Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 128759
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, con costas, la queja interpuesta a favor de Diego Norberto Guzmán (arts. 486 bis y concs. del CPP).
La Plata, 28 de febrero de 2018.
La presente causa P. 128.759-RQ, caratulada: "Guzmán, Diego Norberto s/ Recurso de queja en causa Nº 61.655 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI",
I. Conforme surge de las copias aportadas por la parte, la Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del 6 de noviembre de 2015, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado contra la decisión de dicho órgano que rechazó -por improcedente- el recurso de la especialidad interpuesto contra la sentencia del Tribunal Criminal n° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que había condenado a Diego Norberto Guzmán a la pena de dos años de prisión y costas, con más la declaración de reincidencia, por resultar autor penalmente responsable del delito de robo agravado por efracción en grado de tentativa; y a la pena única de diecinueve años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, comprensiva de la presente y de la impuesta por el Tribunal en lo Criminal n° 2 departamental (v. fs. 47/49 vta.).
Para así fallar, en primer lugar, identificó las críticas de la parte: afectación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires al omitir arbitrariamente el tratamiento de una cuestión esencial -vulneración del principio del ne bis in ídem y errónea declaración de reincidencia por quebrantamiento al principio de culpabilidad y carecer de debida fundamentación-; que esa Sala no se expidió sobre el pedido concreto de la defensa relativo a la vulneración del principio del ne bis in ídem al ponderar dogmáticamente circunstancias agravantes en los términos del art. 41 del Código Penal como así tampoco respecto de la errónea declaración de reincidencia; y que la decisión resultó un tránsito aparente por ante esa sede que frustra el derecho al doble conforme.
Sentado ello, ingresó al análisis propio de la vía. Luego de aludir a lo normado por el art. 494 del Código Procesal Penal, señaló que si bien en el caso de autos se encuentra abastecido el recaudo vinculado con el monto de pena, la recurrente omitió fundarlo en la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o doctrina legal referida a ella, y prescindió de efectuar las citas de la ley sustantiva inobservada o erróneamente aplicada (art. 495 CPP).
De seguido, recordó que si bien el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley constituye -habitualmente- el carril idóneo para el tratamiento de las cuestiones federales que puedan estar involucradas, a fin de permitirle al impugnante transitar por el Superior Tribunal de la causa, como recaudo de admisibilidad del potencial remedio federal (art. 14, ley 48), conforme lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de los precedentes "Strada", "Christou" y "Di Mascio", la admisibilidad del reclamo -en dicho marco- no se satisface con la mera invocación de una cuestión de tal naturaleza, sino que es menester su correcto planteamiento.
En dicho marco, advirtió que tal situación no se patentizaba en la especie pues el reclamo se desentendía de lo efectivamente resuelto, "sin evidenciar las deficiencias denunciadas". Destacó que el remedio casatorio fue declarado admisible, los agravios llevados en el mismo abordados -aunque desestimados- sin limitaciones rituales frustratorias de ninguna índole y se expusieron las razones por las cuales el Tribunal de la instancia había determinado correctamente la pena impuesta. Sobre el punto refirió que dicha Sala se había expedido en orden a la participación y responsabilidad penal del imputado, hizo mención a la proporcionalidad que guardó la pena establecida, y del mismo modo evaluó las circunstancias agravantes meritadas, "resultando insuficiente el planteo recursivo de la defensa".
En este tramo de su decisión, concluyó que la defensa no consiguió demostrar la relación directa e inmediata entre lo fallado y las garantías que estimaba comprometidas.
Para más y, en cuanto a la supuesta omisión de tratamiento de cuestión esencial, reiteró que, sin perjuicio de que ello correspondía al ámbito del recurso extraordinario de nulidad, los agravios fueron abordados y que, conforme fuera dicho por esta Corte en las causas P. 118.481 y P. 119.429, entre otras, "...las cuestiones alegadas como preteridas no fueron oportunamente planteadas y, en consecuencia, el Tribunal no estaba obligado a su tratamiento (art. 451, tercer párrafo, C.P.P., conf. P.78901, sent. de 7/XI/2001; P.75534, sent. de 21/XI/2001; P.77329, sent. de 10/IX/2003; P.81725 sent. de 16/IX/2003; P.83841, sent. de 9/X/2003; P.89368, sent. de 22/XII/2004; P.110781, resolución de 28/III/2012; e/o.)" y que "...vencido el plazo de interposición, cualquiera de las demás intervenciones de las partes ante dicho órgano jurisdiccional sólo pueden estar dirigidas a enriquecer los originales agravios expuestos en el recurso, mas no pueden incorporarse cuestiones nuevas, ajenas a aquél. En consecuencia, no se advierte omisión alguna del a quo en el tratamiento de las cuestiones planteadas por el recurrente, cumpliéndose en el caso el estándar fijado por los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial para dotar de validez a una sentencia definitiva" (SCBA, P.118481 y P. 119429) -v. fs. 48 vta./49-.
Por lo demás, recordó que "el objeto de la doctrina de la arbitrariedad no es corregir en tercera instancia fallos equivocados, sino cubrir los defectos graves de fundamentación o razonamiento que tornen ilusorio el derecho de defensa y conduzcan la frustración del derecho federal invocado" (CSJN, Fallos: 310:234), y que, más allá de que la parte expresa su oposición a la manera en que se determinó la pena no evidencia que el monto fijado sea el fruto de la mera voluntad de los juzgadores o se asiente en premisas falsas, indefectiblemente inconducentes o inconciliables con las reglas que fundamentan la adecuación de la sanción (v. fs. 49 cit.).
Finalmente, dijo que la cuestión que el recurrente planteó de naturaleza federal no constituye una crítica concreta y razonada de los argumentos en que se sustentó el fallo impugnado por lo que el recurso carece de fundamentación autónoma. Sumó a ello que tal requisito no se satisface con la exposición genérica y esquemática de causales de arbitrariedad o la aseveración de una solución jurídica distinta cuando no se vinculan directamente al contenido del fallo que resuelve las respectivas cuestiones (v. fs. 49 vta.).
II. Frente a lo así resuelto, la señora Defensora Oficial adjunta ante la aludida instancia, doctora Susana E. De Seta, articuló recurso de queja (v. fs. 52/56 vta.).
Denunció la vulneración de las garantías de defensa en juicio, debido proceso, revisión, motivación y suficiencia de las resoluciones judiciales (v. fs. 53).
Consideró que el Tribunal casatorio "excedió sus facultades propias (...) al realizar el juicio previsto por el art. 486 del CPP, incurriendo (...) en una desnaturalización de las normas procesales que rigen al mismo en perjuicio del justiciable (…), privándolo de la revisión amplia de la condena (…), y de la garantía de acceso a la justicia...".
Se disconformó con las respuestas dadas por el a quo.
Señaló que la sentencia que declaró la inadmisibilidad, por un lado, no tuvo en cuenta que se violentaran garantías constitucionales y, por el otro, no se consideraron los argumentos de la sentencia.
Sobre el primer punto, observó que en el remedio denegado se había alegado la arbitrariedad de la sentencia por inadecuado tratamiento de cuestiones esenciales y en la aplicación de las normas de fondo -agravantes y declaración de reincidencia- lo que afectó la garantía del debido proceso. Remarcó que ello también resulta de aplicación al segundo punto por cuanto se expresó que no fue correctamente planteada la cuestión federal y la forma que inciden los precedentes de la Suprema Corte en el caso (v. fs. 53 vta.).
Puntualizó que el a quo "al analizar la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no hace más que encubrir su propia omisión, circunstancia que ya se denunciara en la admisibilidad del recurso en cuestión" y que, en consecuencia "excedió los límites del control de admisibilidad, pronunciándose -con fundamentos inatingentes a su obligación- sobre el fondo del asunto y resolviendo el agravio" que pretendía sea analizado por esta Corte (v. fs. 54).
Postuló que, al llevarse a cabo el control de admisibilidad, la casación debió limitarse a corroborar si se encontraban satisfechos los requisitos formales que la ley prevé para el recurso en cuestión: si se critica una sentencia definitiva; si el mismo fue interpuesto en tiempo y forma y si se alega la omisión de tratamiento de una cuestión federal y esencial (arts. 482, 483, 484 y 491 del CPP; 161 inc. b y 168 de la Constitución provincial).
Alegó que al expedirse respecto de la suficiencia del planteo constitucional, el Tribunal de Casación se adentró en el análisis de la procedencia del recurso, excediendo su jurisdicción.
Razonó que tal modo de proceder "desnaturalizó el instituto receptado por el art. 486 CPP, puesto que luego de corroborar que se encuentran cumplidos los requisitos formales y los presupuestos que habilitan la vía extraordinaria (...) consideró ajustada a derecho su decisión..." (fs. 54 vta.).
Hizo mención, en punto al riesgo que conlleva el análisis de una decisión por el mismo tribunal que la dictó, a lo dicho por esta Corte en la causa P. 85.977, destacando que si bien el citado precedente se refiere al juicio de admisibilidad que realiza este Tribunal respecto de los recursos extraordinarios federales "existe un parámetro aplicable al caso concreto en el sentido de que no resulta adecuado que el [órgano] que resuelve la sentencia en crisis sea quien analice si ha incurrido en una omisión de tratamiento de cuestión esencial o no; tarea que resulta reservada al tribunal superior" (fs. cit./55).
Finalmente, solicitó a este Tribunal el establecimiento de parámetros a observar por parte del a quo al efectuar el control de admisibilidad a fin de evitar la desnaturalización del instituto en desmedro de los derechos y garantías de los imputados, quienes de otro modo verán frustrado su acceso a la jurisdicción en el marco de su derecho a defenderse una vez más contra la sentencia de condena (v. fs. 55 vta.).
III. La queja deducida es improcedente en razón de que la defensa no rebatió eficazmente el juicio llevado a cabo por el órgano anterior (art. 486 bis del CPP).
1. Así las cosas, la denuncia de exceso en la jurisdicción no puede prosperar en tanto, tal como lo tiene dicho esta Corte, el análisis de la suficiencia y carga técnica de la cuestión federal es parte integrante del juicio de admisibilidad y de ningún modo implica inmiscuirse en el fondo del reclamo (conf. doctr. arts. 483, 486, 486 bis y concs. del CPP según ley 14.647; causa P. 125.506, resol. de 3-VI-2015; P. 126.793, resol. de 15-VI-2016; P. 126.939, resol. de 28-IX-2016; P.127.655, resol. de 21-XII-2016; P. 127.845, resol. de 29-III-2017; P. 128.008, resol. de 19-IV-2017; P. 127.870, resol. de 21-VI-2017; P. 128.408, resol. de 12-VII-2017; e.o.).
Contrariamente a lo afirmado por la defensa, el órgano intermedio no se expidió sobre el acierto o desacierto del intento revisor, sino simplemente compulsó la alegación de un motivo casatorio que habilite su admisibilidad.
2. Por otra parte, frente a lo resuelto en punto a la omisión de tratamiento de cuestión esencial, la defensa dejó incontrovertida la respuesta dada por el a quo sobre el tópico (v. fs. 48 vta./49).
De lo reseñado se advierte que la misma no hizo ningún esfuerzo por evidenciar que las cuestiones que dijo omitidas hayan sido oportunamente planteadas y que el órgano revisor se encontraba obligado a su tratamiento.
3. Por todo lo expuesto, la presentación directa se devela inidónea para revertir el juicio de admisibilidad negativo efectuado por el Tribunal intermedio (conf. arts. 486 y 486 bis del CPP).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar, con costas, la queja interpuesta a favor de Diego Norberto Guzmán (arts. 486 bis y concs. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia