Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127978
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación a favor de Luis Adrián Artola, con costas (arts. 484, 486 bis y ccds. del C.P.P.).
P. 127.978-RQ - “Artola, Luis Adrián s/ Recurso de queja en causa N° 55.049 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”.
///Plata, 3 de mayo de 2017.-
La presente causa P. 127.978-RQ, caratulada: “Artola, Luís Adrián s/ Recurso de queja en causa N° 55.049 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”,
1. La Sala III del Tribunal de Casación Penal, el 14 de julio de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Luís Adrián Artola contra la resolución de la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial San Martín, confirmatorio del dictado por el Juzgado Correccional nº 1 departamental, que rechazó el pedido de extinción de la acción penal por prescripción en orden al delito de hurto (fs. 32/34 vta.).
Para así resolver, destacó inicialmente que el mismo ha sido interpuesto en término, por parte legitimada y está dirigido contra una resolución equiparable a definitiva conforme lo decidido por esta Corte sobre el punto a fs. 59 vta., segundo párrafo. -fs. 21 vta. del presente legajo- (fs. 33 vta.).
Dicho ello, expuso que el recurrente “...tras explicar los antecedentes y afirmar que la interpretación de la Sala resultó arbitraria y lesiva del principio de legalidad y la garantía de plazo razonable...pasa, sin solución de continuidad, a justificar el carácter de instituto de orden público que reviste la prescripción en materia penal...tras lo cual, en forma inmediata realiza su petitorio”. En ese discurrir, agregó que “el remedio intentado incumple la carga de motivación suficiente impuesta por los artículos 484 y 495 del Código Procesal Penal, toda vez que no exhibe siquiera una línea que cuanto menos argumente los motivos por los que lo decidido resultaría erróneo o arbitrario, y cómo ello afectaría las garantías que se dicen conculcadas” (fs. 34)
En sustento de su postura, trajo a colación lo dicho por este Tribunal en la causa P. 118.961.
Concluyó que “la defensa no logr[ó] demostrar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso” (fs. 34 vta.).
2. El Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia, Doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, dedujo queja (fs. 40/43).
Luego de aludir al cumplimiento de los recaudos formales, y repasar los antecedentes relevantes del caso, sostuvo que contrariamente a lo decidido acerca de la “falta de motivación”, esa parte “efectuó un claro y contundente desarrollo histórico de cómo se sucedieron los hechos, a efectos de acreditar la prescripción que se denuncia (fs. 41 vta.).
A continuación, transcribió parcialmente los fundamentos llevados en la vía de inaplicabilidad de ley articulada, para concluir que el pronunciamiento que se pretende impugnar se limitó a señalar que la acción no se encuentra prescripta por reanudarse su plazo con la firmeza de un fallo que verifica la comisión de un nuevo delito durante el transcurso de la “probation”, en tanto que la defensa argumentó “cuál es la fecha a partir de la que opera la prescripción, cuáles fueron los actos procesales por los que fue suspendida, y en virtud de qué elementos es que pretende que se declare la prescripción de la acción penal...” (fs. 42 vta.).
Sobre esas consideraciones, enfatizó en la procedencia de la queja y la admisibilidad del recurso extraordinario descartado en la instancia anterior.
3. La queja formalizada es improcedente.
Si bien de la reseña efectuada en el punto 1. surge que el Tribunal revisor efectuó consideraciones que traspasaron los límites formales del examen de admisibilidad al referir que no se abastecieron los recaudos del art. 495 del C.P.P. (v. fs. 34) -punto sobre el cual el quejoso nada dijo-, el juicio negativo debe confirmarse pues el argumento basal por el que se desestimó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley radica en que la parte no desarrolló las pretensas cuestiones federales con la suficiencia necesaria para sortear las limitaciones del art. 494 del ritual (art. 15 de la ley 48; cfe. P. 112.319, res. del 18/V/2011; P. 110.483, res. del 15/VI/2011; P. 108.489, res. del 29/VI/2011; P.110.903, res. del 29/VI/2011; e.o.).
En ese marco, los agravios que la queja porta resultan inhábiles para conmover el juicio negativo de admisibilidad al que arribó el a quo , habida cuenta que deja incontrovertidos los motivos que fundaron esa decisión.
Cabe señalar que este Tribunal ha advertido que es insuficiente la presentación directa si no cuenta con específica fundamentación según el objeto y finalidad del medio revisor (cfe. art. 484, CPP), en tanto sus desarrollos constituyen una mera reedición de los llevados en el recurso extraordinario, sin que la parte haya reparado siquiera mínimamente en las bases que sostienen la respuesta dada por la instancia anterior (cfe. causa P. 125.486, res. 13/V/2015).
En definitiva, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el a quo (cfe. arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por el señor Defensor Oficial Adjunto de Casación a favor de Luis Adrián Artola, con costas (arts. 484, 486 bis y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia