Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 126770 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la queja interpuesta por la defensa oficial y declarar mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis, C.P.P.).
2Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley de fs. 35/45 (arts. 486, 494 y ccds. del C.P.P.).
Secretaría Suprema Corte
Registrado bajo el N°640
P. 126.770-RQ - “Lovato, Jesús Matías Nicolás y Avelleira, Jeremías Marcelo s/ Recurso de queja en causa n° 5.762 de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza”.-
///Plata, 19 de abril de 2017.-
La presente causa P. 126.770 RQ, caratulada: “Lovato, Jesús Matías Nicolás y Avelleira, Jeremías Marcelo s/ Recurso de queja en causa n° 5.762 de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza”,
1. El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza, el 10 de septiembre de 2015, en el marco de un proceso de juicio abreviado, declaró a Jesús Matías Nicolás Lovato coautor penalmente responsable de los delitos de robo simple, robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa y homicidio criminis causa , todos ellos en concurso real, y a Jeremías Marcelo Avelleira como coautor penalmente responsable del delito de homicidio criminis causa (fs. 1/15).
A su vez, difirió la imposición de pena respecto de ambos encausados hasta la culminación del tratamiento tutelar por el término de un año (punto III de la parte resolutiva -v. fs. 14 vta. in fine /15-).
Por último, dispuso que una vez firme el pronunciamiento, cesen las cautelares vigentes y se reemplacen por medidas privativas de libertad en la modalidad de arresto domiciliario, con las autorizaciones pertinentes para que los causantes cumplan las medidas del tratamiento tutelar (punto IV de la parte resolutiva -v. fs. 15-).
2. La Defensora Oficial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Doctora María Verónica Vitelli, dedujo recurso de apelación agraviándose únicamente del punto IV. de la parte resolutiva del fallo, es decir, de la sustitución de la medida cautelar por arresto domiciliario a cumplir durante el tratamiento tutelar (fs. 16/20 vta.).
3. Por su parte, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Matanza, el 1° de diciembre 2015, si bien aclaró que los embates de la parte se habían ceñido a cuestionar el punto IV. del fallo de primera instancia, revocó el punto III. del mismo y ordenó al órgano de mérito que se pronuncie sobre la necesidad de imponer pena con respecto al imputado Lovato y que efectúe lo que por derecho corresponda en relación al joven Avelleira. Por otro lado, confirmó el punto IV. del decisorio apelado (fs. 21/34 vta.).
4. Frente a ello, la defensa oficial presentó recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 35/45).
Denunció que el órgano revisor revocó oficiosamente el tratamiento tutelar ya que la aplicación del art. 4 inc. 3 de la ley 22.278 no había formado parte de la apelación de la defensa y tampoco se había presentado recurso de la acusación. Alegó que tal situación generó a sus defendidos un agravio de imposible reparación ulterior y quebrantó el debido proceso, el derecho de defensa y la garantía contra la reformatio in peius (arts. 5, 16, 18, 19 y 75 inc. 22 de la C.N.; 7 inc. 2 de la C.A.D.H.; 37 y 40 de la C.I.D.N.; 9.1. y 14.4. del P.I.D.C. y P.).
5. La Alzada, el 4 de febrero de 2016, desestimó el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 48/49 vta.).
Para arribar a tal decisión, afirmó que no se abasteció el recaudo del monto de pena del art. 494 del C.P.P..
A continuación, agregó que tampoco correspondía aplicar la doctrina de los precedentes “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional pues los agravios de pretensa índole constitucional no se habían desarrollado de modo idóneo.
6. Frente a ello, la defensa oficial articuló queja (fs. 52/63).
Aseveró que contrariamente a lo expuesto en la resolución en crisis, las cuestiones federales se desarrollaron de modo suficiente, de conformidad con los fallos “Strada” y “Di Mascio” cit. (arts. 16, 18, 19 y 75 inc. 22 de la C.N.; 7, 8, 19, 24 y 25 de la C.A.D.H.; 37 incs. b y d y 40 de la C.I.D.N.; 14 del P.I.D.C. y P. -fs. 54 vta./57-).
Puntualizó que el a quo , al revocar el punto III. de la sentencia de primera instancia que difirió el tratamiento de la imposición de pena (art. 4 de la ley 22.278), se expidió de oficio sobre un tópico que no había sido planteado por las partes y provocó un gravamen de imposible reparación ulterior a sus asistidos (fs. 57/62).
Según la defensa, todo ello vulneró las garantías del debido proceso, derecho de defensa, principio de congruencia y la prohibición de reformatio in peius (fs. 62/vta.).
Concluyó que en la vía extraordinaria del art. 494 cit. se evidenció adecuadamente la relación directa e inmediata entre los agravios de índole constitucional y lo debatido y resuelto en caso (art. 14, ley 48 -fs. 62 vta./63-).
7. La queja es procedente (art. 486 bis in fine del C.P.P.).
Más allá de las consideraciones que cabría formular en lo que se refiere a la inobservancia por parte del a quo de criterios específicos de admisibilidad fijados por esta Corte para las causas del fuero de responsabilidad penal juvenil en lo que atañe a la exigencia del monto de la pena del art. 494 del ritual (cfe. P. 122.988, res. del 14/XII/2016; P. 124.783, res. del 23-XI-2016; P. 124.633, resol. del 14/IX/2016; P. 125.137, res. del 16/III/2016, P. 119.397, res. del 8/VII/2014; P. 120.295, res. del 21/VIII/2013; P. 118.224, res. del 26/IX/2012; P. 114.521, res. del 5/IX/2012, e.o.), lo cierto es que la Alzada llevó a cabo un análisis genérico y dogmático de los agravios de índole federal desarrollados por la defensa oficial.
En efecto, contrariamente a lo resuelto en el juico de admisibilidad negativo, de la lectura de la sentencia de Cámara que revocó el punto III. del fallo de primera instancia que disponía diferir la imposición de pena (v. punto 3 del presente) y del contenido del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se alegó que dicha decisión vulneró el principio que prohíbe la reformatio in peius, la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio (v. punto 4.), se advierte que los agravios constitucionales se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesaria en tanto la defensa efectuó una crítica concreta y razonada de la sentencia revisora y demostró la relación directa e inmediata con lo debatido y resuelto (arts. 14 y 15 de la ley 48).
Por todo lo expuesto, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre el fondo del asunto, corresponde admitir el recurso para garantizar el adecuado tránsito de la causa a la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de los arts. 31 de la Constitución nacional y 14 de la ley 48 (cfe. art. 486 bis del C.P.P.; doct. de los precedentes “Strada” -Fallos: 308:490-, “Di Mascio” -Fallos: 311:2478- y “Christou” -Fallos: 310:324- de la Corte nacional; Ac. 80.570, res. del 17/VII/2003; Ac. 87.203, res. del 22/IX/2004; Ac. 96.735, res. del 24/V/2006; Ac. 101.238, 5/XII/2007, e.o. de la S.C.B.A.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Admitir la queja interpuesta por la defensa oficial y declarar mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis, C.P.P.).
2. Conceder la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley de fs. 35/45 (arts. 486, 494 y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y requiéranse la causa n° 5.762 al órgano a quo mediante oficio de estilo.-
Hilda Kogan
Héctor Negri
Eduardo Julio Pettigiani
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia