Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 127999
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja interpuesta por la el señor defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, declarar mal denegado el recurso de inaplicabilidad de ley intentado a favor de Ezequiel Isaías Romero (arts. 486 bis, 487, 494 C.P.P. t.o., ley 14.647).
P. 127.999-RQ - “Romero Ezequiel Isaías s/ Recurso de queja en causa N° 47.234 del Tribunal de Casación, Sala I”.
///Plata, 12 de julio de 2017.-
La presente causa P. 127.999-RQ, caratulada: “Romero Ezequiel Isaías s/ Recurso de queja en causa N° 47.234 del Tribunal de Casación, Sala I”,
I. La Sala Primera del Tribunal de Casación Penal -mediante auto del 15 de abril de 2016 (v. copia de fs. 75/78)- desestimó por inadmisible el recurso de inaplicabilidad de ley intentado por la defensa oficial de Ezequiel Isaias Romero contra la sentencia de ese mismo órgano jurisdiccional que hizo lugar parcialmente al remedio de la especialidad interpuesto contra el fallo dictado por el Tribunal en lo Criminal N° 1 de San Nicolás que lo había condenado a la pena única de veinte años de prisión como autor del delito de robo agravado por resultar un homicidio (art. 165 del C.P.), comprensiva de la pena única de tres años de prisión de efectivo cumplimiento impuesta en la causa n° 3451. En consecuencia, casó parcialmente el mismo, en orden a la pena, fijando la misma en diecinueve años y tres meses de prisión, accesorias legales y costas (fs. 42/59vta.).
II. Contra esa forma de decidir se alzó el señor Defensor Adjunto ante aquella instancia -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- deduciendo la queja que obra agregada a fs. 83/93 (cfe. art. 486 bis del C.P.P., t.o. según ley 14.647).
Luego de aludir al cumplimiento de los recaudos formales de la presentación directa en examen, y de repasar los antecedentes del caso, denunció que el auto que obturó el acceso a esta instancia es erróneo y arbitrario.
En ese sentido argumentó que la decisión contrarió la doctrina de los casos “Strada”, “Christou” y “Di Mascio”, al negar la competencia apelada de esta Corte, privándola de su rol institucional básico (art. 31 C.N) –fs. 89 vta.-.
Además, atribuyó arbitrariedad a la negativa del auto en cuestión, “pues se la funda de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas” (fs. cit. vta./90).
Indicó que los agravios postulados en el remedio de inaplicabilidad de ley “son de índole federal”, y que se han vinculado de manera directa con la solución del caso, en la medida que determina la suerte del mismo; que fue introducida tempestivamente (a partir del pronunciamiento casatorio que la ocasionó) y que el gravamen que genera a su asistido reviste actualidad (fs. cit. y vta.)
Consideró que en tales condiciones, el límite que en razón de la materia trae el art. 494 del C.P.P. “debe ser inaplicado o declarado inconstitucional (…), a fin de tutelar el derecho (…) al doble conforme (arts. 75 inc. 22 CN; 8.2.h CADH y 14.5 PIDCP) -fs. 91-.
Indicó que el a quo no sólo aplicó tal límite, sino que “sostuvo la falta de relación directa” de las cuestiones federales “con la solución del caso, mediante fórmulas genéricas y abstractas” (fs. cit.).
Señaló que “no se aprecia qué otra fundamentación podía portar el recurso interpuesto”, explicando que en el mismo se invocó el derecho a la revisión del fallo, se dijo que lo decidido por la Casación no satisfacía tal derecho pues era una mera repetición de los argumentos del tribunal de instancia, se citaron pronunciamientos de la C.S.J.N. que delimitan su extensión y se demostró la repetición argumental en que incurriera el órgano revisor (fs. cit. y vta.).
Añadió a ello, que se demostró que “no había contestado (…) críticas puntuales dirigidas a la insuficiencia de los elementos de cargo para tener por demostrado la participación” del encartado en el hecho, “y que frente a ello se había infringido el in dubio pro reo” (fs. cit. vta., cursiva en el original).
Por otra parte alegó, respecto a la denuncia de infracción al doble conforme -en cuanto se limitara la revisión a la concurrencia de un “absurdo”-, que el tribunal intermedio nada dijo en el auto denegatorio del remedio de inaplicabilidad de ley (fs. 92).
Aseveró que tales infracciones se vinculan “de manera directa e inmediata con la solución del caso, pues demanda una nueva revisión -esta vez eficaz- de la sentencia condenatoria” (fs. cit.).
Finalmente, observó que “[p]aradójicamente el auto de (in)admisibilidad omite toda referencia a los pronunciamientos que definen aquél derecho y le interpretan en su debida extensión” (fs. cit.).
III. La queja es fundada.
1. Conforme surge de la copia del remedio extraordinario intentado acompañado por la parte (v. fs. 65/74 vta.) el doctor José María Hernández impugnó el pronunciamiento intermedio que -haciendo lugar parcialmente al remedio de la especialidad- condenó a su asistido a la pena de diecinueve años y tres meses de prisión, denunciando la revisión aparente de la sentencia de condena y la infracción -merced a dicho proceder- del derecho al doble conforme, reputando violentados los artículos 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P.
Concretamente reprochó al Tribunal de Casación haber constituido un tránsito aparente que frustró el derecho al doble conforme de su asistido, pues “habiéndose acudido [a él] en procura de la revisión del modo en que el a quo había valorado la prueba para considerar que se encontraba acreditada la coautoría del Sr. Romero en el hecho (…), la respuesta a ese reclamo consiste en una reiteración de las razones” vertidas en el fallo de primera instancia, “y no en una verificación” de la aplicación correcta del “método histórico” (fs. 69).
Abundó sobre el alcance que la Corte federal atribuyó al derecho al recurso del encartado con cita de lo fallado en “Casal” y enfatizó que el órgano recurrido incumplió con los estándares allí delineados.
Para poner en evidencia la infracción denunciada se refirió a los medulosos cuestionamientos introducidos por el casacionista en oportunidad de instar la revisión de la condena, y los apartados de la sentencia mediante los cuales la instancia intermedia pretendió darle respuesta (fs. 72/73 vta.).
2. A su turno el Tribunal recurrido declaró inadmisible el embate extraordinario.
Juzgó -en primer término- que no obstante de que en el caso el monto de la pena supera las limitaciones objetivas que prevé la norma de rito, “no ocurre lo mismo con la naturaleza de los agravios vertidos” (fs. 77).
De seguido, analizó la suficiencia de las cuestiones federales propuestas por la parte (cfe. “Strada”, “Christou” y “Di Mascio”), señalando que “los argumentos defensistas no logran demostrar la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías constitucionales que estima comprometidas, atento haberse abordado la cuestión y otorgado los fundamentos de su rechazo” (fs. cit. vta.).
Como corolario, destacó que “mantienen plena aplicación los límites objetivos de recurribilidad establecidos en el art. 494 del C.P.P. en tanto la formulación de los planteos de pretensa índole federal efectuada (…) permite descartar la concurrencia de algún supuesto de excepción”, con cita de causa P. 118.198 de esta Corte, concluyendo en la inadmisibilidad del remedio intentado (fs. cit. vta.).
3. En el escenario descripto no puede mantenerse el juicio negativo de admisibilidad construido en la instancia anterior.
Es que, sin perjuicio de lo que pueda concluirse en torno a la fundabilidad de los agravios de pretenso cariz federal, lo cierto es que tal como surge de la queja- la defensa técnica del encartado introdujo en la primera oportunidad procesal disponible a tales fines planteos de ese tenor (violación del derecho al recurso por tránsito aparente en la instancia revisora arts. 8.2.h, C.A.D.H. y 14.5, P.I.D.C.y.P.) vinculados en concreto con el pronunciamiento cuestionado y circunstancias específicas del caso (v. punto V del recurso extraordinario), justificando la relación directa e inmediata habida en el caso, y el perjuicio que de dicho proceder se derivó a su asistido.
Siendo ello así, y sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto, corresponde declarar procedente la queja, admisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y requerir los autos principales a la instancia de grado con el objeto de resolver la procedencia del recurso (arts. 486, 486 bis, 487 y 494 del C.P.P. t.o., ley 14.647).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Hacer lugar a la queja interpuesta por la el señor defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, declarar mal denegado el recurso de inaplicabilidad de ley intentado a favor de Ezequiel Isaías Romero (arts. 486 bis, 487, 494 C.P.P. t.o., ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y requiéranse las actuaciones al órgano a quo mediante oficio de estilo.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia