Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 133669
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 133.869, "Godoy, Paulino Ramón s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 90.107 del Tribunal de Casación Penal, Sala I", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan , Soria .
La Sala I del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el día 12 de febrero de 2019, rechazó el recurso homónimo interpuesto por la defensa oficial contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal n° 2 del Departamento Judicial de La Plata que condenó a Paulino Ramón Godoy a la pena de reclusión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de homicidio agravado por su comisión con alevosía y criminis causa en concurso real con abuso sexual con acceso carnal y en concurso real con robo (causa 4786/1741); tentativa de abuso sexual con acceso carnal y tentativa inidónea de homicidio criminis causa en concurso real (causa 4859/2702, hecho I) y abuso sexual con acceso carnal (causa 4859/2702, hecho II). Fue declarado reincidente por segunda vez y se ordenó el decomiso del revolver empleado en los hechos (arts. 55, 80 incs. 2 y 7, 119 tercer párr., 164, 42 y 50, Cód. Penal; v. fs. 151/177 con relación a fs. 73/96).
Frente a lo así resuelto, se alzó el señor defensor adjunto ante el Tribunal de Casación Penal, doctor José María Hernández, mediante la interposición del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 181/201 vta., que fue concedido por el Tribunal intermedio por resolución del día 27 de febrero de 2020 (v. fs. 204/208).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 241/251), dictada la providencia de autos (v. fs. 253) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El señor defensor adjunto de Casación planteó varios agravios en el recurso de inaplicabilidad de ley, y con relación a todos afirmó que el Tribunal de Casación había desestimado los reclamos ante esa instancia "...con una mera reiteración de las razones dadas..." por el órgano de juicio (v. fs. 185 vta.). Como se verá, ni esta genérica alegación ni las más específicas contenidas en la impugnación, sea sobre el derecho de fondo o sobre las alegadas infracciones procesales-constitucionales, podrán prosperar.
I.1. Para comenzar, el recurrente discutió los argumentos del Tribunal intermedio por los cuales fue desestimado el pedido de nulidad de la autopsia de la víctima Suzzi Elvira García Pérez por el hecho cometido entre la noche del día 7 y la mañana del día 8 de abril de 2014 (causa 4786/1741 por homicidio agravado por alevosía y criminis causa en concurso real con abuso sexual con acceso carnal y también en concurso real con robo). El reclamo se basó en la denuncia de infracción del derecho de defensa en juicio y el debido proceso al haberse realizado la diligencia sin notificación a la defensa, entre otros déficits formales (v. fs. 185 vta./186 vta.).
Sostuvo que no debió reprochársele que la objeción hubiera sido tardía como si se tratara de una nulidad relativa, cuando -en su criterio- se trató de una nulidad absoluta al no haberse notificado un acto que calificó de definitivo e irreproducible -inobservándose los arts. 247, 276 y concordantes del Código Procesal Penal-, lo que le impidió ejercer sus facultades de control, constitucionalmente garantizadas, razón por la cual -además- se opuso a su incorporación por lectura.
Agregó que el defecto señalado no quedó subsanado con la declaración en el debate del médico que practicó la cuestionada autopsia. Por lo tanto, entendiendo que se trató de una nulidad absoluta, afirmó que procedería su declaración de oficio en cualquier estado y grado del proceso, a la luz del art. 203 del Código citado.
El señor defensor también cuestionó que el reclamo hubiera sido descartado por insuficiente, ante la falta de demostración del perjuicio, pues en el recurso ordinario había explicitado claramente -dijo- que "...sin la diligencia de autopsia no se podría afirmar el mecanismo de producción de la muerte ni el orden de comisión de los delitos..." que sustentaron las agravantes del art. 80 incs. 2 y 7 del Código Penal.
I.2. Seguidamente, se agravió por la calificación de un fragmento del hecho de la causa 4859/2702, hecho I (tentativa inidónea de homicidio criminis causa ; v. fs. 186 vta./188).
Denunció la errónea aplicación del art. 44 in fine del Código de fondo a la acción imputada a Godoy de apuntar y gatillar con el revólver que llevaba a una de las funcionarias policiales que intervinieron cuando se acababa de cometer otro ilícito el día 29 de mayo de 2014 (en perjuicio de S. A. y otros). Según entendió, ese encuadramiento legal afectó el principio de lesividad (art. 19, Const. nac.) al haberse considerado como una clase de tentativa punible, cuando ese tramo de la conducta imputada no implicaba peligro de afectación o lesión a un bien jurídico en virtud de que el arma carecía del martillo y la aguja percutora.
Sostuvo que se trató de una tentativa inidónea, supuesto en el que el medio empleado -entre otros casos- es inidóneo ex ante , por lo cual nunca existió peligro para un bien jurídico y que, entonces, el hecho es atípico, a diferencia del delito imposible regulado en el art. 44 del Código de fondo que resulta punible porque ex ante el medio era idóneo y sí hubo peligro. Conforme su interpretación, la aplicación de dicha norma en este juicio no respetó el principio constitucional de lesividad.
A ello añadió que "...Godoy no estaba en condiciones de comenzar la ejecución de algún delito porque eligió un medio absolutamente inadecuado para producir el resultado" (fs. 187).
I.3. La siguiente petición atañe al ilícito que tuvo como víctima a D. A. el día 20 de mayo de 2014 (causa 4859/2702, hecho II por abuso sexual con acceso carnal; v. fs. 188/189).
Por un lado, atribuyó arbitrariedad y violaciones constitucionales al pronunciamiento del a quo porque, si bien se excluyó del complejo probatorio la denuncia ante la policía formulada por la damnificada (por aplicación de los parámetros establecidos en el caso "Benítez", CSJN Fallos: 329:5556), la Casación rechazó "...el planteo de nulidad de la pericia médica efectuada por la Dra. Bobadilla Inchausti en incumplimiento de las formalidades dispuestas para ese tipo de diligencias -y la consiguiente invalidez de la pericia de ADN realizada por el perito Lisando Laborde-..." con los mismos argumentos con que descartó la nulidad de la autopsia ya mencionada, esto es por la inoportunidad del planteo y la falta de demostración del perjuicio (v. fs. 188). Dijo el recurrente que se trató de una nulidad absoluta con relación a la cual no cabe discutir la oportunidad y que, además, quedó evidenciado el perjuicio.
Por otra parte, según la defensa, la comprobación de la materialidad ilícita y la autoría "...a pesar de las deficiencias probatorias infringe el derecho de defensa en juicio, el debido proceso, el principio de inocencia y configura arbitrariedad pues los elementos de prueba valorados lucen insuficientes para arribar a un estado de certeza respecto de sendos extremos..." (fs. 188 vta.). Consideró que sin la declaración de la "...pretensa damnificada no existe en autos hipótesis histórica, y la doctora, quien dijo que D. A. le habría aseverado haber sido víctima de un ataque contra su integridad sexual en oportunidad de realizarle el reconocimiento médico, simplemente no es testigo del hecho". Agregó que resulta inconsecuente, por un lado, descartar la versión brindada por la víctima en sede policial para salvaguardar el derecho de defensa en juicio, pero, por otro, valerse oblicuamente de dicha versión a través de la profesional en medicina otorgando a su testimonio "...superlativa entidad convictiva, no ya para corroborar la credibilidad de la denunciante, sino para erigir sobre ella la reconstrucción del hecho" (fs. 188 vta. y 189).
En cuanto a la autoría, alegó que se ponderó la pericia de ADN realizada con las muestras del hisopado realizado, cuya invalidez fue descartada con afirmaciones dogmáticas mediante las cuales el a quo atribuyó a la defensa una insuficiencia argumental en la demostración del perjuicio, "...cuando resulta ostensible que sin la obtención de las muestras de hisopado no hay prueba que respalde la versión de abuso sexual..." (fs. 189).
En todo ello fundó la denuncia de arbitrariedad, la violación del derecho a controlar la prueba de cargo y la quiebra del principio in dubio pro reo .
I.4. Con relación a la pena de reclusión impuesta afirmó que su aplicación se encuentra derogada o es inconstitucional (v. fs. 189). La derogación la infiere de las leyes que regularon la ejecución de las penas privativas de la libertad pues la uniformación del modo de cumplimiento importa, según lo entiende, la reducción a una única pena privativa de la libertad, la de prisión. Explicó que, tratándose de una ley complementaria del Código Penal, según su art. 229, deroga toda otra que se le oponga, incluyendo el art. 5 y los que son su consecuencia (v. fs. 193). Postuló que las diferencias establecidas en los arts. 10, 13, 24, 44 y 46 del Código Penal son un resabio del carácter infamante de la reclusión y que sostener la distinción implica discriminación, infracción del principio de igualdad, arbitrariedad y quebrantamiento del principio de humanidad de las penas (v. fs. 193 vta.; adviértase que al momento de deducirse el recurso el art. 10 de dicho Código ya no consagraba una diferencia entre las especies de pena).
Trajo en su respaldo el caso "Méndez" (CSJN causa M.447.XXXIX "Recurso de hecho. Méndez, Nancy Noemí s/ homicidio atenuado" -causa n° 862C-, sent. de 22-II-2005), y la regulación de la ley 26.200 de implementación del Estatuto de Roma en el derecho interno, que estableció la prisión como única pena.
En suma, postuló que la aplicación de la pena de reclusión, al encontrarse derogada, supone la infracción del principio de legalidad (v. fs. 194 vta.).
Por las mismas razones, pidió que en subsidio se declare su inconstitucionalidad.
I.5. Finalmente, se agravió por la consideración de las condenas anteriores como agravantes de la pena y simultáneamente como base para la declaración de reincidencia pues hacerlo violaría diversos principios (v. fs. 195/200 vta.): el non bis in idem , por un doble desvalor de los antecedentes que -según entiende- no es admisible según lo resuelto en el fallo "Gramajo" (CSJN Fallos: 329:3680) referido al art. 52 del Código Penal; el de culpabilidad, por tratarse de un reproche que excede la medida de la culpabilidad por el hecho del actual proceso, a la luz de lo decidido por el Tribunal federal (CSJN causa M.1022.XXXIX "Recurso de hecho. Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado -causa N 1174-", sent. de 7-XII-2005) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH caso Fermín Ramírez vs. Guatemala. Fondo, reparaciones y costas, sent. de 20-VI-2005, Serie C No. 126) pues cualquier referencia a la peligrosidad, por ser tributaria de un derecho penal de autor, es refractaria a la Ley Fundamental; y el in dubio pro reo , porque una mayor culpabilidad por un hecho anterior exigiría su acreditación en el caso concreto ya que de lo contrario se trataría de una ficción de mayor culpabilidad, lo cual sería una presunción inadmisible (v. fs. 194 vta./200 vta.).
II. El Tribunal de Casación trató los diversos planteos llevados por la defensa, de los cuales se hará referencia a los que interesen en función del contenido del recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la misma parte (v. fs. 151/177).
II.1. Acerca de la autopsia realizada sobre el cadáver de Suzzi García Pérez, víctima de homicidio agravado, abuso sexual con acceso carnal y robo, desestimó el pedido de nulidad fundado en la falta de notificación de la diligencia a la defensa. Consideró que la petición no fue introducida en la oportunidad procesal correspondiente, en tanto por tratarse de "...uno de los preliminares actos a desarrollarse en el proceso, su nulidad debió ser articulada durante la investigación penal preparatoria (art. 205 inc. 1, CPP), o en su defecto, en la oportunidad contemplada por el art. 338, sexto párrafo, inc. 2º, CPP)" (fs. 158).
Por otro lado, entendió que la invocación de la violación de garantías constitucionales era genérica de modo que no se demostraba la configuración de un caso previsto en el art. 203 del Código Procesal Penal, según el cual deben ser declaradas de oficio las nulidades que impliquen violación de garantías constitucionales siempre que se hubiere fundado la existencia de perjuicio.
Sobre esta última exigencia, el a quo encontró que el reclamo era injustificado ya que no se explicó qué excusas o defensas la parte se vio privada de oponer, y entendió que había existido ocasión de controlar el testimonio del doctor Camera, "...especialista que dio cuenta acerca de la causa y mecánica de la muerte de García Pérez..." (la pericia de autopsia no fue ingresada por lectura al juicio).
Adicionalmente, el Tribunal consideró no justificada la pretensión de que se trataba de un caso de anticipo extraordinario de prueba (art. 274, CPP).
II.2. A los fines de dar respuesta al agravio dirigido contra la calificación de un tramo del hecho tratado en la causa 4859/2702 (hecho I), se estableció que el acontecimiento consistió en que el acusado Godoy ingresó al domicilio de S. A. e intentó accederla carnalmente bajo amenazas de muerte a ella y a su hijo de nueve años de edad con un arma de fuego luego de atarlos y amordazarlos, y que al llegar la hermana de la primera -advertida de que algo sucedía en la casa- también la redujo y maniató. De seguido determinó que "Inmediatamente y ante el arribo de personal policial el sujeto es sorprendido e intenta darse a la fuga a bordo del ciclomotor marca Zanella de 50 cc. no sin antes apuntar a las funcionarias policiales y martillando, no produciéndose el disparo por razones ajenas a su voluntad. Tras ellos se arrojó sobre una de los efectivos a quien propinó golpes de puño, tras lo cual se dio a la fuga en la motocicleta, siendo aprehendido en inmediaciones del lugar..." (fs. 156 vta. y 157).
La Casación abordó el planteo de la parte según el cual "...por el estado que presentaba el arma utilizada, la conducta -calificada por el Tribunal de grado como constitutiva del delito de tentativa inidónea de homicidio criminis causae - resulta atípica...", debido a la incapacidad del medio para producir el resultado lesivo (v. fs. 165 vta.).
El a quo tomó en cuenta que, según la pericia balística, "...el revólver carecía del martillo y la aguja percutora, por lo que el resultado buscado con esa acción, la muerte de la víctima, no se iba a producir bajo ninguna circunstancia" (fs. 166) y confirmó que se trató de una tentativa inidónea, la que se configura cuando la acción se dirige a la realización de un tipo penal pero no puede alcanzar la consumación por inidoneidad del objeto, del medio o del sujeto. Agregó que la idoneidad debe ser juzgada ex ante , y explicó que la solución del art. 44 del Código de fondo de reducir la pena para el delito imposible o tentativa inidónea "...encuentra su razón de ser en el menor grado de injusto contenido en una conducta ilícita que, [...], al ser evaluada al momento de su concreción ('ex ante'), no tenía posibilidad alguna de consumación por la comprobada inidoneidad del medio utilizado" (fs. 166 vta.). Acerca del contenido de injusto, argumentó que "...es mayor cuando se lesiona al bien jurídico protegido (delito consumado) que cuando se lo pone en peligro (tentativa idónea) y éste a su vez implica mayor contenido injusto que cuando al bien jurídico sólo se lo perturba (tentativa inidónea)..." (fs. 166 vta. y 167).
Convalidó, entonces, que se trató de una tentativa inidónea punible "...por la falta de idoneidad del medio empleado ya que el arma carecía de los elementos indispensables para producir el disparo", a raíz de lo cual nunca habría podido llegar a la consumación. Con esta interpretación desechó que el hecho fuera atípico como se pretendía y sostuvo el encuadre en el art. 44 del Código Penal debido a que, por las características del arma utilizada, no resultaba que "...el medio empleado por el acusado por el cual intenta lograr su finalidad delictiva resulte completamente irracional y, por lo tanto, la conducta carente [ rectius : de] punibilidad" (fs. 167 y vta.).
En cuanto a si Godoy conocía las condiciones en que se hallaba el arma, es decir si "eligió" un medio inadecuado (lo que fue afirmado por la defensa), el a quo lo descartó en tanto quedó establecido que "...el acusado comenzó a presionar el gatillo de la pistola como respuesta al intento de los funcionarios policiales [ rectius : funcionarias policiales] de frustrar su escape. Ese comportamiento no resulta lógico si Godoy sabía que los disparos no se iban a producir".
Con sustento en la prueba testimonial producida, el Tribunal estableció que "...cuando Godoy salía de la casa con la moto, la funcionaria policial Liliana González intentó detenerlo, lo que generó que el acusado le apuntara con el arma de fuego y, a corta distancia, disparara contra la humanidad de la agente de policía -sin que efectivamente se produjeran los proyectiles-...", lo cual -afirmó- abastece el tipo subjetivo del delito de homicidio (v. fs. 167 vta. y 168).
II.3. En cuanto al reclamo de la defensa, referido al abuso sexual con acceso carnal del que resultó víctima D. A., el Tribunal de Casación entendió procedente parte del agravio y resolvió excluir del plexo probatorio la denuncia policial formulada por la nombrada, por considerarla incorrectamente ingresada por lectura al juicio. El revisor expresó, con cita del precedente "Benítez" ya citado, que en el veredicto se le dio "...un valor destacado a las expresiones de la víctima que no estuvo presente en el debate y que, por lo tanto, no pudieron ser controladas por la defensa", por lo cual no debieron ingresar al contradictorio oral (v. fs. 168/169).
Seguidamente, dado que la defensa alegaba que "...no tenemos a la víctima, que, en este caso, ante la falta de testigos, tira por tierra cualquier afirmación que podamos realizar en torno a la existencia misma de los hechos...", analizó si las restantes pruebas permitían obtener la certeza requerida para una condena. Su conclusión fue afirmativa en función de la valoración de las demás probanzas invocadas, a saber: el testimonio de "...Sara Bobadilla Inchausti -médica de la División Investigación de Delitos Contra la Integridad Sexual-, quien resultó ser la especialista que le realizó a la víctima el reconocimiento médico, y la pericia de ADN realizada por Lisandro Laborde -por medio de la cual, a través del estudio comparativo de las muestras obtenidas de la víctima A. (hisopados vaginales y recortes de bombacha) con las muestras sanguíneas de Godoy, se constató la coincidencia de perfiles genéticos-, a lo que se suma, el informe médico legal de fs. 15/17 -que fue reconocido por la doctora al serle exhibido durante la celebración del debate-...", con más el acta de inspección ocular y el croquis correspondiente incorporados por lectura (v. fs. 169 vta.).
El órgano intermedio rechazó los agravios sustentados en el art. 203 del Código Procesal Penal sobre la alegada invalidez de la pericia médica efectuada por la doctora Bobadilla Inchausti y el consecuente cotejo de ADN, respecto de los cuales la defensa había afirmado que su carácter de irrepetible y definitivo e
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