Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 127934
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Juan Manuel Pastor (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
P. 127.934-RQ - “Pastor, Juan Manuel S/ Recurso de queja en causa Nº 61.782 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”.
///Plata, 17 de mayo de 2017.-
La presente causa P. 127.934-RQ, caratulada: “Pastor, Juan Manuel S/ Recurso de queja en causa Nº 61.782 del Tribunal de Casación Penal, Sala V”,
1. La Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 11 de agosto de 2015, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra la sentencia de dicho órgano que rechazó el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial La Matanza que había condenado a Juan Manuel Pastor a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio criminis causae en concurso material con homicidio criminis causae en grado de tentativa (fs. 14/25, 52/63 y 73/75).
2. Frente a ello, el señor Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia, doctor Daniel Aníbal Sureda, articuló recurso de queja (fs. 90/95 vta.).
Sostuvo que en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto se denunció la violación de la utilidad de la defensa en juicio en el contexto de la obligación de la revisión amplia y con esfuerzo del fallo condenatorio (arts. 18 de la C.N.; 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P.), ello por haber declarado el Tribunal intermedio la extemporaneidad del planteo introducido durante el trámite del recurso en el marco de los arts. 451 y 458 del Código Procesal Penal, relativo a la violación del principio de proporcionalidad, culpabilidad y razonabilidad en la fijación de la pena, requiriendo se consideren otras circunstancias atenuantes y por consecuencia se reduzca la sanción a una pena divisible. Finalmente, planteó la inconstitucionalidad del art. 451 del C.P.P. (v. fs. 91/91 vta.).
En dicho marco, expuso que lo decidido por la casación para cerrar la vía extraordinaria no resulta oponible en el caso, toda vez que se ha acreditado la existencia de agravios de orden federal como asimismo su relación directa con lo resuelto (v. fs. 92).
Remarcó que lo decidido atentó contra la utilidad de la defensa pública y afectó la posibilidad de una revisión integral sobre todos los aspectos sustanciales del fallo de condena (v. fs. cit.).
Adujo que debe tenerse presente que las limitaciones de carácter formal de las que la casación hace uso para desoír a la defensa ante dicha instancia “fragmentando -en perjuicio- del encartado los agravios de una única institución -la defensa pública-, infringe […] disposiciones constitucionales […], al limitar el derecho de defensa, restándole utilidad a la defensa pública en orden a su ejercicio ante el Tribunal de Casación e imposibilitando al aquí condenado el acceso a una revisión amplia e integral de todos los aspectos sustanciales del fallo de condena” y que “[t]al fragmentación de los agravios […] deviene arbitraria pues […] desnaturaliza y deja vacua de contenido la actuación de la defensa pública en la etapa intermedia…” (v. fs. 92 vta.).
Remarcó que se demostró la existencia de agravios de orden federal, como también destacó un desacierto en la interpretación ensayada por el a quo dado que la índole del agravio formulado por esa defensa en el marco del art. 458 del C.P.P. –la adecuación de la pena conforme los criterios de individualización de la misma en función de la escala penal prevista en el art. 79 del C.P. y en correspondencia con los principios de culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad de la pena- habilita la vía extraordinaria (v. fs. 93).
Consideró que el Tribunal intermedio, con su competencia material abierta, se apartó de los lineamientos dados por este Tribunal y por la Corte federal en relación al modo en que debe concretarse la revisión de la sentencia de condena en el marco de los arts. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P. (v. fs. 93 vta.).
Por otra parte, trajo a colación el precedente P. 85.977 de esta Corte y alegó que no es adecuado que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia en crisis sea el mismo que analiza si incurrió en las deficiencias enunciadas en art. 494 del C.P.P. pues esa labor resulta reservada al Tribunal superior; de lo contrario, se vería comprometido el principio de imparcialidad de los jueces, previsto en el art. 8.1 de la C.A.D.H. (fs. 94/94 vta.).
Concluyó que con lo decidido se le ha vedado a su asistido el acceso a la jurisdicción en tiempo útil para el tratamiento de una cuestión constitucional propia de la competencia del Tribunal de Casación (v. fs. 95).
3. La queja formalizada es improcedente en atención a que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ha sido bien denegado por la Sala V del Tribunal de Casación Penal.
a. De la lectura del decisorio en crisis, se advierte que el Tribunal de Casación luego de indicar que pese a que el requisito referido al monto de pena se hallaba satisfecho, señaló que la índole de los agravios desenvueltos comprendía un planteo de índole procedimental que escapa al restante presupuesto acerca de la errónea aplicación de una ley sustantiva (art. 494 C.P.P.) -v. fs. 74-.
Seguidamente, resaltó que aun cuando es admitido que el principio contenido en la citada normativa debe ceder –en casos excepcionales- cuando se hubiere puesto en tela de juicio de manera suficiente alguna cláusula constitucional aprehensiva de una típica cuestión federal, el recurrente no exhibió que estuviese involucrada de manera directa e inmediata una cuestión de tal naturaleza susceptible de excitar la competencia revisora de este Superior Tribunal provincial, ello como tránsito adecuado para acceder eventualmente al remedio federal contemplado en el art. 14 de la ley 48.
Sumó a lo dicho “…el recurso no presenta la aptitud y carga técnica necesarias para argumentar que, en el caso, están involucradas de manera directa e inmediata cuestiones federales que deban ser atendidas por el superior tribunal de la causa, en tanto no resultan aptas para sortear el aludido requisito objetivo, el que […], está ausente en esta situación particular” (v. fs. 74/74 vta.).
Concluyó “…en el limitado margen de la competencia asignada a este Tribunal en torno a la admisibilidad de los recursos extraordinarios, dado que un mayor avance en el análisis concreto de los agravios importaría el control de la propia sentencia, corresponde declarar inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto…” (v. fs. 74 vta.).
b. El impedimento que debía remover el impugnante para franquear el tamiz de la admisibilidad, no fue alcanzado en el caso.
De lo hasta aquí expuesto, se advierte que las consideraciones vinculadas a la utilidad de la defensa pública y a la conculcación del máximo esfuerzo revisor que la defensa le reprocha al tribunal intermedio en el recurso extraordinario -y reedita en la queja-, no sólo aparecen como manifestaciones dogmáticas sino que -además- no logran contrarrestar lo decidido por aquel en torno a la falta de relación directa e inmediata de la cuestión constitucional denunciada, como tampoco que el agravio trasunta -en rigor- un planteo de índole procedimental.
c. Por último, el agravio vinculado con la afectación al principio de imparcialidad del juzgador (art. 8.1 de la C.A.D.H.) resulta insuficiente en razón de que los argumentos desarrollados son genéricos y no consiguen demostrar la relación directa e inmediata entre el derecho que dice vulnerado y lo debatido y resuelto en el caso.
En definitiva, tal como se señaló en el auto denegatorio, el agravio que funda la queja no trasunta una cuestión constitucional articulada de modo eficiente a los fines de vincular a esta Corte a su tratamiento en los términos de la doctrina federal invocada.
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación a favor de Juan Manuel Pastor (art. 486 bis y ccds. del C.P.P. según ley 14.647).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
Luis Esteban Genoud
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia