Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127808
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Hugo Ernesto Silva Gómez, con costas (art. 486 bis y conc. del C.P.P. según ley 14.647).
P. 127.808-RQ - “Silva Gómez, Hugo Ernesto s/ Recurso de queja en causa N° 49.083 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”.
///Plata, 31 de mayo de 2017.-
La presente causa P. 127.808-RQ, caratulada: “Silva Gómez, Hugo Ernesto s/ Recurso de queja en causa N° 49.083 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”,
1. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, el Tribunal en lo Criminal Nº 5 del Departamento Judicial Lomas de Zamora condenó a Hugo Ernesto Silva Gómez a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio con alevosía (fs. 1/22 vta.).
A su turno, la Sala Primera del Tribunal de Casación, mediante el pronunciamiento del 17 de diciembre de 2014, resolvió: a) por mayoría, casar la sentencia impugnada y recalificar el hecho como homicidio simple y b) fijar la pena en veintitrés años de prisión, accesorias legales y costas (fs. 39/49 vta.).
Con fecha 7 de junio de 2016, el referido órgano –en lo que interesa- declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado contra dicho fallo (fs. 62/65).
2. Frente a lo decidido, el señor Defensor Oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor José María Hernández, articuló recurso de queja (fs. 68/75).
Sostuvo que el remedio impugnativo fue erróneamente desestimado. Consideró pertinente insistir en que el objeto de aquél no se encuentra constituido por una infracción a la ley sustantiva “sino bien por la infracción a la constitución federal”. En virtud de ello, entendió aplicable al caso la doctrina emergente de los precedentes “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” del Máximo Tribunal nacional (fs. 71).
Tachó a la negativa de arbitraria “pues se la funda de modo sólo aparente mediante la invocación de fórmulas genéricas y abstractas, con las que se ciega la jurisdicción de [este Tribunal] al mentado rol de tutela de la vigencia del bloque federal en los procesos en los que conoce la Provincia” (fs. 71 vta.).
Remarcó que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte Federal por vía del recurso extraordinario en atención a que el agravio postulado en el recurso de inaplicabilidad de ley es de índole federal, pues se debate en él que el Tribunal de Casación: a) incumplió el derecho del imputado a ser oído antes de la imposición de la pena recaída (arts. 18 y 75 C.N., 8.1. C.A.D.H.); b) impuso una pena que puede no tender a la resocialización a la que está obligado el Estado Argentino (art. 5.6, C.A.D.H.); y c) dictó de una pena arbitraria por haber prescindido de las circunstancias fácticas sobre las que debió asentarse (arts. 1, 18 y 33 C.N.) -fs. cit.-.
Sumo a ello que la cuestión federal fue oportunamente planteada y que el gravamen es actual.
Aclaró que no se discutió la infracción del art. 41 inc. 2 del Código Penal sino de los arts. 18 de la C.N. y 8.1. de la C.A.D.H. en tanto la omisión de la audiencia de visu es el presupuesto fáctico de dichas infracciones federales. También dijo que lo mismo ocurre cuando se reputó infringida la obligación que el art. 5.6 de la C.A.D.H. impone a los Estados parte de la Convención (fs. 72 vta.).
Criticó que el sentenciante no se refirió a los agravios de índole constitucional y se limitó a decir que la omisión del visu es un tópico procesal “cuando surge claramente del remedio denegado que ello no es otra cosa que el presupuesto fáctico de los planteos federales presentados”.
En dicho marco, el quejoso manifestó que “[c]on transcripción expresa [de] los considerandos 19 y 23 de ‘Maldonado’ (…) se demostró que el visu del imputado antes de fijar pena integra el derecho a ser oído que deriva del art. 18 de la CN y 8.1 de la CADH”. Agregó que el art. 41 inc. 2 del C.P. es reglamentario de dicha garantía constitucional y convencional (fs. 73).
Asimismo, trajo a colación los precedentes “Trusso” y “Martins” de la Corte nacional y tildó de arbitraria la resolución en crisis por apartarse de la doctrina establecida en dichos precedentes (fs. 74).
Por todo esto, concluyó que el límite que en razón de la materia trae el art. 494 del Código Procesal Penal debe ser inaplicado o, en su caso, declarado inconstitucional (cfe. “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la C.S.J.N.) –fs. 74 vta.-.
4. La queja formalizada es improcedente en atención a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ha sido bien denegado por la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal (art. 486 bis del C.P.P.).
a. De la lectura del decisorio impugnado surge que el Tribunal intermedio, luego de aludir a lo normado por el art. 494 del C.P.P., indicó que –en autos- si bien los requisitos formales de admisibilidad se encuentran abastecidos, “no ocurre lo mismo con la naturaleza de los agravios vertidos en la impugnación”.
En efecto, apuntó que el recurso extraordinario “se dirige a poner en evidencia un supuesto déficit procedimental anterior a la sentencia de e[s]e Tribunal, pues se logra advertir que ni en el recurso de casación (fojas 59/74) ni en el memorial que autoriza el art. 458 del C.P.P. (fojas 98), en que desiste de la audiencia de informe, a la que podría haber asistido el imputado, se advierte el agravio que ahora se trae a colación, respecto del segundo apartado del art. 41 del C.P.”. En virtud de ello, sostuvo que los argumentos defensistas “se vinculan con cuestiones típicamente procesales, sin lograr demostrar de forma adecuada el compromiso directo de garantías constitucionales que estima comprometidas” (fs. 64).
De seguido, afirmó que si bien el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley “constituye –habitualmente- el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, a fin de permitirle al impugnante transitar por el Superior Tribunal de la causa, como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14, ley 48), conforme lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de los precedentes ‘Strada’ (Fallo[:] 308:490), ‘Di Mascio’ (311:2478) y ‘Christou’ (310:324), la admisibilidad del reclamo -en dicho marco- no se satisface con la mera invocación de una cuestión de tal naturaleza, sino que es menester su correcto planteamiento, pues sólo así [esta Corte] se encontraría obligada a ingresar a su conocimiento como Superior Tribunal de la causa según los precedentes (…) [referenciados]” –fs. cit.-.
b. Tal cual surge de la reseña efectuada, el a quo desestimó el carril extraordinario por estimar que la defensa no puso de relieve, con la suficiencia y carga técnica necesaria, el compromiso directo de las garantías constitucionales que arguye vulneradas (violación de los arts. 18 de la C.N., 8.1. y 5.6. de la C.A.D.H.).
Frente a ello, la defensa no logró remover con eficacia dicho obstáculo formal en tanto se limitó a reeditar los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
c. Por otra parte, la tacha de arbitrariedad por apartamiento de los fallos del Máximo Tribunal nacional tampoco es de recibo. Ello en tanto la parte no evidenció de qué manera los precedentes jurisprudenciales citados (v. fs. 74), en especial “Maldonado”, resultarían aplicables al caso a pesar de las notorias diferencias causídicas entre aquéllos y el presente.
d. Por último, huelga poner de resalto que el temperamento adoptado por el a quo se corresponde con el criterio fijado por esta Corte sobre el punto (cfe. P. 110.459, resol. del 4/IV/2012; P. 109.331, resol. del 9/XII/2010, P. 109.001, resol. del 26/X/2010, P. 109.618, resol. del 2/VII/2010; P. 112.060, resol. del 12/XII/2012; P. 115.615, resol. del 3/VII/2013; P. 122.167, resol. del 17/XII/2014; P. 125.701, resol. del 15/VII/2015; P. 126.061, resol. del 11/XI/2015; P. 122.488, resol. del 6/IV/2016; P. 126.742, resol. del 1/VI/2016; P. 126.910, resol. del 22/VI/2016; P. 126.868, resol. del 13/VII/2016; P. 122.255, resol. del 21/IX/2016; P. 123.519, resol. del 5/X/2016; P. 122.853, resol. del 26/X/2016; P. 123.935, resol. del 30/XI/2016; P. 124.797, resol. del 21/XII/2016; e.o.).
5. En función de todo lo expuesto, la petición de inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P. carece de virtualidad en la medida en que lo decidido por el Tribunal de Casación, ratificado por esta Corte, no se fundó, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se exteriorizaron de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de esta Corte (art. 15 de la ley 48).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Hugo Ernesto Silva Gómez, con costas (art. 486 bis y conc. del C.P.P. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y acumúlese por cuerda a la causa P. 128.709-RC, caratulada: “Altuve, Carlos Arturo -Fiscal de Casación- s/ Recurso extraordinario de inaplicabilidad en causa Nº 49.083 del Tribunal de Casación Penal, Sala I, seguida a Silva Gómez, Hugo Ernesto”.
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia