Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa P 129566
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
En la ciudad de La Plata, a 29 de mayo de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Negri, Kogan, Genoud, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 129.566, "García, Cristian Jesús y Busto, Gabriel Dalmiro. Recurso de Queja en causa n° 62.147 del Tribunal de Casación Penal, Sala VI".
La Sala VI del Tribunal de Casación Penal de esta provincia, mediante el pronunciamiento del 14 de octubre de 2014 rechazó -por mayoría- el recurso interpuesto por la defensa oficial de Cristian Jesús García y Gabriel Dalmiro Busto contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial de Mercedes que los condenó al primero de los nombrados a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor del delito de homicidio calificado por su conexidad final con el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego y como autor de resistencia a la autoridad y violación de domicilio, todos en concurso real; y al segundo a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor del delito de homicidio calificado por su conexidad final con el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego y robo calificado por el uso de arma, todos en concurso real (v. fs. 94/100 vta.).
Frente a ello, la señora defensora oficial adjunta ante esa instancia -doctora Susana Edith de Seta- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 109/117), el que fue inicialmente declarado inadmisible por la sala interviniente (v. fs. 118/120 vta.) pero tras el recurso de queja de la parte fue concedido por esta Suprema Corte (v. fs. 71/74 causa P. 129.556 RQ).
El señor Procurador General dictaminó a fs. 215/218 aconsejando que el recurso sea rechazado. Dictada la providencia de autos a fs. 219 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La defensa formuló dos agravios. En el primero cuestionó que se haya encuadrado el homicidio que integra el concurso real de autos bajo la norma del art. 80 inc. 7 cuando a su entender no se probó la conexión subjetiva con otro delito que exige esa norma. En el segundo de sus planteos sostuvo que el Tribunal de Casación confirmó la condena impuesta a sus asistidos sin hacer una revisión integral del fallo, en contradicción con el principio reglado en el art. 8.2 "h" de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los precedentes de la Corte federal y esta Corte sin dar fundamento para ello.
En cuanto al encuadre jurídico, afirmó que el efectuado por ambas instancias precedentes es arbitrario por apartarse de constancias de la causa. Indicó que -por mayoría- el órgano intermedio estimó que el accionar de sus defendidos tuvo por objetivo asegurar la impunidad, no dándose ninguno de los supuestos del art. 165 del Código Penal (v. fs. 186 vta.).
Transcribió parte de los fundamentos con los que el tribunal revisor rechazó su intento de subsumir el hecho bajo la norma que sanciona el robo con homicidio resultante (art. 165, Cód. Penal). Criticó este criterio por entender que estuvo desprovisto de motivación. Por su parte afirmó que "...de manera alguna aparece el nexo o conexión final exigido [...] para la configuración del delito agravado del art. 80 inc. 7 CP" (fs. 187).
Añadió que "La conexión entre la acción típica con otro ilícito, no fue probada, menos aun si en la conciencia del autor estuvo presente positivamente el ánimo de procurar la impunidad mediante el homicidio" (fs. 187).
Dijo que la tesis de la defensa resulta apoyada por la descripción del hecho al señalarse que "...fue una vecina lindera [la que] pidió auxilio a su padre, siendo Julio Cesar Salvatier[ra] quien sale en defensa de su hija y resultando empleado de seguridad, el que recibió un disparo, luego de trabarse en lucha con uno de los sujetos y pudo doblegar al tenderlo al piso, pero luego de insistentes pedidos otro de los sujetos es el que dispara, pero allí no hubo en la conciencia de quien dispara procurar la impunidad a través del homicidio, que era pedido por otro sujeto, al ver el menor de edad tirado en el piso inmovilizado" (fs. 187, el subrayado figura en el original).
Reiteró que el Tribunal de Casación dictó una decisión arbitraria basada en afirmaciones dogmáticas y apartadas de la causa. Pidió que se la anule y se reenvíe la causa para el dictado de una nueva sentencia (v. fs. 187 vta.).
I.2. Coincido con el dictamen del señor Procurador General en que el agravio debe ser rechazado.
Para fundar el rechazo -por mayoría- del recurso de la defensa y mantener el encuadre que había establecido la primera instancia, la Casación indicó que "...los prevenidos concurrieron munidos de armas de fuego con potencialidad letal, en condiciones de disparar y con propósito de rapiña" (fs. 180 vta.), y que, en el trance de la consumación de dicho robo, "...dispararon contra quien quiso evitar el ilícito, en circunstancias que el vigilador privado ya tenía inmovilizado a uno de los partícipes. Esto, mientras otro de los codelincuentes condenados reclamaba al restante que matara [al] interventor, lo cual ocurrió cuando de seguida el portador del arma homicida la accionó hasta conseguir el resultado letal..." (fs. 180 vta.).
Descartó el Tribunal que la muerte fuera un resultado producido por culpa o imprudencia, como consecuencia de un acaecer preterintencional, o por la acción de terceros como ocurre como resultado de la represión, hipótesis que hubieran hecho aplicable el art. 165 del Código Penal (v. fs. cit.).
Resaltó que, en el caso, el copartícipe determinó al protagonista a realizar el resultado propio de la figura calificada (v. fs. 181).
La reseña de los fundamentos del fallo recurrido ya demuestra que no es exacto que el Tribunal de Casación no haya motivado su decisión, por lo demás coincidente con la de la primera instancia. Por el contrario, es la defensa la que dogmáticamente insiste en negar que haya existido conexión entre el robo y el homicidio cuando de su propio relato surge que este segundo delito se produjo cuando quien luego resultaría víctima del homicidio había inmovilizado a uno de los ladrones. En ese contexto, no explica la defensa la arbitrariedad reprochada cuando las dos instancias precedentes han considerado que los disparos que pusieron fin a la vida de Julio César Salvatierra estuvieron destinados a lograr la impunidad del robo que estaban perpetrando ante la resistencia de una de las víctimas o un tercero (art. 80 inc. 7, Cód. Penal).
Ha decidido reiteradamente esta Corte que la posible coexistencia en el acusado del propósito de defenderse frente a la reacción de la víctima, no obsta a la relevancia de la ultrafinalidad típica constatada que prevé la norma citada (causas P. 127.176, sent. de 27-XII-2017; P. 127.378, sent. de 28-III-2018 y P. 122.858, sent. de 19-IX-2018).
II.1. En el segundo de sus planteos la defensa afirmó que la sentencia que recurre es arbitraria por indebida fundamentación, al apartarse de los precedentes de esta Corte dictados en torno al punto objeto de la presente litis, sin brindar fundamentos pertinentes para ello, en vulneración de la defensa en juicio y debido proceso sustantivo, contenidos en el art. 18 de la Constitución nacional (v. fs. 187 vta. consta todo en negrita en el original).
Añadió que el tribunal de grado condenó a sus asistidos a la pena de prisión perpetua, valorando atenuantes y ninguna agravante, y luego la casación -por mayoría- "...revisó el contenido del injusto concreto , y determinó la aplicación de una pena fija, s[in] pronunciarse sobre lo planteado por esta defensa" (fs. 188, la cursiva figura en el original).
Indicó que "...abierta la jurisdicción de la Corte, requiero se tome en consideración el injusto del art. 165 CP, con absoluta falta de motivación..." (fs. 189, la cursiva figura en el original).
Luego de hacer consideraciones generales acerca del deber de los magistrados de fundar sus decisiones, volvió a referir al inadecuado contralor casatorio en el ámbito de determinación de la pena (v. fs. 189 vta.). Alude a la eventual afectación a la prohibición de la reformatio in peius a tenor de lo afirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Escudero, Maximiliano Daniel" (v. fs. cit.).
II.2. El agravio es manifiestamente improcedente.
Como lo indiqué al tratar la primera cuestión, no es exacto que la Casación no haya dado fundamentos para confirmar el encuadre jurídico que la primera instancia había dado al homicidio. Por consiguiente, carecen de base las aserciones según las cuales no se habría efectuado una revisión integral de los planteos en su momento llevados ante la Casación.
Dado que la norma del art. 80 inc. 7 prevé penas fijas, y en vista de que la impuesta en el caso es la menos gravosa de las dos alternativas posibles (prisión) no hay modo en que la eliminación de alguno de los otros delitos que integran el concurso real, o una ponderación diversa de las circunstancias atenuantes (art. 41, Cód. Penal) hubiera podido determinar una pena menor a la establecida en el fallo recurrido. Ello, a menos que triunfara el primero de los agravios sobre el cambio de la subsunción jurídica, cuya procedencia he descartado al tratar la primera cuestión.
En cuanto al precedente "Escudero" que cita la defensa (CSJN causa E.257.XXXIX.RHE, sent. de 10-IV-2007), estimo que su doctrina es inaplicable al presente. En ese caso, la Corte federal revocó una sentencia de esta Suprema Corte que había declarado inadmisible un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por cuanto la condena era inferior al mínimo que habilitaba ese recurso.
El Máximo Tribunal decidió que como la defensa había invocado que la Casación local había incorporado oficiosamente circunstancias agravantes y violado así la prohibición de la reformatio in pejus -garantía de alcance federal-, esta Corte debió haber hecho excepción a las reglas que limitan el acceso a la vía extraordinaria provincial (v. precedente citado: cons. 2-5 del voto de la mayoría).
Como se advierte, nada tiene que ver ese supuesto con el de autos.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Negri , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 496 y concs., CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
HECTOR NEGRI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
R. DANIEL MARTINEZ ASTORINO
Secretario
Fin de la sentencia