Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 128141 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Alfredo Demesio Cantero, con costas (art. 486 bis y concs. del C.P.P. según ley 14.647).
P. 128.141-RQ - “Cantero, Alfredo Demesio s/ Recurso de queja en causa n° 54.257 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”.
///Plata, 28 de junio 2017.-
La presente causa P. 128.141-RQ, caratulada: “Cantero, Alfredo Demesio s/ Recurso de queja en causa n° 54.257 del Tribunal de Casación Penal, Sala I”,
1. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 29 de abril de 2016, declaró -en lo que aquí interesa destacar- inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa oficial de Alfredo Demesio Cantero contra la decisión de dicho órgano jurisdiccional que, a su vez, confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 1 de San Martín que lo condenó a la pena única de dieciocho años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de homicidio simple, con el uso de arma reiterado.
Para así decidir, luego que señaló la definitividad del resolutorio en crisis y los agravios llevados por la parte en el remedio escogido, sostuvo que en el caso el monto de la pena impuesta al encartado supera las limitaciones objetivas que prevé el art. 494 del C.P.P. “más no ocurre lo mismo con la naturaleza de los agravios vertidos en las respectivas impugnaciones” (fs. 79 vta./81).
A continuación, recordó que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituye habitualmente el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas, y advirtió que la mera invocación de una cuestión de tal naturaleza no satisface la admisibilidad del reclamo, siendo menester su correcto planteamiento (fs. 81 y vta.).
A renglón seguido, indicó que dicha circunstancia no se verificaba en autos, en tanto si bien el defensor se refirió a la violación de la garantía de la defensa en juicio, el debido proceso, e in dubio pro reo, “no se advierte del libero recursivo desarrollos argumentales que permitan establecer una vinculación con las garantías constitucionales que estima comprometidas, [y] sólo se limita a enunciarlas” (fs. 81 vta.).
Finalmente, concluyó que “la invocada arbitrariedad de la sentencia recurrida -en cuanto al resultado objetivo de la prueba-, no se evidencia de lo efectivamente resuelto por el tribunal casatorio” (cit.).
2. Frente a ello, el señor Defensor Oficial adjunto ante la aludida instancia, doctor José María Hernández, articuló recurso de queja (fs. 85/95 vta.).
Sostuvo que la impugnación extraordinaria fue erróneamente desestimada. Tildó de arbitraria la negativa del a quo por fundarse en argumentos que no se condicen con los alcances de lo planteado en la vía extraordinaria (fs. 93).
Dijo que el tribunal casatorio no alcanzó -desde su óptica- a interpretar los alcances del recurso y confundió los agravios, y de ese modo negó las causales de arbitrariedad (fs. cit. vta.).
Resaltó que el caso se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte Federal por vía del recurso extraordinario en atención a que a los agravios postulados en el recurso de inaplicabilidad de ley son de índole federal (arbitrariedad y en paralelo el derecho a la revisión de la sentencia de condena). Sumó a ello que la cuestión federal fue oportunamente planteada y que el gravamen es actual (fs. 95).
Expuso que la negativa del a quo es arbitraria por apoyarse en argumentos errados y en fórmulas genéricas y abstractas (fs. cit.).
Por todo esto, concluyó que el límite que en razón de la materia trae el art. 494 del C.P.P. debe ser inaplicado o, en su caso, declarado inconstitucional (cfe. “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la C.S.J.N.) –fs. cit. vta.-
3. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis del C.P.P.).
Si bien de la reseña efectuada en el punto 1 surge que el Tribunal de Casación efectuó algunas consideraciones que traspasaron los límites formales de la admisibilidad -punto sobre el cual el quejoso nada dijo- el juicio negativo debe confirmarse pues el argumento basal por el que se desestimó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley radica en que la parte no desarrolló las pretensas cuestiones federales con la suficiencia necesaria para sortear las limitaciones del art. 494 del ritual (art. 15 de la ley 48; cfe. P. 112.319, res. del 18/V/2011; P. 110.483, res. del 15/VI/2011; P. 108.489, res. del 29/VI/2011; P.110.903, res. del 29/VI/2011; e.o.).
Frente a ello, las argumentaciones de la parte no resultan eficaces para remover dicho obstáculo formal pues no hizo ningún esfuerzo por evidenciar la relación directa e inmediata entre los agravios desarrollados en la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley (v. fs. 65/78) y la sentencia casatoria (v. 50/61 vta.).
Por otra parte, de la reseña de los antecedentes del caso se advierte que la resolución impugnada cuenta con fundamentación suficiente que la deja a salvo de la tacha de arbitrariedad intentada.
Finalmente, el pedido de inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P. tampoco prospera en tanto dicha norma no ha sido obstáculo para la concesión del carril extraordinario. Por el contrario, fue la propia técnica que el impugnante utilizó en el recurso lo que derivó en la inadmisibilidad decretada por la Alzada y confirmada por esta Corte.
En suma, la presentación directa se revela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo (arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta por el señor Defensor Oficial adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Alfredo Demesio Cantero, con costas (art. 486 bis y concs. del C.P.P. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia