Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128591
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la queja interpuesta por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de Rubén Darío Vidoni, con costas (art. 486 bis , CPP).
La Plata, 27 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 128.591-RQ, caratulada: "Vidoni, Rubén Darío s/ Recurso de queja, en causa n° 59.136 del Tribunal de Casación Penal, Sala III",
I. La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, el 9 de abril de 2015 y en lo que aquí interesa, hizo lugar al recurso homónimo interpuesto por la defensa de Rubén Darío Vidoni contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 5 de La Plata, que lo había condenado a la pena de diecisiete años de prisión, accesorias legales y costas -más declaración de reincidencia-, por hallarlo coautor penalmente responsable del delito de robo con homicidio. En consecuencia, impuso al nombrado la sanción de dieciséis años y cinco meses de prisión, accesorias legales y costas, y mantuvo la reincidencia declarada (v. fs. 119/136).
II. Frente a ello, el señor defensor oficial Adjunto ante aquella Sede -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 142/148 vta.), remedio que fue declarado inadmisible por la Sala, mediante el pronunciamiento del 27 de octubre de 2016 (v. fs. 149/150 vta.).
III. Contra dicho resolutorio, la defensa dedujo el presente recurso de queja (v. fs. 157/161 vta.).
Liminarmente, señaló el cumplimiento de los recaudos formales de la impugnación y reseñó los antecedentes del caso (v. fs. 157/158 vta.).
Con respecto a la fundabilidad, expuso que el sub examine se encuentra en condiciones de ser conocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud de los agravios de naturaleza federal llevados en el recurso extraordinario, donde denunció que el Tribunal de Casación incumplió el derecho del imputado a ser oído antes de la fijación de la pena; que impuso una sanción que puede no tender a la resocialización a la que está obligado el estado argentino; lo que -a la vez- importó el dictado de una pena arbitraria. Citó, al efecto, los arts. 1, 18, 33 y 75 de la Constitución nacional; 5.6 y 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (v. fs. 159).
Asimismo, sostuvo la oportunidad del planteo federal y la actualidad del gravamen (v. fs. cit.).
Aclaró que no se discutió la infracción del art. 41 inc. 2 del Código Penal, sino de los arts. 18 de la Constitución nacional y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en tanto la omisión de la audiencia de visu es el presupuesto fáctico de dichas infracciones federales. Agregó que lo mismo ocurre cuando se reputó infringida la obligación que el art. 5.6 de la Convención citada impone a los Estados parte (v. fs. cit. vta.).
Entendió que el carril extraordinario fue erróneamente denegado, toda vez que -desde su óptica- el sentenciante no se refirió a los agravios de índole constitucional, sino que se limitó a indicar que la omisión del visu resulta una cuestión típicamente procesal (v. fs. cit.).
En ese discurrir, manifestó que "[c]on transcripción expresa de ‘Pin’ y su remisión a los considerandos 18 y 19 de ‘Maldonado’ (...) se demostró que el visu del imputado -antes de fijar pena- integra el derecho a ser oído que deriva del art. 18 de la CN y 8.1 de la CADH". Agregó que el art. 41 inc. 2 del Código Penal es reglamentario de dicha garantía constitucional y convencional (v. fs. 160).
Reiteró que existe un gravamen actual y que la fijación de dicha audiencia debió hacerse de oficio en tanto es una obligación del órgano jurisdiccional y de la defensa (v. fs. cit./161).
Concluyó que los límites establecidos en el art. 494 del Código Procesal Penal deben ser inaplicados o, en su caso, declarados inconstitucionales (v. fs. 161 y vta.).
IV. La queja no prospera (art. 486 bis , CPP).
a. De la lectura del decisorio impugnado surge que el Tribunal intermedio, luego de aludir a lo normado por el art. 494 del digesto adjetivo, expuso que "aun cuando no estén satisfechos tales requisitos, la vía elegida constituye habitualmente el carril idóneo para el tratamiento de cuestiones federales que pudieran estar involucradas", conforme lo ha establecido la CSJN a partir de los precedentes "Strada", "Di Mascio" y "Christou" (v. fs. 149 vta./150).
En dicho escenario, sostuvo que el supuesto déficit en el pronunciamiento anterior a la sentencia, que se vincula con cuestiones típicamente procesales, "no evidencia adecuadamente el compromiso directo de garantías constitucionales que imponga su abordaje en los términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que trae a colación (‘Maldonado’ y ‘Pin’), a lo que se suma que la ausencia de señalamiento de un concreto gravamen conduce a la ineficacia de la pretensión, en tanto el recurrente no indica los perjuicios que conllevaría la omisión de haber convocado [al procesado] ante e[s]e órgano en los términos del art. 41 inciso segundo, última parte del Código Penal" (fs. 150).
Sumó a ello que tampoco se señala la incidencia que ese conocimiento de visu "pudo haber tenido respecto a la decisión", cuando la parte "no introdujo en tiempo oportuno requerimiento alguno en relación al cumplimiento de lo que ahora dice omitido", por lo que el mismo "resulta producto de una reflexión tardía" (fs. cit. y vta.).
b. De lo reseñado, se desprende que el a quo desestimó el carril extraordinario por estimar que los pretendidos planteos constitucionales introducidos por el impugnante no resultaban eficaces para sortear la valla formal prevista por el art. 494 del Código Procesal Penal, de acuerdo con el criterio sentado por la Corte nacional en "Strada" y "Di Mascio" (violación de los arts. 18 de la Const. nac., 8.1. y 5.6. de la CADH).
Frente a ello, la defensa no logra remover con eficacia dicho obstáculo formal, en tanto se limitó a reeditar los argumentos expuestos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 144 vta./148).
c. Para más, cabe destacar que el temperamento adoptado por el Tribunal de Casación se condice con el criterio fijado por esta Corte sobre el punto (conf. P.109.331, resol. de 9-XII-2010, P. 109.001, resol. de 26-X-2010; P. 112.060, resol. de 12-XII-2012; P. 115.615, resol. de 3-VII-2013; P. 122.167, resol. de 17-XII-2014; P.125.701, resol. de 15-VII-2015; P. 122.488, resol. de 6-VI-2016; P. 122.255, resol. de 21-IX-2016; P. 124.517, resol. de 29-III-2017; e.o.).
V. En función de todo lo expuesto, la petición de inconstitucionalidad del art. 494 del CPP carece de virtualidad en la medida en que lo decidido por el Tribunal de Casación, ratificado por esta Corte, no se fundó, de modo dirimente, en las limitaciones allí establecidas, sino en que no se exteriorizaron de modo idóneo los recaudos que permitirían sortear con éxito el acceso de los reclamos de índole federal al conocimiento de esta Corte (art. 15 de la ley 48).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar la queja interpuesta por el señor defensor oficial Adjunto de Casación a favor de Rubén Darío Vidoni, con costas (art. 486 bis , CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Registrada bajo el n°3091
Fin de la sentencia