Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128682
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja traída por la defensa de Luciano Daniel Valentini, con costas (art. 486 bis del C.P.P.).
///Plata, 13 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 128.682, caratulada: “Valentini, Luciano Daniel S/ Recurso de queja, en causa N° 555/16 de la Cámara de Apelación Y Garantías en lo Penal de Pergamino”,
I. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Pergamino, mediante el pronunciamiento dictado el 23 de febrero de 2017, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Luciano Daniel Valentini, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de apelación intentado frente a la sentencia del Juzgado en lo Correccional n° 1 departamental, que lo había condenado a la pena de un año y un mes de prisión de efectivo cumplimiento, costas y declaración de reincidencia –por tercera vez-, por hallarlo autor penalmente responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil (fs. 12/14).
Para así resolver, indicó que en autos no se encuentra abastecido el presupuesto objetivo del art. 494 del C.P.P. vinculado al monto de la sanción impuesta. Agregó que tampoco se observa un supuesto de excepción, en tanto la decisión de segunda instancia es confirmatoria de la del órgano de grado, por lo que no se encuentra en crisis el doble conforme.
Desde otro andarivel, expuso que las críticas defensistas se refieren a temáticas de claro corte procesal, que conforme su naturaleza, resultan impropias para habilitar la competencia de esta Suprema Corte. Citó lo resuelto en la causa P. 125.623 y sostuvo que la parte no había introducido una cuestión federal con la suficiencia y carga técnica necesaria conforme los fallos “Strada”, “Christou” y “Di Mascio” de la C.S.J.N..
En definitiva, concluyó que el impugnante no fundamentó cuál era la directa relación entre lo decidido y los derechos constitucionales que consideró conculcados, pues solo se había limitado a alegar un motivo casatorio que habilite su interposición.
II. Frente a ello, el señor Defensor Oficial de aquella localidad –doctor José Alberto Raimundo- articuló recurso de queja (fs. 16/20).
En punto a los fundamentos, alegó que la denegatoria del carril extraordinario afectó directamente derechos y garantías constitucionales de su asistido -derecho de defensa en juicio, debido proceso legal, derecho al recurso- y los principios de inocencia y republicano de gobierno, así como la sana crítica racional y el deber de motivación (fs. 17).
Explicó que este alto Tribunal ha dado trámite a los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley en base a la doctrina del absurdo probatorio o valorativo “permitiendo el ingreso de consideraciones relacionadas con la valoración de la prueba y la determinación de los hechos, consagrando [al mismo] como el carril idóneo para el tratamiento de cuestiones federales que ha permitido acceder [a esta Corte] por esta vía con planteos de índole procesal o de valoración de la prueba, en la medida que aquellos pudieran constituir una cuestión federal” (fs. cit. vta.).
Apuntó que en autos aparece inobservada la ley sustantiva, en tanto se afectaron los derechos constitucionales del debido proceso legal y de la defensa en juicio -art. 18 de la CN-, y entendió que dicha situación se originó a partir de la arbitrariedad del resolutorio cuestionado, pues el mismo no ha respetado las exigencias de debida fundamentación. Citó –al efecto- los arts. 1, 16, 18, 28 y 75 inc. 22º de la CN; art. II de la DAD y DH, arts. 7º y 11, apartado 2. de la DUDH, arts. 15. apartado 1 y 26 del PIDCyP, arts. 9 y 24 de la CADH y 11, 25 y 57 de la Constitución Provincial” (fs. cit./18).
Consideró que la resolución de la alzada que no concedió el recurso incoado importó el surgimiento de una cuestión federal con posterioridad a la interposición del referido remedio, lo cual -a su entender- “también habilita su revisión por parte de [esta] Suprema Corte”. Así, expuso que tal planteo de carácter federal no es otro que el privar al imputado del derecho al recurso (fs. 18 vta./19).
Finalmente, insistió en que el pronunciamiento atacado -al denegar la vía extraordinaria por considerar que el pretenso agravio federal careció de la exigencia requerida a fin de sortear el valladar legal- se basó en una mera afirmación dogmática que, a su criterio, “result[ó] insuficiente para sostener la denegatoria” (fs. 19).
III. La queja no prospera.
De lo reseñado en el acápite I de la presente, se advierte que la defensa no se hace cargo de los fundamentos sobre los que la Cámara basó la inadmisibilidad del carril extraordinario deducido.
Así, las críticas ahora esgrimidas no pasan de ser una opinión discrepante con el criterio sustentado por el a quo, en tanto insisten que en aquel medio impugnativo se hallaba en juego una cuestión federal.
Para más, la defensa centra su discordancia en la mera alegación de que el órgano intermedio resolvió a partir de fórmulas dogmáticas que ni siquiera intenta identificar ni desbaratar.
En este escenario, los agravios traídos en la queja no logran conmover el juicio de admisibilidad negativo efectuado, pues la adjudicación de deficiente fundamentación del decisorio en crisis no pasa de ser un criterio particular del quejoso, si se considera que éste cuenta con las exigencias que el art. 486 del digesto adjetivo prevé para la admisibilidad del recurso en cuestión.
Por ello, La Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja traída por la defensa de Luciano Daniel Valentini, con costas (art. 486 bis del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Héctor Negri
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia