Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128055
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación a favor de M.V.S., con costas (art. 486 bis del C.P.P.).
“M.V.S. S/ RECURSO DE QUEJA, EN CAUSA N° 45.062 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA III”.
//Plata, 13 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 128.055, caratulada: “M.V.S. s/ Recurso de queja, en causa N° 45.062 del Tribunal De Casación Penal, Sala III”,
I. La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, el 5 de mayo de 2015, admitió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de M.V.S., contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado frente a la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 7 de Lomas de Zamora, que lo había condenado a la pena de diez años de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por su calidad de ascendiente de la víctima (v. fs. 81/82 vta.).
II. Elevadas las actuaciones, ésta Suprema Corte -en el marco de la causa registrada como P. 126.146- declaró la nulidad del resolutorio aludido y dispuso la devolución al a quo a los fines del dictado de una nueva decisión (v. fs. 83/84 vta.).
III. En función de ello, la mentada Sala -el 9 de agosto de 2016- desestimó, por inadmisible, el carril extraordinario local intentado (v. fs. 85/87).
Para así resolver, juzgó que en autos no se encuentra abastecido el recaudo referente al monto de la sanción prescripto en el art. 494 del C.P.P. Empero, recordó que el remedio escogido constituye el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones de naturaleza federal que pudieran verse involucradas, mas resulta menester su correcto planteamiento a los fines que ésta Corte se encontrara obligada a su abordaje. Es ese discurrir, indicó que la defensa “no logra demostrar la relación directa e inmediata entre lo decidido y las garantías que denuncia conculcadas”. Señaló que más allá de la denuncia de arbitrariedad, de la afirmación de que la sentencia realizó un análisis superficial e insuficiente de la causa y del desarrollo dogmático de su pretensión, el recurso “no aborda, ni menos critica de modo concreto, las razones dadas por la Sala para decidir como lo hizo”. Agregó que el agravio “se reduce a una mera discrepancia de opinión”, que mal puede considerarse como “motivación válida” de la lesión constitucional que la parte pregona. En abono, refirió al precedente P. 119.347 de éste Cuerpo. Finalmente, razonó que al no haberse identificado argumentalmente la arbitrariedad esbozada “la consecuente cuestión federal luce infundada”, por lo cual mantienen vigencia los límites de recurribilidad establecidos en la norma adjetiva (fs. cit.).
IV. Ante tal escenario, el señor Defensor Oficial Adjunto ante la sede casatoria -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- articuló recurso de queja (fs. 93/97).
Liminarmente, adujo el cumplimiento de los requisitos formales de su reclamo y reseñó los antecedentes del caso (fs. 93/94).
En punto a la fundabilidad, transcribió los fundamentos por los cuales se declaró inadmisible el remedio de inaplicabilidad de ley interpuesto, y expuso los motivos utilizados por el a quo para tal fin (fs. 94 vta./95).
En primer lugar, criticó la parcela del auto denegatorio que concluyó la carencia de relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo resuelto. Allí, destacó que en el recurso extraordinario había denunciado correcta y acabadamente la arbitrariedad de la sentencia por entender que la misma afectaba el principio de legalidad y las garantías de debido proceso, defensa en juicio y derecho a una revisión amplia de la sentencia de condena -arts. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P.-(fs. 95).
Entendió llamativo el razonamiento del revisor, toda vez que el planteo “fue clar[o] y contundente al explayarse sobre las garantías constitucionales avasalladas (…) efectuando un análisis de lo sucedido en autos y demostrando de qué modo [se] … dictó una sentencia arbitraria”. Para ello, se refirió a los agravios llevados en el carril local, con transcripción de los tramos que estimó pertinentes (fs. cit. y vta.).
Con respecto al segundo motivo de inadmisibilidad argüido -falta de argumentos que demostrasen el error o la arbitrariedad en lo resuelto-, concibió que “lejos” de consistir en “una mera discrepancia con lo resuelto por la Sala, carente de fundamentos y que no refuta los argumentos dados por la misma, nos encontramos frente a un recurso extraordinario que desarrolla satisfactoriamente el agravio esgrimido y la solución pretendida” (fs. cit.).
Recordó las porciones del remedio que estimó conducentes sobre el tópico, y arguyó que esa defensa cuestionó “suficiente y satisfactoriamente” los basamentos brindados por el órgano revisor, a los que tildó de “meras afirmaciones dogmáticas” (fs. cit./96).
Así, manifestó que la respuesta otorgada “no puede considerarse, en el caso, válida y suficiente para cancelar la vía (…) intentada para acceder a la jurisdicción de los tribunales superiores” y que, con tal proceder, se vulneró el accesos a la jurisdicción (fs. 96).
Finalmente, solicitó a este alto Tribunal el establecimiento de parámetros a observar en relación al control de admisibilidad desplegado -en el caso- por la sede casatoria, a fin de evitar la desnaturalización del instituto en desmedro de los derechos y garantías de los imputados (fs. cit. y vta.).
V. La queja no prospera.
Si bien de lo reseñado en el considerando III de la presente -al que cabe remitirse en honor a la brevedad- se desprende que el Tribunal de Casación Penal efectuó algunas consideraciones que traspasaron los límites formales de la admisibilidad -punto sobre el cual el quejoso nada dijo- el juicio negativo debe confirmarse en ésta instancia.
Ocurre que el argumento basal por el que se desestimó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley radica en que la parte no desarrolló las pretensas cuestiones federales con la suficiencia y carga técnica necesaria para sortear las limitaciones del art. 494 del ritual (art. 15 de la ley 48; cfr. P. 112.319, res. del 18/V/2011; P. 110.483, res. del 15/VI/2011; P. 108.489, res. del 29/VI/2011; P.110.903, res. del 29/VI/2011; e.o.) en tanto sus planteos consistieron en una opinión discrepante con lo decidido en la etapa intermedia.
Frente a ello, el recurrente no logró remover eficazmente dicho óbice formal. De tal modo, su intento no evidencia la relación directa e inmediata entre las afectaciones denunciadas -derecho a una revisión amplia de la sentencia de condena (arts. 8.2.h. de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P.), vulneración al principio de legalidad y a las garantías de debido proceso y defensa en juicio- la arbitrariedad argüida y lo debatido y resuelto por el a quo.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación a favor de M.V.S., con costas (art. 486 bis del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia