Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 129978
En la ciudad de La Plata, a 26 de febrero de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Kogan, Soria, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.978, "L., C. M. y G., G. E. s/ Recurso de queja en la causa n° 5228 del Tribunal en lo Criminal n° 4 de La Matanza".
El Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza, interviniente en calidad de órgano de Alzada, luego de lo resuelto por esta Corte en la causa P. 128.765 que anuló el juicio de admisibilidad del art. 486 del Código Procesal Penal y ordenó la realización de uno nuevo debidamente fundado (resol. de 31-V-2017; v. fs. 317/318), desestimó los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos a favor de C. M. L. y G. E. G. contra la decisión de dicho órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil n° 1 que en el marco de un proceso de juicio abreviado, les atribuyó la responsabilidad en orden a los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa (arts. 41 bis, 42, 55 y 79, Cód. Penal), en relación con L. y G., conforme IPP 741-14; homicidio criminis causae en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego (arts. 80 inc. 7, 166 inc. 2 párr. segundo y 55, Cód. Penal), con relación a G., conforme IPP 4032-14 -ambos de la causa 2203/2014-; hecho I: robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada y por su comisión en lugar poblado y en banda (arts. 166 inc. 2 párr. tercero y 167 inc. 2, Cód. Penal); hecho II: robo agravado por el uso de arma de fuego y por su comisión en lugar poblado y en banda en concurso real con abuso de arma de fuego criminis causae (arts. 166 inc. 2 párr. segundo, 167 inc. 2, 104, 105 en función del art. 80 inc. 7 y 55, Cód. Penal) y hecho III: robo agravado por el uso de arma de fuego en tentativa, robo agravado por el uso de arma de fuego, homicidio criminis causae agravado por el uso de arma de fuego en concurso real entre sí (arts. 166 inc. 2 párr. segundo, 80 inc. 7, 41 bis, 42 y 55, Cód. Penal) con relación a L., conforme las IPP 14280/14; 14.279/14 y 14.281/14, todos de la causa 175/2014 acollarada; y difirió el tópico correspondiente a la imposición de pena (v. fs. 321/323).
Contra esa decisión, la señora defensora oficial dedujo queja en los términos del art. 486 bis del Código Procesal Penal (v. fs. 329/337 vta.). Por resolución del día 19 de septiembre de 2018, esta Suprema Corte admitió la misma y concedió ambos remedios extraordinarios (v. fs. 349/352 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 382/395 vta.), dictada la providencia de autos a fs. 412 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto?
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Por razones metodológicas he de alterar el orden de tratamiento de los recursos conforme fueran articulados.
II. En la vía extraordinaria en análisis, la defensa denunció que el tribunal revisor trasgredió lo dispuesto en el art. 168 de la Constitución provincial, toda vez que omitió el tratamiento de una cuestión planteada en la apelación referida a la vulneración del acuerdo de las partes y del principio acusatorio, con la consecuente afectación del derecho de defensa (v. fs. 310).
Explicó que el motivo de agravio consistía en que las partes habían acordado la imposición de un año de tratamiento tutelar para L. y G., en forma previa a la decisión sobre la necesidad de imponerles pena (art. 4, ley 22.278), circunstancia que no fue respetada por el tribunal de grado en tanto decidió tener por cumplido dicho tratamiento a contar desde el inicio de las actuaciones.
Agregó que, al momento de celebrarse el referido acuerdo, el señor agente fiscal actuante había solicitado que se impusiera un año de tratamiento tutelar al joven L. y que durante ese período se procurara, respecto del nombrado, la realización de tratamiento psicológico, interdisciplinario, procurando otorgársele escolarización adecuada, que aprendiera un oficio o profesión, y que concurriera al CTA al menos de manera trimestral, entre otras reglas de conducta. Señaló que idéntica petición se había efectuado respecto de G. E. G..
Finalmente, argumentó acerca de la relevancia que tendría el tratamiento del mencionado agravio, en tanto sostuvo que "...además de resultar legalmente improcedente valorar como tratamiento tutelar el período desde el cual se inicia la causa [...], se eleva para [sus] asistidos la posibilidad de que se les imponga pena ante el desconocimiento de ese acuerdo de partes, ya que ambos, sin haber sido objeto de tratamiento alguno, serán expuestos al dictado de esa decisión jurisdiccional, con mayores posibilidades de que la misma les resulte adversa..." (fs. 311).
En suma, reclamó la nulidad del fallo en crisis de conformidad con lo dispuesto en el art. 492 del Código Procesal Penal.
III. Al igual que el señor Procurador General, considero que la vía en examen prospera (v. fs. 382 vta. y 383).
IV. Conforme se reseñó, en el recurso de apelación, en lo que aquí es de interés, la asistencia técnica de los imputados había denunciado la vulneración del acuerdo de partes (fiscal, particular damnificado, imputados y defensa) y la afectación del principio acusatorio y del derecho de defensa, porque se habría desatendido en el fallo originario lo convenido al momento de celebrarse el acuerdo de juicio abreviado, en cuanto a diferir la decisión atinente a la imposición de pena durante el plazo de un año, de acuerdo con el art. 4 de la ley 22.278. Agregó que en la audiencia respectiva el señor fiscal había solicitado al tribunal que durante ese período se imponga al joven L. un tratamiento tutelar (v. fs. 274 vta. y 275). Lo mismo sucedió respecto de G. (v. fs. 275).
La defensa alegó que las partes habían entendido que el tratamiento tutelar debía ser impuesto a los nombrados luego del auto de responsabilidad que fuera dictado como consecuencia del acuerdo, y que en la instancia de origen, contrariando lo expresamente solicitado, se resolvió "...que el período de tratamiento tutelar, no inferior a un año, debe[ría] computarse desde el umbral del proceso" (fs. 275 vta.), con lo que se privó a los imputados de la posibilidad de llevar adelante las reglas de conducta y evaluaciones expresamente convenidas, para decidir en su caso sobre la necesidad de imponer pena.
En la apelación se había expresado que, además de vulnerar el principio acusatorio al anteponer el tribunal su postura por sobre el acuerdo pactado, la decisión cuestionada afectó la garantía de la defensa en juicio, toda vez que los causantes se encontraron impedidos de demostrar a través del cumplimiento de las reglas de conducta pactadas y la adopción de una función social constructiva, la falta de necesidad de imposición de pena en estos obrados (v. fs. 276).
La defensa también había alegado en esa ocasión que, en atención a la legislación vigente, de ningún modo puede el juez someter a tratamiento tutelar a un menor de edad sin haber sido antes declarado penalmente responsable del hecho que se le imputa.
Finalmente, en la impugnación anterior se planteó que "...tener por cumplido el año de tratamiento tutelar que manda inc. 3 del art. 4 de la ley 22.278, con el período transcurrido desde el inicio de estos obrados, contradice la garantía constitucional de defensa en juicio prevista en el art. 18 de la CN y el sistema de protección integral de derechos que establece la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño..." (fs. 276 vta.).
V. El tribunal revisor abordó el tratamiento de los otros reclamos del apelante referidos a la arbitrariedad y afectación del principio de inocencia, con los que se había cuestionado la prueba ponderada en el caso para tener por acreditada la autoría de los jóvenes en cada uno de los hechos (v. fs. 281/287), a la alegada inconstitucionalidad del art. 371 del Código Procesal Penal (v. fs. 287/288 vta.), y a la afectación del principio de inocencia en cuanto a la pautas agravantes que fueron computadas (v. fs. 288 vta.)
Empero, en ninguno de los pasajes que conformaron la sentencia impugnada se dio respuesta al concreto agravio que aludía a la vulneración del acuerdo de partes y del principio acusatorio, con la consecuente afectación del derecho de defensa, al haberse desestimado la aplicación de un tratamiento tutelar para ambos encausados, previo a la imposición de la pena y por el plazo de un año. Es más, ni siquiera fue enunciado como un planteo que la parte había llevado a conocimiento del órgano revisor.
De tal modo el a quo incurrió en transgresión del art. 168 de la Carta magna local al omitir el tratamiento de dicha cuestión esencial, en tanto el reclamo, de haber progresado, podría haber incidido en la decisión sobre la aplicación o no de una sanción (art. 168, Const. prov.; conf. causas P. 67.702, sent. de 18-VI-2003; P. 100.135, sent. de 13-III-2008; P. 108.386, resol. de 4-V-2011; P. 127.003, resol. de 21-VI-2017; e.o.).
Cabe recordar que el art. 168 de la Constitución provincial exige que los tribunales de justicia resuelvan todas las cuestiones que les fueren sometidas por las partes, en la forma y plazos establecidos al efecto por las leyes procesales.
Conforme lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de nulidad deducido y devolver los autos al Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza para que se brinde tratamiento al planteo cuyo abordaje fue preterido en el fallo en crisis (arts. 492 y concs., CPP y 168, Const. prov.).
Voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I.1. La señora defensora, en primer lugar, denunció la violación del principio de congruencia y la inobservancia del art. 18 de la Constitución nacional, planteo que formuló respecto del suceso tenido como hecho III en el fallo de condena.
Alegó que el a quo , al afirmar que el imputado L. se movilizaba durante el ilícito en cuestión conduciendo el Volkswagen Bora (dominio HTM-600) y no a bordo del Ford Focus (dominio IWL-740), cuya presencia en el lugar había fijado el señor agente fiscal como sustento de la imputación, procedió a mutar la base fáctica sobre la cual se había sostenido la imputación durante todo el curso del proceso.
En su opinión, se habría llegado a esa afirmación ante la supuesta "orfandad probatoria" que tendría que haber llevado al revisor a establecer la ajenidad de L. en ese ilícito, y que, en su lugar, se habría efectuado una real mutación a la base fáctica sobre la cual se ejerció el derecho de defensa del nombrado, del que deriva el principio de inocencia que -afirmó- estaría afectado en la ocasión.
También, para dar precisión a su planteo, destacó que hasta la decisión recurrida la discusión en torno de este suceso había estado enmarcada por su negación sobre la intervención en el hecho III del Ford Focus aludido, a bordo del cual a posteriori y finalmente resultó aprehendido ese imputado, trayendo a colación elementos probatorios que avalarían su postura. Agregó que en todo momento la defensa había señalado la ausencia de prueba sobre la presencia de ese vehículo durante el desarrollo del suceso en análisis.
La impugnante sostuvo que, a diferencia de lo expresado por el revisor, no se trataría de meras discrepancias en la apreciación de la prueba sino de una real mutación en la base fáctica sobre la cual se construyó la imputación de L. y se ejerció el derecho de defensa, afectándose así el principio de congruencia.
En suma, reclamó la nulidad del fallo en crisis y el dictado de un nuevo pronunciamiento en el que se proceda a quitar de los extremos de la imputación la "sorpresiva" circunstancia introducida por el a quo, con la consecuente absolución del joven L. en el hecho III cuestionado (v. fs. 303).
I.2. El agravio deberá ser desestimado.
Debo señalar, conforme fue admitida por esta Corte la queja deducida contra la denegación de la vía de inaplicabilidad en examen (v. fs. 349/352 vta.), que lo atinente a la denunciada afectación del principio de congruencia será abordado desde los tópicos constitucionales expuestos en esa presentación, a fin de que esta instancia pueda constituir un tránsito adecuado para la posible articulación del remedio extraordinario previsto en los arts. 14 y 15 de la ley 48.
En esa tarea se observa que la defensa no logró demostrar que se haya producido una prohibida variación del hecho III a partir de la conclusión a la que arribó el tribunal revisor.
En efecto, con referencia a que en los sucesos juzgados se estableció la "participación de varios sujetos en forma alternativa y funcional", el a quo expresó que se deducía con mayor fuerza convictiva que L. oficiaba de conductor del vehículo Bora que, sin ninguna controversia, quedó establecido que intervino en ese acontecimiento. Y que no podía ser desechada esa postura por la sola circunstancia de haber sido hallado el nombrado arriba del Focus una hora y veinte minutos después de cometido el hecho III, toda vez que no solo había actuado en el hecho I, sino en los restantes que le fueron imputados, señalándose que "...en particular condujo el auto sustraído en el hecho II y luego deviene con mayor claridad que en el hecho III se trataba de aquel sujeto que conducía el rodado Bora utilizado para atracar al fallecido remisero...", refiriéndose a Félix Horacio Romero quien conducía el vehículo Corsa (dominio KTO-399) en el que finalmente huyeron los acusados (v. fs. 285 y vta.).
Tras concordar con la defensa en que en la filmación aportada a la causa no se observó el paso de otro automóvil -distinto del Bora y del Corsa- por la zona y en momentos en que se perpetró el hecho en cuestión, expresó que de todos modos se presentaba "...con irremediable fuerza convictiva que L. conducía el rodado Bora en este ilícito, tal como lo hizo en el suceso II para asegurar su apropiación..." (fs. 285 vta., cit.).
De seguido destacó el análisis del tribunal de origen en cuanto sostuvo el "...idéntico modus operandi en la consecución de los sucesos cometidos, además en similares circunstancias de tiempo y espacio, [...] en las edades y sus características fisonómicas semejantes entre los sujetos activos intervinientes, todo lo cual indefectiblemente y en un marco valorativo global y comprensivo de los demás elementos de juicio sopesados, [llevó] a sostener la coautoría de C. M. L. en los tres episodios rubricados bajo los números I, II y III" (fs. cit.).
Advirtió además la existencia de una "...relación insoslayable entre los rodados modelo Bora, el Focus aludido y el Corsa, mal habidos todos, hallados en similares circunstancias y utilizados los primeros para delinquir [...]" (fs. 286), tras lo cual expresó que "...L. no solo intervino en la sustracción bajo el hecho I -del 1° de abril a las 23:15-, sino además protagonizó el suceso siguiente (II, con fecha 2 de abril, a las 19:30) arriba del rodado antes habido y se ocupó de sacar del brazo a la víctima Araceli Luna y ascendió al Volkswagen Bora por el lado del acompañante, luego toma el volante y huye del lugar conduciéndolo. Por último, sujetos varios arriba del citado Bora (antes sustraído en el hecho II, reconocido por los testigos Brian y Manuel Miltos [...], propiciaron el desenlace del suceso III" (fs. 286, cit.).
Asimismo, resaltó que "No puede obviarse la intervención plural y organizada de distintos sujetos en los atracos ventilados, así como la similar modalidad comisiva, la utilización de armas de fuego para sustraer automotores y luego utilizar los mismos en posterior ilícito..." (fs. 286 y vta.), sin que lo relatado por los testigos Mancuso y Cáceres, a los que había aludido la defensa, permitiera exculpar a L. en los hechos juzgados. Más aún, expresó que "...claramente han intervenido multiplicidad de sujetos" y que por el hecho de que a las 21 hs. no haya sido observado L. descendiendo del Corsa y/o del Bora en el referido sector conocido como "tira de brea", ello "...no descarta que minutos antes y después haya protagonizado los eventos" en análisis (v. fs. 286 vta.).
En suma, el tribunal revisor, tras aclarar que compartía la decisión del a quo , expresó que más allá de alguna discrepancia con la interpretación de las piezas colectadas, la experiencia, la psicología general y la lógica le permitían arribar a esa conclusión (v. fs. 286 vta., causa principal).
Frente a ello, la recurrente, con solo decir que se produjo una supuesta "mutación" en la base fáctica, no logró demostrar que la señalada interpretación del suceso, efectuada por el revisor de conformidad con la prueba invocada, haya significado una real variación prohibida de la plataforma fáctica del evento en cuestión, ni que ello resultara sorpresivo para el imputado y su defensa desde que el acaecer del ilícito resulta ser el mismo, en tanto lo que ha variado ha sido la forma en que el suceso fue interpretado por el tribunal revisor según la misma prueba aportada en autos.
En ese sentido, concuerdo con el señor Procurador General en que la defensa no procuró evidenciar de qué manera se habría afectado la congruencia ante la intervención del Tribunal de Alzada que "...limitó su labor a efectuar un cambio en la asignación de los roles en un contexto de coautoría funcional, considerando para ello los concretos planteos que la defensa le sometiera y analizando, en la medida de sus posibilidades, la prueba producida" (dictamen, esp. fs. 389 vta.).
Así entonces, una modificación de este tipo escapa al ámbito de protección del principio de congruencia cuya violación ha sido denunciada en la presentación en examen, la defensa no trajo alegaciones aptas para desvirtuar esa conclusión (art. 495, CPP).
Resulta oportuno recordar que lo que resguarda el principio de congruencia está dado porque la sentencia que se dicte sea sobre el mismo hecho materia de acusación, y que tanto la defensa como el imputado hayan podido tener conocimiento y de tal suerte, resistirla sin sorpresas. Mas no necesariamente el hecho de la declaración indagatoria, o de la requisitoria fiscal en la elevación a juicio -y mucho menos su calificación legal- debe ser exactamente el mismo en la acusación bajo apercibimiento de transgresión a la aludida congruencia. Por el contrario, el límite resulta del hecho por el que se intima al imputado en la acusación, respecto del cual se habrá de defender (arg. art. 18, Const. nac.). De modo que, si ese límite fue respetado, como sucedió en el caso en examen, la mentada violación no es tal. Máxime cuando la recurrente no logró demostrar que los hechos que comportan la materialidad ilícita del fallo difieren de modo sustancial de aquéllos ponderados en el planteo acusatorio, y menos aún que resultare visible una discordancia fáctica de aspectos relevantes, no meramente accesorios o menores, entre lo expuesto en la acusación y en la sentencia de condena (conf. causas P. 93.751, sent. de 15-VII-2009; P. 108.865, resol. de 19-XII-2012; P. 99.586, sent. de 16-VII-2014; P. 120.665, sent. de 9-XII-2015; e.o.).
Por otra parte, desde la perspectiva de análisis del derecho constitucional de defensa en juicio -y sin perjuicio de que la impugnante
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