Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127370
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAdmitir la queja interpuesta por la defensa oficial a favor de Hugo Gabriel Verón, y -en consecuencia- declarar mal denegado el recurso articulado ante la Sala III del Tribunal de Casación Penal (arts. 486, 486 bis, y 494, CPP).
Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley de fs. 67/74 vta..
"VERÓN, HUGO GABRIEL S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 55.038 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA III".
La Plata, 6 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 127.370-RQ, caratulada: "Verón, Hugo Gabriel s/ Recurso de queja en causa n° 55.038 del Tribunal de Casación Penal, Sala III",
I. La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 10 de marzo de 2016 desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la defensa oficial contra la decisión de dicho órgano que, declaró parcialmente procedente el recurso incoado contra el fallo del Tribunal Criminal n° 7 de San Isidro que condenó a Hugo Gabriel Verón a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, por la autoría del delito de robo calificado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego. En consecuencia, merituó como atenuante "la prolongación de este juicio", conforme lo peticionado por la defensa, y fijó la nueva sanción en diez años y once meses de prisión (v. fs. 75/77 vta.).
Para así fallar, luego de hallar cumplidos los requisitos de los arts. 482 y 483 del Código Procesal Penal, y abastecido el quantum exigido por el art. 494 del Código Procesal Penal, afirmó incumplida "la carga de motivación que traen los arts. 484 y 495 del ritual" (fs. 76 vta.).
Explicó que el voto en disidencia "no es por sí mismo prueba del error o absurdo" del criterio mayoritario, sino de una discrepancia de opinión. De seguido, expuso que el recurso no identifica los testimonios que -a su entender- fueron relegados por el órgano, ni la parcela de la declaración testimonial que alude a que uno de los agresores era mayor (v. fs. 76 vta.). A continuación, indicó la carencia de análisis respecto a la conclusión de los peritos, y concluyó que "el impugnante no aborda el resto de la prueba valorada por la Sala, especialmente la mencionada a fs. 96 vta." (fs. cit./77). Razonó que al no especificar la probanza que dice preterida, no refutar suficientemente las conclusiones del fallo impugnado, y prescindir de abordar el restante material analizado en el resolutorio, "la denunciada violación al principio de inocencia queda desacreditada", pues el agravio se reduce a una discrepancia de criterio con la tarea valorativa (v. fs. 77).
En este marco, le atribuyó naturaleza procesal a los agravios, y -con cita en lo resuelto por este Tribunal en P. 117.211- afirmó que la parte pretende controvertir la fijación de los hechos y la ponderación de las pruebas con las que el tribunal revisor tuvo por acreditada la participación del imputado en el hecho, lo que -por regla- no puede ser fiscalizado por esta Corte en el acotado marco de su competencia revisora, sin que se evidencie algún supuesto que lo excepcione (v. fs. 77 y vta.).
II. Contra lo allí decidido, el señor defensor oficial -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- presentó queja por recurso extraordinario denegado (v. fs. 84/91 vta.).
Denunció que el a quo incurrió en exceso en el control de la admisibilidad. Explicó que se pronunció sobre el fondo del asunto, resolviendo el agravio que la defensa pretendía que fuera analizado por esta Suprema Corte.
Esgrimió que ha desnaturalizado la manda del art. 486 bis del Código Procesal Penal, utilizando el control de admisibilidad para realizar una defensa de su decisorio, "privando al imputado de que sea el Tribunal Superior quien revise el acto jurisdiccional" (fs. 86 y vta.).
Se explayó respecto al riesgo que conlleva el análisis de un fallo por el mismo órgano que lo dictó, con citas de precedentes de esta Suprema Corte y doctrina. Expuso que se vedó a Hugo Gabriel Verón el acceso a la jurisdicción en el marco de la garantía de la revisión amplia del fallo de condena -arts. 8.2.h, CADH y 14.5, PIDCP- (v. fs. 86 vta./87 vta.).
Sostuvo que la sentencia que rechaza la vía casatoria resulta arbitraria "y por ende no puede considerarse válida y, menos aún una revisión suficiente". Arguyó que su defendido no pudo conocer y criticar los argumentos por los cuales se confirmó su coautoría, situación que pretendía ser subsanada mediante la vía rechazada (v. fs. 87 vta.).
A continuación, destacó que la sanción de ley 14.647 fue posterior al hecho que se le imputa a su pupilo y que al establecer un "doble juicio de admisibilidad", deben evitarse los rigorismos en la evaluación del caso por el propio órgano fiscalizador, ya que de otro modo se vería afectado el principio de legalidad (v. fs. cit./88).
Como planteo subsidiario, se ocupó de la insuficiencia endilgada al recurso extraordinario (v. fs. 88). Transcribió parcelas del auto denegatorio, y afirmó que ellas no sólo evidencian el exceso prealudido, "sino también la arbitrariedad y falta de veracidad de la ‘respuesta’ dada por el TCP" (fs. 88 vta.).
En primer término aclaró que la remisión efectuada al voto minoritario se efectuó en pos de resultar clarificador "en relación a la credibilidad, procedencia y pertinencia de los testimonios valorados" (v. fs. 88 vta.).
Asimismo, objetó la imprecisión que le endilgó el a quo sobre las deposiciones que considera prescindidas, y afirmó que la parte "reseñó los testimonios aportados por el Sr. Roberto Manuel Fernández y la Sra. Yesica Elizabeth Mansilla" (fs. 88 vta. in fine.). Reconoció las diversas deposiciones ponderadas por el revisor para tener por acreditados los hechos, pero agregó que sólo los de mención -por brindar características fisonómicas- aportarían elementos a fines de la autoría (v. fs. 89). Agregó que también se transcribieron fragmentos de las declaraciones omitidas, y -por razones de economía procesal-, se remitió a la vía extraordinaria denegada "donde se efectuara un acabado análisis de las referidas declaraciones" (fs. cit.). En esta tarea, denunció que "no es cierto" que no se identificó la parte del testimonio en la que se señala al sujeto mayor, y la transcribió. Aclaró que ella formó parte de la sentencia revisora y del recurso extraordinario denegado, y que -además- el testigo Fernández mencionó que el sujeto tenía unos 22 años, y que no tenía ni bigote ni barba (v. fs. 89 y vta.). Entendió que la mayoría aludida por el testigo refiere al alcance de la edad legal, y le restó importancia a la contradicción que incurrió el mismo durante el debate (v. fs. 89 vta.).
De seguido, también confrontó al auto en lo que respecta a la falta de abordaje de la conclusión pericial (v. fs. cit. in fine). Expuso que, además de mencionarse, "también se refirió a la posibilidad de que la evaluación resultara incorrecta", transcribió los parágrafos de la vía extraordinaria, y concluyó "la aseveración del TCP al respecto resulta errónea, falaz y arbitraria" (fs. cit./90).
Entendió que -conforme lo antedicho- "queda sobradamente acreditada la violación al principio de inocencia, en tanto el recurso especifica la prueba preterida, refuta de modo suficiente las conclusiones de la sentencia que impugna y aborda adecuadamente la prueba analizada en el resolutorio, la que critica y refuta" (fs. 90 vta.).
Concluyó su queja en la falta de correspondencia entre los agravios esgrimidos y la respuesta dada por la casación, requirió que se haga lugar a la misma, y se anule el decisorio en crisis y se absuelva a quien asiste "en el marco de la plena vigencia de los principios de inocencia e in dubio pro reo" (cursiva en el original, fs. 91).
III. La queja prospera (art. 486 bis, CPP).
De la reseña efectuada surge que el Tribunal intermedio efectuó consideraciones que excedieron la competencia que le es propia al realizar el juicio de admisibilidad contemplado en el art. 486 del Código Procesal Penal -t.o. según ley 14.647-, avanzando indebidamente en el examen de la fundabilidad del reclamo, en un clara invasión a la competencia que a esta Suprema Corte le corresponde como juez de la impugnación (conf. causas P.125.630, resol. del 17-VI-2015; P.125.652, resol. 24-VI-2015; P. 125.578, res. 12-VIII-2015; P. 125.376, res. 14-X-2015 e/o).
Asimismo, le asiste razón a la parte en cuanto a que los agravios de pretensa índole federal se formularon con la carga técnica necesaria para sortear el estadio de la admisibilidad. En efecto, en la vía de hecho la parte demostró que la tacha de arbitrariedad en la valoración de la prueba y la supuesta afectación de los principios de inocencia e in dubio pro reo cuentan con aptitud para ser examinados en esta instancia (arts. 14 y 15, ley 48).
IV. En definitiva, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto, corresponde admitir el recurso para garantizar el adecuado tránsito de la causa a la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de los arts. 31 de la Constitución nacional y 14 de la ley 48 (conf. art. 486 bis, CPP; CSJN Fallos: 308:490; 311:2478; 310:324).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Admitir la queja interpuesta por la defensa oficial a favor de Hugo Gabriel Verón, y -en consecuencia- declarar mal denegado el recurso articulado ante la Sala III del Tribunal de Casación Penal (arts. 486, 486 bis, y 494, CPP).
Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley de fs. 67/74 vta..
Regístrese, notifíquese y requiérase la causa n° 55.038 al a quo mediante oficio de estilo (art. 486 bis, 487 y concs., CPP).
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
Lucia Jofre
Subsecretaria
Fin de la sentencia