Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128079 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la queja interpuesta por el Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación y declarar mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis, C.P.P.).
2Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley.
P. 128.079-RQ - “Pinto, Armando Rodolfo y Regules, Cristian Luis s/ Recurso de queja en causa n° 46.389 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”.-
///Plata, 31 de mayo de 2017.-
La presente causa P. 128.079-RQ, caratulada: “Pinto, Armando Rodolfo y Regules, Cristian Luis s/ Recurso de queja en causa n° 46.389 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”,
1. La Sala I del Tribunal de Casación Penal, el 11 de abril de 2016, desestimó, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial de Armando Rodolfo Pinto y Cristian Luis Regules contra la decisión de dicho órgano jurisdiccional que, a su vez, declaró prima facie prescripta la acción penal del delito de violación de domicilio endilgado a Cristian Regules y confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 1 de Quilmes que condenó al primero a la pena de prisión perpetua, accesorias, legales y costas por resultar coautor penalmente responsables de los delitos de homicidio criminis causa agravado por haber empleado un arma de fuego y por la intervención de menores de dieciocho años de edad en concurso real con robo agravado por el empleo de armas de fuego y por la intervención de menores de dieciocho años de edad, imponiéndole pena única de prisión perpetua, comprensiva de la dictada por el Tribunal Oral N° 25 de ciudad de Buenos Aires en causa 2435; y al segundo, lo condenó al a pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de homicidio criminis causa agravado por haber empleado un arma de fuego y por la intervención de menores de dieciocho años de edad, robo agravado por el empleo de armas de fuego y por la intervención de menores de dieciocho años de edad en concurso ideal con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, concursando a su vez todos ellos con violación de domicilio, habiendo sido estos dos últimos delitos cometidos en carácter de autor.
Parar arribar a tal decisión, señaló que si bien se cumplió con el recaudo del monto de la pena del art. 494 del C.P.P. no se abastecieron las restantes exigencias de dicha norma (fs. 101 vta.).
De seguido, indicó que la parte no demostró la relación directa e inmediata entre los principios constitucionales que alega conculcados y lo debatido y resuelto en el caso en tanto se limitó a reeditar lo oportunamente llevado en la impugnación casatoria y no se hizo cargo de los motivos por los cuales se desestimaron tales planteos (fs. cit.).
A su vez, manifestó que se abordaron todos los agravios llevados por la parte y se expusieron las razones por la cuales ninguno de ellos podía tener acogida favorable (fs. 101 vta./102).
Por último, recordó la doctrina sobre la arbitrariedad y afirmó que no se probó que lo decido se basara en la mera voluntad del juzgador (fs. 102).
2. El Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia, doctor José María Hernández, presentó queja (fs. 106/118 vta.).
Tachó de arbitrario el juicio de admisibilidad negativo pues se valió de fórmulas genéricas y dogmáticas sin reparar que las críticas del carril extraordinario de inaplicabilidad configuraban cuestiones de índole federal (arbitrariedad y derecho al doble conforme) y no meras alegaciones probatorias o procesales (fs. 115 vta./116 vta.).
Denunció el apartamiento de los precedentes “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional (art. 31, 75 inc. 12, 116, 121, 124 y cc. de la C.N. -fs. 116 vta.-).
Puntualizó que la vía del art. 494 del C.P.P. se demostró que la Alzada al abordar el recurso de casación dejó sin tratamiento el agravio referido a la inobservancia de los arts. 47 y 45 del C.P.; a la arbitrariedad en la valoración probatoria desarrollada en el punto 3. del recurso de casación (inválida incorporación de la pericia de autopsia y de la pericia de cotejo respecto de un proyectil que la fiscalía ocultó a la defensa su existencia -v. recurso de casación a fs. 41/43 vta.-). A su vez, adujo que en el recurso de inaplicabilidad de ley se acreditó que tampoco se examinaron los aspectos controvertidos vinculados con la valoración de los dichos del coimputado menor de edad Choque en su declaración indagatoria. Al mismo tiempo se demostró que se descartaron los argumentos referidos a la falta de prueba suficiente para demostrar la coautoría de Pinto y Regules y la errónea aplicación del art. 47 en base a fórmulas genéricas y dogmáticas que frustraron el derecho al doble conforme (fs. 116 vta./117 vta.).
Concluyó que no se advierte qué otra fundamentación debía contener el libelo impugnativo pues se invocó que el a quo incurrió en supuestos concretos de arbitrariedad y, a su vez, que el modo de resolver quebrantó el derecho a la doble instancia (fs. 117 vta.).
Por todo lo expuesto, expresó que la inadmisibilidad decretada es arbitraria por haberse sustentado en fórmulas genéricas y abstractas. A todo evento, dejó planteada la inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P. (fs. 117 vta./118).
3. La queja es procedente (art. 486 bis del C.P.P.).
En efecto, el quejoso logró remover con eficacia el obstáculo formal que dio sustento a la resolución en crisis en tanto demostró que las pretensas cuestiones federales llevadas en el recurso de inaplicabilidad de ley (arbitrariedad por inadecuado tratamiento al planteo del caso y revisión formal de la sentencia, contraria a los precedentes “Casal” y “Martínez Areco” de la Corte nacional; arts. 18 y 33 de la C.N. -fs. 82/99-) se desarrollaron con la carga técnica necesaria para sortear el estadio de la admisibilidad y guardan una relación directa e inmediata con lo debatido y resuelto por el Tribunal de Casación penal al confirmar la condena de primera instancia (v. sentencia a fs. 62/75 vta.).
4. Por todo lo expuesto, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto, corresponde admitir el recurso para garantizar el adecuado tránsito de la causa a la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de los arts. 31 de la Constitución nacional y 14 de la ley 48 (cfe. art. 486 bis del C.P.P.; doct. de los precedentes “Strada” -Fallos: 308:490-, “Di Mascio” -Fallos: 311:2478- y “Christou” -Fallos: 310:324- de la Corte nacional; Ac. 80.570, res. del 17/VII/2003; Ac. 87.203, res. del 22/IX/2004; Ac. 96.735, res. del 24/V/2006; Ac. 101.238, 5/XII/2007, e.o. de la S.C.B.A.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Admitir la queja interpuesta por el Defensor Oficial Adjunto ante el Tribunal de Casación y declarar mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis, C.P.P.).
2. Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley.
Regístrese, notifíquese y requiéranse la causa 46.389 al órgano a quo (arts. 486 bis, 487 y ccds. del C.P.P.).-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel MArtinez Astorino. Secretario.
Fin de la sentencia