Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 127986
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- a fs. 110/114, con costas (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
P. 127.986-RQ - “Rivero, Marcelo Abel s/ Recurso de queja en causa N° 61.299 del Tribunal de Casación, Sala III”.
///Plata, 3 de mayo de 2017.-
La presente causa P. 127.986-RQ, caratulada: “Rivero, Marcelo Abel s/ Recurso de queja en causa N° 61.299 del Tribunal de Casación, Sala III”,
1. La Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 14 de junio de 2016, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la defensa de Marcelo Abel Rivero, contra la decisión de ese órgano que rechazó el remedio de la especialidad intentado contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial Azul, que condenó al nombrado a la pena de once años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego (fs. 104/105).
2. Frente a ello, se alzó el señor Defensor Oficial Adjunto ante la aludida instancia -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- merced al recurso de queja que articuló a fs. 110/114.
Luego de referirse al cumplimiento de los recaudos formales y a los antecedentes de la causa, sostuvo su fundabilidad a partir de que la defensa planteó en cada estadio procesal la arbitrariedad de la sentencia por no especificar cómo se construye el monto de pena impuesto, el que se aleja del mínimo legal. En concreto, expresó que “[e]llo nuevamente acontece cuando, el Tribunal de Casación en lugar de revisar la pena impuesta en el caso concreto -tal como prescribe el art. 8.2.h CADH- se limita a afirmar la posibilidad legal de imponer una pena superior al mínimo legal” (fs. 112).
Por otra parte, invocó el precedente P. 85.977 de este Cuerpo y puso de resalto el riesgo que entraña -a su juicio- que el órgano jurisdiccional que resuelve la sentencia atacada sea el mismo que constate las deficiencias enunciadas en art. 494 del C.P.P., pues esa labor debe realizarla un superior (fs. 112 vta./113).
Coligió en la restricción del acceso a la jurisdicción en el marco de la ultra garantía de la revisión amplia del fallo de condena -art. 8.2.h de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P.-. “...por cuanto la sentencia del TCP que rechaza el recurso de casación no puede considerarse válida” (fs. 113 vta.).
3. La queja formalizada es improcedente.
De la lectura del decisorio en crisis, se advierte que la Alzada afirmó, que si bien el carril impugnativo se presentó en tiempo, por la parte legitimada y contra una sentencia definitiva que impuso una pena superior a diez años, “incumple la manda de motivación que traen los artículos 484 y 495 del ritual” (fs. 104 vta.).
Destacó que la defensa, mediante una argumentación meramente teórica, se desentendió de las constancias de la causa y de los fundamentos que le dieron sustento al decisorio sin abordar ni criticar los fundamentos vertidos a fs. 113 y vta. -en referencia a lo que surge de fs. 80 y vta. del presente legajo-, y que “tampoco exhibe -ni argumenta- las razones por las que, atento la totalidad de las circunstancias evaluadas, a criterio de la parte la pena finalmente impuesta resultaría arbitraria o inmotivada” (fs. 105).
Sentado ello, concluyó que “[l]a exigencia no es antojadiza sino esencial a los fines de la apertura de la vía extraordinaria, pues en definitiva, la admisibilidad del recurso se encuentra anclada no a una mera discrepancia dogmática, sino a la persistencia de un agravio concreto para el justiciable, que en consecuencia, debe explicitarse y argumentarse, extremo que en el presente no se verifica” (fs. 105).
4. Si bien de la reseña efectuada surge que el Tribunal revisor -al afirmar que no se abasteció la exigencia del art. 495 del C.P.P. (v. fs. 104 vta.)- efectuó consideraciones que traspasaron los límites formales del examen de admisibilidad, el juicio negativo debe ser confirmado.
En rigor, el argumento basal por el cual el a quo -de modo acertado- desestimó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley radica en que la defensa no se hizo cargo de lo resuelto en el caso y omitió realizar una crítica razonada y precisa del decisorio atacado (cfe. Art. 484 del C.P.P.).
Desde otro andarivel, el agravio vinculado con la afectación del derecho de acceso a la jurisdicción (arts. 8.2.h. de la C.A.D.H. y 14.5 del P.I.D.C. y P.) tampoco prospera en tanto los argumentos desarrollados son genéricos y no logran demostrar la relación directa e inmediata entre el derecho que dice vulnerado y lo debatido y resuelto en el caso.
En definitiva, la presentación directa se revela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (cfe. arts. 486 y 486 bis del C.P.P.).
Por ello la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar la queja interpuesta por el Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal -doctor Ignacio Juan Domingo Nolfi- a fs. 110/114, con costas (arts. 486 bis -según ley 14.647- y ccds. del C.P.P.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Luis Esteban Genoud
Eduardo Julio Pettigiani
Eduardo Néstor de Lázzari
Daniel Fernando Soria
R. Daniel Martinez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia