Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 128060
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja y declarar mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado (art. 486 bis, CPP).
2Hacer lugar a la vía extraordinaria prevista en el art. 494 del Código Procesal Penal, dejar sin efecto la resolución de fecha 5 de mayo de 2016 (v. fs. 83/86 vta.) y comunicar lo aquí resuelto al Tribunal de Casación a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con la presente (arts. 496 y ccds; 31 bis de la ley 5827).
3Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desempeñada ante ésta instancia (art. 31 dec-ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
La Plata, 29 de noviembre de 2017.-
La presente causa P. 128.060-RQ, caratulada: "Hansen, Ariel Eduardo -particular damnificado- s/ Recurso de queja en causa N° 58.301 del Tribunal de Casación Penal, Sala II",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Segunda del Tribunal de Casación, declaró formalmente admisible la queja incoada y rechazó -por inadmisible- el recurso de casación deducido contra la resolución de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial La Plata que confirmó la del Juzgado de Garantías N° 6 departamental que había sobreseído a José Luis Delgado en orden a la presunta comisión de los delitos de instigación al ejercicio ilegal de la medicina (v. fs. 49/52 vta.).
Apelado que fue dicho decisorio, esta Suprema Corte de Justicia, mediante el pronunciamiento del 12 de agosto de 2015, resolvió -en lo que interesa- en el marco de la causa P. 121.272 caratulada "Huarte, Miriam Leticia -particular damnificado- s/ Recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley en causa N° 58.301 del Tribunal de Casación Penal, Sala II", hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, dejar sin efecto la sentencia recurrida y remitir la causa al órgano casatorio para que, por donde resulte pertinente, se dictara un nuevo fallo (v. fs. 78/80 vta.).
Ello, en virtud de que la dogmática exploración encarada por el a quo al descartar la eventual concurrencia de supuestos excepcionales que justificaran habilitar la instancia, no abastecía el standard de motivación requerido en asuntos de esta índole. En consecuencia, indicó la devolución de los autos a fin de que se expida -con la debida circunstanciación al caso en concreto- respecto de todas y cada una de las cuestiones federales que pudiera contener el recurso llevado a su conocimiento.
II. En virtud del reenvío dispuesto, el a quo rechazó la queja deducida (v. fs. 83/86).
Liminarmente, aclaró que sólo se abocaría a analizar los cuestionamientos que bajo el ropaje federal presentó el impugnante.
Luego de detallar los motivos de agravio, en primer lugar, recordó que si se pretende sortear el valladar formal que constituyen las normas que regulan las diversas vías impugnativas deben hallarse exteriorizados los recaudos que permitirían lograr con éxito su acceso a la instancia federal "lo que no ocurre en la presentación en análisis".
En tal sentido, expuso que la taxatividad del art. 450 del Código Procesal Penal, ya sea en su redacción anterior o en la vigente, "de ninguna manera puede afectar la garantía del juez natural". Sobre el punto argumentó que la afectación de la misma "prohíbe, por una parte, que el justiciable sea juzgado por comisiones especiales y que sea sacado de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa y, al mismo tiempo, asegura que los ciudadanos sean juzgados, precisamente, por aquellos magistrados designados por ley antes del hecho de la causa". Sentado ello, decidió que el particular damnificado no logró demostrar cómo se configura su reclamo (v. fs. 85).
Agregó que, en ocasión de resolver la apelación, la Cámara dio acabada respuesta a los agravios esgrimidos por el recurrente sin que se advierta la falta de motivación denunciada.
Destacó que el recurrente no planteó la cuestión con la suficiencia pertinente a fin de excepcionar los requisitos objetivos contenidos en el mencionado art. 450.
Entendió que la parte se limitó a exponer su particular punto de vista sobre el valor suasorio asignados a los elementos de prueba ponderados "sin establecer en el caso la imprescindible relación directa e inmediata entre lo decidido en la resolución recurrida y las garantías invocadas".
También sostuvo que no se observaban circunstancias de especial relevancia que habilitaran excepcionar la regla general enunciada "toda vez que no encuentra demostrada la arbitrariedad de la resolución impugnada". En su apoyo citó lo dicho por este Tribunal en la causa P. 107.574 (v. fs. 85 vta.).
Concluyó que la decisión del Tribunal de Alzada "no merece correcciones pues el recurso de casación intentado es inadmisible toda vez que las argumentaciones del recurrente no resultan aptas para sortear los requisitos objetivos que en este supuesto están ausentes".
III. Ello motivó la interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que obra glosado a fs. 87/97, el que fue denegado (v. fs. 99/102).
Para así resolver, el a quo adujo que la competencia de ese Tribunal fue reasignada por esta Corte "a los fines de resolver lo que se considere ‘ pertinente ’ (…) sobre ‘ todas y cada una de las cuestiones federales que pudiera contener el recurso ’ de casación oportunamente deducido por el particular damnificado, y que en su cumplimiento se dictó el pronunciamiento (…) que motivó la presentación (…) en tratamiento".
En consecuencia, puntualizó que los planteos que portaba la vía extraordinaria no eran idóneos para abrir la instancia pretendida; en tanto, por un lado, la denunciada omisión de tratamiento de cuestiones esenciales no era propia de la vía deducida, sino que configuraría en su caso, alegaciones propias del recurso extraordinario de nulidad.
Por el otro, advirtió que las críticas del recurrente bajo el pretendido cariz constitucional no resultaban aptas a esos fines, toda vez que la parte no logró evidenciar que en la situación en análisis se encuentre involucrada de manera directa e inmediata una cuestión de tal naturaleza. En dicho marco observó que, más allá de manifestar su disenso con la decisión de esa Sala, el particular damnificado se ocupó de reiterar alegaciones expuestas con anterioridad, "sin que resulte de ello la exposición en concreto de la afectación constitucional que el pronunciamiento casatorio habría producido a sus intereses".
Consideró que resultaba plenamente aplicable a la presente la reiterada doctrina de este Tribunal en cuanto a que la mera invocación de que se han violado garantías y principios constitucionales, como así también la mención genérica de la existencia de arbitrariedad, "no basta a tales fines [desde] que el impugnante no ha evidenciado ninguna razón que conduzca a desplazar los límites de recurribilidad" (fs. 101).
IV. Frente a ello, Ariel Eduardo Hansen -Presidente de la Sociedad Platense de Oftalmología-, en su carácter de particular damnificado y con el patrocinio letrado de los doctores Ramiro Pérez Duhalde y Emanuel F. R. Rives, articuló queja (v. fs. 103/113).
Refirió que la misma Sala de Casación -contrariando lo que ordenara para el caso esta Corte- rechazó por segunda vez y con argumentos absolutamente aparentes el recurso de queja por casación denegada que había deducido el particular damnificado contra la decisión de la Cámara que, con arbitrariedad, cerró definitivamente el proceso al dictar un infundado sobreseimiento.
Inicialmente, efectuó un racconto del devenir de la causa (v. fs. 104/108).
Luego, apuntó que la resolución atacada es un relato recortado del recurso de inaplicabilidad de ley "porque indebidamente exalta en forma sesgada determinad[o]s aspectos por sobre otros que son minimizados o no nombrados como estrategia para pretender hacer decir al recurrente lo que no dijo".
Expuso que el recurso denegado estuvo fundado en el caso federal por arbitrariedad de sentencia y que no se planteó, en manera alguna, una lisa y llana omisión de las cuestiones sometidas "sino una omisión derivada de un indebido tratamiento". Sobre el punto observó que lo que se puso en tela de juicio "fue la profundidad y el acierto de la[s] cuestiones planteadas por el particular damnificado".
Señaló que la Sala tomó aislada y fragmentariamente las palabras rituales convenientes para un determinado fin: buscar un pretexto para declarar inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
En efecto, consideró que medió un inadecuado tratamiento de los agravios planteados en el recurso, lo que descalifica al acto jurisdiccional.
También, recordó que en la vía denegada se denunció que el a quo rechazó el recurso de casación mediante afirmaciones dogmáticas y que, al momento de desestimar este agravio, incurrió nuevamente en tal déficit.
V. La queja es de recibo (art. 486 del CPP).
1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado contra la decisión dictada por el a quo en virtud de lo resuelto por esta Corte oportunamente en el marco de la causa P. 121.272 (v. fs. 87/97), la parte había denunciado que aquél nuevamente rechazó con argumentos absolutamente aparentes el recurso de queja por casación denegada contra la decisión de la Cámara que, con arbitrariedad, cerró definitivamente el proceso al dictar un infundado sobreseimiento.
Alegó la existencia de caso federal "debido a la ausencia de toda fundamentación que se haga cargo de los planteos específicos de la parte configurándose así una neta denegación de justicia"; puesto que la Sala incurrió nuevamente en las mismas falencias que motivaran la decisión de este Tribunal.
Explicó que la carencia de motivación que se concreta en un espejismo de razonamiento que en ningún momento desciende a las concretas alegaciones y planteos de la Sociedad Platense Oftalmológica y que se sustenta en afirmaciones dogmáticas "impide hablar de un acto jurisdiccional válido".
Señaló que la decisión recurrida quebrantó los arts. 1, 18 y 33 de la Constitución nacional, 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 106 del Código Procesal Penal; así como el art. 168 por no haber abordado los concretos y circuntanciados planteos formulados por el particular damnificado.
Luego, aludió a los antecedentes de la causa (v. fs. 89); a los motivos de agravio del recurso de casación incoado contra el fallo de la Cámara que confirmó el sobreseimiento de Delgado (v. fs. 89 vta./91); al recurso de queja por casación denegado y a los extraordinarios incoados ante este Tribunal y su resolución favorable (v. fs. 91 y vta.).
En cuanto al fondo de su reclamo observó que del cotejo entre los fundamentos del recurso de casación y la decisión atacada surge que el a quo : a) efectuó una reseña de las razones expuestas de modo insuficiente, genérico y parcial, omitiendo el tratamiento de cuestiones que le fueran propuestas suficientes para revocar la infundada y arbitraria resolución de la Cámara; b) al único punto que le dedicó una mínima atención fue el relativo a la ley aplicable y la garantía del juez natural, pero su abordaje -apuntó- evidenció un tratamiento elusivo de las razones dadas, lo que equivale a no haberlo considerado; y c) que el resto de las aparentes razones no son más que un abanico de afirmaciones dogmáticas que contienen conclusiones carentes de premisas (v. fs. 93).
En virtud de ello, postuló que se incumplió con lo indicado por esta Corte en cuanto a que el Tribunal de Casación debía expedirse con la debida circunstanciacion al caso en concreto respecto de todas y cada una de las cuestiones federales que pudiere contener el recurso llevado a su conocimiento.
De seguido criticó cada uno de los fundamentos dados para denegar el recurso de casación.
En primer lugar, apuntó que se había incurrido en arbitrariedad por diferentes motivos que fundó en la aplicación del derecho y en la valoración de la prueba y que el órgano intermedio "en lugar de reseñar cada uno de los casos denunciados se limitó a señalar globalmente que e[s]a parte consideró que la decisión recurrida no era una derivación razonada del derecho". Arguyó que en dicho cometido omitió aludir a los diferentes supuestos de arbitrariedad: aplicación arbitraria de la figura delictiva por incluir requisitos no previstos, erigiéndose el Tribunal de Alzada en legisladora con la consecuente afectación de la división de poderes; auto-contradicción argumental; error conceptual en lo atinente a la diferencia entre autenticar un diploma y el reconocimiento oficial de un título; desconsideración de prueba de informes la que resultaba esencial ya que rebatía lo aseverado por la Cámara; valoración desconsiderada de la prueba; argumentos dogmáticos para rechazar las calificaciones aducidas por el particular damnificado concurso ideal (v. fs. 93 vta./94).
En segundo lugar, en punto a la afectación de la garantía del juez natural, expresó que la casación no se hizo cargo del argumento proferido con el meramente elusivo pretexto de que no se demostró cómo se configuró el reclamo. Tachó su tratamiento "de insuficiente o harto defectuoso", lo que equivale, también, a no haberlo considerado.
En tercer lugar, coherentemente con la forma genérica en que reseñó los antecedentes del remedio de la parte, también los abordó. En este tramo de su presentación alegó que la decisión impugnada "no trató en forma circunstanciada ninguno de los diferentes supuestos de arbitrariedad aducidos". En contra del reproche endilgado al recurrente, puntualizó que se había fundado detalladamente por qué el tratamiento de los agravios por la Cámara había sido aparente; que no se limitó a expresar meramente una simple disconformidad y se demostró cómo la infundada decisión afectaba el derecho al recurso.
2. Ahora bien, de los antecedentes del caso y de las manifestaciones expuestas por el quejoso, se concluye que la defensa removió con eficacia los obstáculos formales que obturaron el acceso a esta instancia; en tanto demostró -a contrario de lo dicho por el a quo - que las pretensas cuestiones federales allí expuestas se desarrollaron con la carga técnica necesaria para sortear el estadio de la admisibilidad y guardan relación directa e inmediata con lo debatido y resuelto por el Tribunal de Casación a fs. 83/86 del presente legajo.
3. En consecuencia, corresponde hacer lugar a la vía directa y declarar mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad interpuesto.
VI. Sentado lo expuesto, incumbe a esta Corte analizar la admisibilidad de la vía incoada -conf. art. 486 bis del CPP-.
Si bien en el caso no se encuentran abastecidos los requisitos que exige la norma de rito (art. 494 del CPP), lo cierto es que el escrito recursivo -tal como se adelantara- porta planteos de pretensa índole federal que permiten sortear el valladar formal que impone el aludido precepto.
VII. Asiste razón a la parte en su planteo (art. 31 bis de la ley 5827).
De lo reseñado en el apartado II se advierte que el pronunciamiento dictado por el Tribunal Casación resulta, tal como lo puso de manifiesto el quejoso (v. fs. 88 y vta.) arbitrario, en tanto se limitó nuevamente en su cometido a dar respuesta a los planteos llevados en el recurso de casación mediante afirmaciones genéricas sin anclaje en las particulares del caso, incurriendo -de este modo- en el mismo déficit que dio lugar al dictado del pronunciamiento de esta Corte de fecha 12 de agosto de 2015.
En efecto, la reiterada dogmática exploración encarada por dicho órgano al descartar la eventual concurrencia de supuestos excepcionales que justificaran habilitar la instancia, no abastece el standard de motivación requerido en asuntos de esta índole.
En definitiva, el tránsito del recurrente por el tribunal intermedio ha sido de nuevo aparente (conf. doctr. Ac. 81.109, 20-XI-2002, entre muchas otras; CSJN, "G., G.P. y otros S/ Homicidio en ocasión de robo", 18-XII-2001 y "D.L., M. y otros S/ robo agravado", 19-XI-2002, entre otras), en tanto el abordaje de las cuestiones federales involucradas no encierra otra cosa que una fundamentación puramente dogmática, lo que no permite reputar a la sentencia en crisis como acto jurisdiccional válido.
En consecuencia, corresponde dejar sin efecto el fallo recurrido de fecha 5 de mayo de 2016 y comunicar lo aquí resuelto al órgano casatorio para que dicte un nuevo fallo de conformidad con la presente, destacando que en dicho cometido deberá tenerse en cuenta lo oportunamente recomendado por este Tribunal, en punto a que deberá expedirse -con la debida circunstanciación al caso en concreto- respecto de todas y cada una de las cuestiones federales que pudiera contener el recurso, analizando al respecto su admisibilidad, suficiencia y procedencia según lo considere pertinente (art. 496, CPP).
VIII. En cuanto a la regulación de honorarios, de acuerdo a los lineamientos sentados por esta Corte en el Acuerdo 3871 de 25-X-2017, resulta aplicable el régimen arancelario del decreto ley 8904/77 en razón de que se ha efectuado una valoración del trabajo en cuestión a partir de una presentación anterior a la vigencia del nuevo régimen de la ley 14.967, a la luz de la observación efectuada por el Poder Ejecutivo al contenido del art. 61 de dicha ley que establecía la aplicación del nuevo régimen a todos los procesos en los que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme sobre regulación de honorarios al considerar que la aplicación retroactiva de la misma podría vulnerar derechos adquiridos (conf. causa. I-73016, res. de 8-X-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
1. Hacer lugar a la queja y declarar mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado (art. 486 bis, CPP).
2. Hacer lugar a la vía extraordinaria prevista en el art. 494 del Código Procesal Penal, dejar sin efecto la resolución de fecha 5 de mayo de 2016 (v. fs. 83/86 vta.) y comunicar lo aquí resuelto al Tribunal de Casación a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con la presente (arts. 496 y ccds; 31 bis de la ley 5827).
3. Diferir, para su oportunidad, la regulación de honorarios profesionales por la labor desempeñada ante ésta instancia (art. 31 dec-ley 8904/77 y Acuerdo 3871 de esta Corte de 25-X-2017).
Regístrese, notifíquese, ofíciese y oportunamente, archívese.-
HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
Lucia Jofre
Subsecretaria
Registrada bajo el n°2609
Fin de la sentencia