Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 127327
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Lucas Emanuel Velardez (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
“VELARDEZ, LUCAS EMANUEL S/ RECURSO DE QUEJA EN CAUSA N° 58.854 DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL, SALA III”.
//Plata, 13 de septiembre de 2017.-
La presente causa P. 127.327-RQ, caratulada: “Velardez, Lucas Emanuel s/ Recurso de queja en causa N° 58.854 del Tribunal de Casación Penal, Sala III”,
1. La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 2 de febrero de 2016, desestimó -por inadmisible- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto contra la resolución de ese mismo órgano jurisdiccional que, si bien rechazó la vía homónima mutó la calificación legal del fallo del Tribunal en lo Criminal N° 3 en cuanto condenó a Lucas Emanuel Velardez a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas de primera instancia, como autor responsable de homicidio criminis causae y robo agravado por el uso de armas, en concurso real, a la pena única de prisión perpetua, accesorias legales y costas, comprensiva de la mencionada y de la de seis meses de prisión y costas impuesta por el Juzgado en lo Correccional N° 1 departamental -causa N° 2.504-. En consecuencia, encuadró su conducta en la del tipo receptado en el art. 80 inc. 7 del CP (fs. 53/56).
2. Frente a ello, el defensor oficial, doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi, articuló recurso de queja -art. 486 bis del CPP- (fs. 61/64).
a. En primer lugar, discrepó con dos de los argumentos que -a su entender- cimentaron el juicio negativo: el carácter de “cuestiones consentidas” no sometidas al análisis intermedio, y con el tratamiento de los embates tal como fueron planteados (fs. 62 vta.).
Mencionó que el recurso casatorio si bien “resulta escueto en cuanto a la argumentación, plantea claramente los agravios que le ocasiona la sentencia”. Agregó que no puede adjetivarse de novedoso su planteo, pues el mismo órgano lo reseñó en los antecedentes del fallo (fs. 63).
Arguyó que el Tribunal, se expidió respecto de la calificación otorgada en el marco de lo normado por el art. 8.2.h de la CADH, con referencia a los testimonios que fueran recolectados durante el debate. Explicó que, en dicha oportunidad y pese a la aparente revisión denunciada, el órgano hizo mención a la prueba que ahora refiere extemporánea (fs. cit.).
b. Cuestionó la carencia de motivación que le endilgó el auto en punto a la incompatibilidad de testimonios denunciada (fs. 63).
Señaló que en el recurso se planteó la contradicción entre los dichos citados por el Tribunal Criminal -homologados por el revisor- de Luque y Guillermo, con la descripción del hecho considerada por el órgano. Adunó que se efectuó la transcripción de los mismos, por lo que no puede considerarse incumplida la motivación del recurso en este punto (fs. cit.).
c. En un tercer apartado, se ocupó de la calificación que estima adecuada (fs. 63 in fine).
Mencionó que en la vía extraordinaria se planteó la errónea aplicación del art. 80 inc. 7° del C.P. y la inobservancia del art. 165 del código fondal, así como la denuncia de revisión aparente de la sentencia de condena -arts. 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCyP, lo que implicaba el quebranto al principio de culpabilidad, la arbitrariedad de la sentencia y la violación a los arts. 1°, 18 y 75 inc. 22 de la CN (fs. 63 vta.).
Afirmó que “en dicha oportunidad fueron explicitados los motivos” de la revisión aparente denunciada (fs. cit.), y afirmó que durante el trámite revisor la parte sostuvo que la calificación correcta resultaba la prevista en el art. 165 del CP. En virtud de ello, entendió que “la indeterminación del recurso” que le reprochó el auto, constituye un fundamento aparente (fs. 63 vta.).
Sintetizó que en el remedio procesal incoado “se denuncia la concreción de una errónea revisión de la sentencia de condena por el TCP violentando lo normado en los arts. 8.2.h CADH y 14.5 PIDCyP” y que “se considera que existió arbitrariedad en el tratamiento de la revisión de la calificación legal” (fs. cit.).
3. La queja es improcedente.
De la lectura del decisorio recurrido surge que el Tribunal de Casación, en primer lugar reseñó los agravios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la defensa de Velardez.
En ese cometido, consignó que en cuanto a la procedencia se anunció la disconformidad con la calificación sostenida por la Sala, toda vez que esta se habría limitado a reproducir la seleccionada por el tribunal de origen sin valorar acabadamente la prueba rendida en autos.
Asimismo, que se señaló la contradicción en que incurrieron ambas instancias, en tanto que en la materialidad objetiva se afirmó una voluntad de matar para lograr el despojo que no se corresponde con los testimonios de Luque y Guillermo. Y que por ello, la omisión de valorar testimonios que habrían permitido acreditar una materialidad diversa convierte a la sentencia en arbitraria que no ha respetado los estándares fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Casal”, violentando de ese modo la defensa en juicio y el debido proceso.
Luego el Tribunal, halló cumplidos los recaudos de los arts. 482 y 483 del CPP, y entendió que también se encontraba abastecido el requisito del quantum punitivo que fija el art. 494 del CPP, pero que no ocurría lo mismo “con la carga de motivación que traen los artículos 484 y 495 del ritual” (fs. 54 y vta.).
En esa tarea, reseñó los agravios del recurso de casación, entre los que destacó que el planteo de errónea calificación de los hechos se desarrolla en el último párrafo de fs. 29 y que tras “anunciarlo” se motiva conforme la doctrina sentada al respecto por Ricardo Núñez, Fontán Balestra y Buompadre, después de lo cual aparece el “petitorio” (v. fs. 54 vta./55).
Razonó, entonces, que la Sala abordó los agravios tal como habían sido planteados, y “como primera conclusión” afirmó que la vía extraordinaria “se elabora a partir de cuestiones que, consentidas en el recurso, no fueron sometidas al análisis de este tribunal intermedio” (fs. 54 vta./55).
En ese sentido, expuso sobre la extemporaneidad de los planteos que no han sido formulados en el recurso casatorio “y que se introducen en los respectivos recursos extraordinarios”, con cita de diversos precedentes de esta Suprema Corte (fs. 93 y vta.).
Agregó que “[m]as allá de lo expuesto, el recurso extracta partes de la materialidad y las declaraciones testimoniales, pero sin argumentar, y menos acreditar, cómo ellas resultarían incompatibles entre sí a los efectos de la calificación que resiste”, atento las constancias reseñadas y los motivos expuestos en la sentencia, los que ni siquiera abordó en el libelo recursivo.
Y que, el recurso extraordinario tampoco explica cuáles habrían sido los “otros” testimonios que habría permitido reconstruir una materialidad diferente, y en todo caso, cuál sería ésta y qué calificación legal considera adecuada, a fin de fundar la denuncia de incumplimiento de la garantía de revisión integral de la condena; ni identifica qué argumentos o defensas hubiesen variado irremediablemente la solución del caso, de no haber sido soslayados.
Concluyó que no pueden considerarse “debidamente motivadas” las denunciadas lesiones de rango constitucional, y que “el recurso incumple la requerida carga de motivación, pues en definitiva, la ausencia de crítica razonada lleva a sostener que el impugnante no logra demostrar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso” (fs. 55 vta./56).
4. Si bien de la reseña que antecede surge que el Tribunal revisor efectuó consideraciones que traspasaron los límites formales del examen de admisibilidad -punto sobre el cual el quejoso nada dijo-, el juicio negativo debe ser igualmente confirmado.
Es que, en rigor, el argumento basal por el cual la sede casatoria desestimó el recurso extraordinario radica en que la carencia de desarrollo de las pretensas cuestiones federales con la suficiencia y carga técnica necesarias, al entender que la parte omitió realizar una crítica concreta y razonada a los fines de evidenciar la relación directa e inmediata entre las garantías constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso; cuestión que -conforme lo reseñado en el apartado 2- no fue puesta en crisis por el quejoso.
No empece a la solución expuesta la imprecisa cita del art. 495 del CPP efectuada en sede casacional.
5. En definitiva, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (cfr. arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Lucas Emanuel Velardez (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia