Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rp 129259
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar, con costas, la queja interpuesta por el defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Ángel Francisco Sagario (art. 486 bis y concs. del CPP).
La Plata, 20 de diciembre de 2017.-
La presente causa P. 129.259-RQ, caratulada: "Sagario, Ángel Francisco s/ Recurso de queja en causa n° 62.993 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV",
I. La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, el 27 de octubre de 2015, declaró inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra la decisión de ese mismo órgano jurisdiccional que en lo que aquí importa- confirmó la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 4 de San Isidro que había condenado a Ángel Francisco Sagario a la pena de dos años de prisión de efectivo cumplimiento y costas, por resultar autor del delito de encubrimiento simple (v. fs. 27/29 vta.).
Para arribar a tal decisión, señaló que ausente en el caso el requisito previsto en el art. 494 del Código Procesal Penal vinculado con el monto de pena, no se advertía un planteo federal suficiente que ameritara ser abordado a través del remedio en trato. Recordó que tal extremo no se abastecía con la simple referencia a mandatos constitucionales ni la reiteración dogmática de las objeciones formuladas ante las instancias anteriores, sin ocuparse de efectuar una crítica concreta y razonada del resolutorio impugnado.
Afirmó que tampoco advertía que el planteo de arbitrariedad hubiese sido articulado con suficiencia, pues la parte no lograba acreditar la relación directa e inmediata entre las pautas constitucionales que alegaba conculcadas, el vicio argüido y lo debatido y resuelto en el caso, conclusión que acompañó con doctrina de la Corte federal sobre el punto.
Concluyó la judicatura intermedia que se mantenían en pie los límites de recurribilidad previstos en el art. 494 del Código Procesal Penal pues las cuestiones federales traídas no reunían la suficiencia y carga técnica necesarias, por la ausencia de demostración de que existiese una relación directa e inmediata pues de los argumentos expuestos no se advertía que el recurrente hubiese refutado en forma concreta y razonada los fundamentos del pronunciamiento impugnado.
Por último, descartó la petición de inconstitucionalidad del art. 494 del Código Procesal Penal (v. fs. 27/29 vta.)
II. El defensor oficial, doctor Nicolás Agustín Blanco, dedujo queja (v. fs. 33/40 vta.).
Tildó de arbitraria la resolución por falta de fundamentación y criticó el apartamiento de la doctrina fijada por la Corte nacional en los fallos "Strada", "Di Mascio" y "Christou" (arts. 5, 31, 75 inc. 22, 116, 121, 124 y concs. de la Const. nac.) v. fs. 35 vta./36-.
Alegó que el carril extraordinario debió concederse pues se planteó con suficiencia y carga técnica que el Tribunal de Casación, al confirmar la sentencia de primer instancia, convalidó la afectación del debido proceso, la defensa en juicio y la garantía de no arbitrariedad de las sentencias (art. 18 Const. nac.), así como el derecho a ser juzgado en un plazo razonable (arts. 7.5 y 8.1.h. de la CADH) v. fs. 36 vta.-.
Puntualizó que el a quo, para negar la concurrencia de los requisitos exigidos por la doctrina "Di Mascio" formuló una serie de manifestaciones dogmáticas que no se condicen con las constancias de la causa, ni con el recurso de inaplicabilidad de ley (v. fs. 37 y vta.).
Por otra parte, manifestó que el órgano revisor se excedió y se inmiscuyó en el fondo del reclamo al pretender defender su propia interpretación restrictiva en torno al alcance de su competencia como órgano revisor (art. 486 del CPP) v. fs. 38-.
Indicó que los agravios vertidos en el recurso extraordinario local constituyen infracciones constitucionales, evidencian la violación a las garantías de debido proceso, defensa en juicio y la no arbitrariedad de las sentencias y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el principio de legalidad y pro homine, las que fueron debidamente fundamentadas y no sólo invocadas como arbitrariamente señaló la casación. Sostuvo que quedó claramente expuesta la relación directa e inmediata entre el derecho federal invocado y los hechos ventilados en autos. A tales fines, transcribió dos párrafos del recurso rechazado (v. fs. 39).
III. La queja formalizada es improcedente (art. 486 bis del CPP).
Si bien se advierte que el Tribunal revisor efectuó ciertas consideraciones que traspasaron los límites formales del art. 486 del Código Procesal Penal tal como genéricamente lo puso en evidencia el quejoso- el juicio negativo debe ser confirmado.
En rigor, el argumento basal por el cual se declaró la inadmisibilidad del remedio impugnativo radicó en que las pretensas cuestiones federales no se desarrollaron con la suficiencia y carga técnica necesarias pues se omitió realizar una crítica razonada y precisa del fallo casatorio.
Frente a ello, la defensa no logró controvertir de manera eficaz el déficit señalado por el a quo. En efecto, se limitó a afirmar dogmáticamente haber planteado acabadamente los reclamos y a transcribir un tramo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denunció la violación de las garantías del debido proceso, defensa en juicio y a la no arbitrariedad de las sentencias, así como el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, y los principios de legalidad y pro homine (v. fs. 39 y vta.); no obstante, no procuró evidenciar que tales argumentos configuraran un agravio de cariz federal suficiente, que trascendiera de una mera reedición dogmática de los planteos llevados ante las instancias anteriores y constituyese una crítica razonada de lo decidido en la instancia anterior.
En definitiva, el quejoso no evidenció de qué manera las garantías constitucionales invocadas en respectivo carril extraordinario se vincularían con lo debatido y resuelto en caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Desestimar, con costas, la queja interpuesta por el defensor oficial ante el Tribunal de Casación Penal a favor de Ángel Francisco Sagario (art. 486 bis y concs. del CPP).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.-
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HÉCTOR NEGRI
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
R. Daniel Martínez Astorino
Secretario
Fin de la sentencia