de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, declaró parcialmente admisible el recurso de casación interpuesto por la defensa oficial, contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 4 de Mercedes que lo condenó a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de incendio (I.P.P. 239.542-08) y homicidio calificado por su comisión con alevosía y en concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal (I.P.P. 238.733), ambos hechos en concurso real. En consecuencia, casó la sentencia, obliterando la calificante de alevosía del cuadro acriminatorio endilgado, dejando incólume el resto del pronunciamiento, sin mutar la pena (fs. 75/77 vta.).
Para arribar a tal decisorio, afirmó que si bien se encuentra reunido el monto de pena, no acontece lo mismo con las restantes exigencias del art. 494 del C.P.P.
En ese sentido destacó que la presentación recursiva no logra demostrar con la suficiencia y carga técnica necesaria la relación entre lo fallado y las garantías que el recurrente estimó comprometidas, pues de la lectura del fallo se aprecia que los agravios vertidos en la impugnación fueron abordados, llegando hasta el agotamiento de la capacidad de revisión de conformidad con el precedente “Casal”, fundando su rechazo en los distintos medios probatorios valorados (v. fs. 76/vta.).
Consideró también, que los cuestionamientos planteados en el recurso deducido se hallan dirigidos a la valoración probatoria arribando transitivamente a la significación jurídica de la misma; y que la temática relativa a la fijación de hechos y su prueba resulta ajena a los fines de la vía extraordinaria, conforme las previsiones del art. 494 del C.P.P.. Recordó de tal modo -conforme la doctrina elaborada por la C.S.J.N- que “el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan a la frustración del derecho federal invocado” (v. fs. 76 vta./77).
2. El Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia, Doctor José María Hernández, dedujo queja (fs. 81/93).
Alegó que, en contra de la doctrina de la Corte nacional, en los precedentes “Strada”, “Christou” y “Di Mascio” y su prole, la decisión impugnada importó una negación de la competencia apelada de esta Corte provincial, (arts. 31, 75 inc. 11, 116, 121, 124 de la C.N.) -fs. 89/90-.
Tachó de arbitraria la resolución y refirió que su fundamentación es aparente en tanto se valió de fórmulas genéricas y abstractas que ciegan la jurisdicción de este Tribunal, al mentado rol de tutela de la vigencia del bloque federal en los procesos en los que conoce la provincia (fs. 90).
Adujo que los agravios postulados en el recurso de inaplicabilidad de ley son de índole federal, pues se debatió en él la frustración por el Tribunal de casación del derecho a la revisión de la sentencia condenatoria, derecho cuya interpretación en su debida extensión fue puesta en juego; con cita del fallo “Herrera Ulloa”, de la C.I.D.H.; y sosteniendo que el a quo revisó la sentencia de un punto de partida contrario al in dubio pro reo (fs. 90 /vta.).
Refirió que el límite que en razón de la materia trae el art. 494 del C.P.P., debe ser inaplicado o declarado inconstitucional frente a las normas federales ya citadas, a fin de tutelar el derecho de rango supremo, convencionalmente reconocido, al doble conforme (arts. 75 inc. 22; 8.2.h CADH y 14.5 P.I.D.C. y P.). Entendió que el a quo no sólo aplicó aquél límite, sino que además, sostuvo la falta de relación directa de las mismas con la solución del caso, mediante fórmulas genéricas y abstractas (fs. 91/vta.).
Consideró que el recurso denegado portaba la fundamentación mínima para su admisibilidad y demostraba directamente su procedencia y la vinculación de ese modo de resolver (la repetición de los argumentos del órgano de juicio) con su consecuencia ineludible: la frustración del control que es la sustancia del derecho a la doble instancia (fs. 91 vta.).
Así en el recurso extraordinario explicó que las críticas puntuales dirigidas a la insuficiencia de los elementos de cargo para tener por acreditada la co-autoría de Tolosa en el homicidio que se le enrostraba, infringiendo el in dubio pro reo; y del mismo modo respecto de la participación de dos o más personas en el hecho, no obtuvieron respuesta por parte de la casación, lo que tornó el tránsito de aparente frustrando el doble conforme; y de hecho, nada refiere el auto de inadmisibilidad (fs. 92).
En base a lo expuesto, sostuvo que lo decidido importó una abierta contradicción con la doctrina de la Corte Federal en materia de “superior tribunal de la causa” a los fines del recurso extraordinario federal (fs. 92 vta. /93).
3. La queja formalizada es improcedente en atención a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fue bien denegado por la Sala I del Tribunal de Casación Penal.
Tal como se afirmó en el juicio de admisibilidad negativo (v. punto 1. del presente), la Alzada desestimó el carril extraordinario con fundamento en la falta de suficiencia y carga técnica necesarias de las pretensas cuestiones federales que estimó comprometidas, por considerar que las críticas se limitaron a esbozar un criterio divergente con la valoración de la prueba
4. Frente a ello, las argumentaciones de la parte no resultan eficaces para remover dicho obstáculo formal pues no hizo ningún esfuerzo por evidenciar la relación directa e inmediata entre los agravios desarrollados en la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley (v. fs. 67/74 vta.) y la sentencia casatoria (v. 50/63 vta., en especial fs. 55/62).
Por otra parte, de la reseña de los antecedentes del caso se advierte que la resolución impugnada cuenta con fundamentación suficiente que la deja a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
Por todo lo expuesto, cabe concluir que la presentación directa se revela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (cfe. arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia