Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 127693 RQ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
Secretaría Suprema Corte
Registrado bajo el N°1323
P. 127.693-RQ - “Cabaña, Gerardo Daniel s/ Recurso de queja en causa n° 59.601 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”.-
///Plata, 21 de junio de 2017.-
La presente causa P. 127.693 RQ, caratulada: “Cabaña, Gerardo Daniel s/ Recurso de queja en causa n° 59.601 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV”,
1. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el 12 de abril de 2016, declaró la inadmisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la defensa oficial de Gerardo Daniel Cabaña contra la resolución de ese mismo órgano jurisdiccional que, a su vez, desestimó el recurso de la especialidad contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 1 de Pergamino que lo condenó a la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas por resultar coautor penalmente responsable del delito de homicidio en ocasión de robo (fs. 36/39).
Para arribar a tal decisión, recordó que la vía prevista en el art. 494 del C.P.P. constituye habitualmente el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que pudieran estar involucradas (cfe. doct. “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” de la Corte nacional -fs. 37/vta.-).
En dicho marco, estimó que la denuncia de errónea revisión del monto de la pena y la tacha de arbitrariedad y gravedad institucional no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesaria en tanto la parte no demostró la relación directa e inmediata entre éstas y lo debatido y resuelto (fs. 37 vta.)
De seguido, aseveró que la ponderación y desestimación de circunstancias agravantes y atenuantes fue abordada sin limitaciones rituales o afirmaciones dogmáticas de ninguna índole, exponiéndose las razones por las cuales debían ser valoradas y el motivo por el que entendía que el monto de pena resultaba razonable y proporcional al injusto (fs. cit.).
Por último, descartó la petición de inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P. con fundamento en que lo decidido no se fundó, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se exteriorizaron de modo idóneo los recaudos que permitirán sortear con éxito tales exigencias (fs. 38/vta.).
2. El Defensor Oficial ante la aludida instancia, Doctor Nicolás Agustín Blanco, presentó queja (fs. 68/75).
Tildó de arbitraria la resolución por falta de fundamentación y criticó el apartamiento de la doctrina fijada por la Corte nacional en los fallos “Strada”, “Di Mascio” y “Christou” (arts. 5, 31, 75 inc. 22, 116, 121, 124 y cc. de la C.N. -fs. 71 vta./72-).
Puntualizó que el carril extraordinario debió concederse pues se planteó con suficiencia y carga técnica la violación del derecho a la revisión de la sentencia de condena y arbitrariedad en la individualización de la pena (arts. 8.2.h. de la C.A.D.H. y 14.5. del P.I.D.C. y P. -fs. 72 vta./73-).
Por otra parte, alegó que el a quo se excedió y se inmiscuyó en el fondo del reclamo al pretender defender su propia interpretación restrictiva en torno al alcance de su competencia como órgano revisor (fs. 73 vta./74).
A todo evento, dejó planteada la inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P. (fs. 74 vta.).
3. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis del C.P.P.).
Si bien de la reseña efectuada en el punto 1. se advierte que el Tribunal revisor efectuó ciertas consideraciones que traspasaron los límites formales del art. 486 del C.P.P. y se inmiscuyó en la fundabilidad del libelo impugnativo -tal como lo puso en evidencia el quejoso-, el juicio negativo debe ser confirmado.
En rigor, el argumento basal por el cual se declaró la inadmisibilidad radica en que las pretensas cuestiones federales no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesarias pues se omitió realizar una crítica razonada y precisa del fallo en crisis.
Frente a ello, la defensa no logró controvertir de manera eficaz dicho obstáculo formal pues se limitó a desarrollar afirmaciones genéricas y dogmáticas sin ningún anclaje en las particularidades del caso. En definitiva, no evidenció de qué manera las garantías constitucionales que dice afectadas (violación del derechos a revisión del fallo de condena y arbitrariedad en la individualización de la condena) se vincularían con lo debatido y resuelto en el caso (v. sentencia de casación a fs. 2/21 vta., en especial fs. 16/19 vta.).
En función de lo expuesto, la denuncia de arbitrariedad no puede prosperar ya que el juicio de admisibilidad negativo cuenta con fundamentación suficiente que lo deja a salvo de dicho déficit.
Por último, la petición de inconstitucionalidad del art. 494 del C.P.P. tampoco puede tener acogida favorable pues el quejoso, en lugar de atacar los argumentos en base a los cuales la Alzada descartó dicho planteo (fs. 38/vta.), reeditó los argumentos llevados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 25).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación contra el auto denegatorio de la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia